Una serie de muertes en una cárcel de Japón renovó la polémica sobre las violaciones de los derechos humanos de los presos en este país, denunciadas por organizaciones no gubernamentales pero ignoradas siempre por las autoridades.
Japón puede ser un líder en el mundo industrializado y democrático, pero su desempeño en materia de derechos humanos sólo podrá mejorar con presión internacional, afirmó el director del Centro para los Derechos de los Presos, Yuichi Kaido.
Esta organización no gubernamental con más de 700 miembros lleva a cabo desde hace años una campaña contra las prácticas crueles de los guardias en las cárceles japonesas.
El mes pasado, cinco guardias de la prisión de Nagoya, el lugar donde ocurren la mayoría de los casos de abuso, fueron detenidos por haber matado a golpes a un recluso de 30 años al que tenían atado.
En mayo había muerto otro preso de 49 años en circunstancias similares y en la misma cárcel.
Informes oficiales señalan que los dos reclusos estaban sujetos con una camisa de fuerza de cuero, usada con frecuencia en las cárceles japonesas. En el caso de mayo, el hombre murió de un ataque al corazón luego de ser golpeado durante dos horas.
Los medios de prensa también informaron sobre otras cinco muertes sospechosas en ese centro penitenciario.
El uso de la camisa de fuerza disminuyó en otras prisiones, pero en la cárcel de Nagoya aumentó de 53 casos en 2001 a 148 en lo que va de este año.
Akihiko Maeda, uno de los guardias detenidos por una de las muertes, dijo que la paliza propinada al recluso estaba justificada.
Activistas señalan que los prisioneros son aislados en celdas especiales cuando se los consideran revoltosos, intentan escapar o suicidarse. Los prisioneros sostienen que este sistema es arbitrario y se quejan de las duras reglas de las cárceles.
Un ex presidiario dijo a la prensa japonesa que los guardias tienen derecho a castigar a los reclusos por cualquier tipo de comportamiento que consideren sedicioso, como mirarse a la cara mientras comen, lo que está prohibido.
El uso de la camisa de fuerza ha sido criticado en más de una ocasión por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que lo considera cruel e inhumano.
De hecho, las víctimas señalan que la práctica es atroz.
Pensé que me iba a morir. Estaba decidido a no mostrar la menor señal de dolor cuando estaba sentado en la celda, pero entonces vinieron y me ajustaron el cinturón y las correas. Empezé a sudar y no podía respirar, contó un ex recluso a la prensa japonesa.
Kadio dijo que ex presos torturados comenzaron a demandar a las cárceles japonesas, a pesar de que sólo un promedio de cinco entre 70 casos tienen éxito.
El Tribunal del Distrito de Tokio falló en junio a favor de un estadounidense que pasó la noche en una celda solitaria atado con la camisa de fuerza en la prisión de Fuchu. El Tribunal señaló que el uso de la camisa era innecesaria.
Activistas piden una revisión completa del sistema carcelario japonés, porque no se ajusta a los cambios sociales en el país.
El respeto a los derechos humanos es una cuenta pendiente de Japón, dijo Kaido, quien propuso al Ministerio de Justicia que coloque cámaras de vídeo en las cárceles y permita que un organismo independiente vigile a los guardias las 24 horas.
Japón tiene 189 cárceles con unos 65.000 reclusos, 14,4 por ciento más de lo que su capacidad permite.
Koichi Kikuta, profesor de leyes en la Universidad de Meiji, dijo que la población carcelaria está creciendo rápidamente, y los reclusos de más de 60 años llegan a 10 por ciento del total.
El Ministerio de Justicia informó que 193 reclusos se enfermaron de tuberculosis entre 1997 y 2001, lo que estaría vinculado a la avanzada edad de los presos.
Los reclusos tampoco pueden recibir periódicos ni escribir más de una carta mensual a sus parientes, y se ponen muchos límites a la relación con sus abogados, denunció Kikuta.
Los activistas preparan una gran campaña de presión al gobierno con la ayuda de políticos de oposición y lograr así cambios drásticos en las cárceles.
Kaido está en contra de una nueva ley del gobierno de defensa de los derechos humanos que prevé la creación en el Ministerio de Justicia de un organismo especial, pues afirma que no se le dará la autoridad suficiente para castigar los abusos en las cárceles.
Si la ley se mantiene tal cual está, no hay esperanza de que pueda evitar violaciones a los derechos humanos, porque no podrá actuar de forma independiente. Las personas no tendrán confianza en esa ley, advirtió. (FIN/tra-eng/sk/aag/ral/rp/mlm/hd/02
