La oposición entregó este lunes a las autoridades electorales de Venezuela 1,5 millones de firmas de ciudadanos que solicitan una consulta popular para desalojar al presidente Hugo Chávez del gobierno.
Unas 10.000 personas acompañaron a dirigentes de la oposición hasta la céntrica sede del Consejo Nacional Electoral. La marcha partió de la plaza de Altamira, en el oriente de Caracas, donde oficiales sin mando de tropas permanecen desde el 22 de octubre, cuando se declararon en rebeldía.
Cientos de civiles se quedaron junto a los militares, quienes aseguraron que se mantendrán en desobediencia legítima al régimen hasta que Chávez renuncie, mientras jóvenes del partido derechista Primero Justicia encabezaron la protesta que recorrió unos ocho kilómetros de calles y avenidas de Caracas.
Grupos de partidarios de Chávez trataron de levantar barricadas ante el edificio del Consejo para evitar el arribo de la marcha opositora, pero la militarizada Guardia Nacional utilizó bombas de gases lacrimógenos para dispersarlos, con un saldo de varias personas heridas.
El vicepresidente José Vicente Rangel y otros líderes oficialistas desautorizaron públicamente a los que pretendían impedir la caminata, reconocieron su carácter democrático y suspendieron una contramarcha que partidarios del gobierno organizaban en el oeste de la capital venezolana.
La oposición a Chávez reúne a la Coordinadora Democrática, conformada por 34 partidos y grupos de la sociedad civil, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Fedecámaras, la principal asociación empresarial del país, y a jefes militares pasados a retiro por haberse sublevado contra Chávez en abril.
La entrega al Consejo de las firmas, que ocupaban 42 cajas, se produjo unas pocas horas antes de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, regresase por cuarta vez al país desde el 14 de abril, cuando Chávez recuperó el gobierno tras el frustrado golpe de estado en su contra.
Gaviria encabeza un grupo facilitador, conformado por el estadounidense Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que pretende sentar alrededor de una mesa de diálogo al gobierno y a la oposición.
La pregunta que la oposición solicita someter a referéndum consultivo es: ¿Está usted de acuerdo con solicitar al Presidente de la República que de manera inmediata renuncie voluntariamente a su cargo?.
No venimos a mendigar, venimos a exigir un derecho que tenemos en la Constitución, dijo el líder de Primero Justicia, Julio Borges, al presentar la propuesta al Consejo Nacional Electoral como la única salida a la crisis tan absolutamente inútil que vive Venezuela.
La oposición se basa en una disposición constitucional, según la cual las materias de interés nacional pueden ser sometidas a referéndum consultivo, cuyo mandato no es obligatorio, por iniciativa del presidente, del parlamento o de 10 por ciento de firmas del padrón electoral, que hoy contiene 11,7 millones de ciudadanos.
El oficialismo considera inconstitucional que se convoque a una consulta de este tipo para una materia que la Constitución encarga a otro tipo de referéndum, como es el revocatorio del mandato presidencial.
Para llamar a un referéndum revocatorio de mandato se precisan las firmas de 20 por ciento de los electores, un porcentaje que la oposición dice alcanzar, pero el mecanismo no puede activarse antes de que el presidente cumpla la mitad del lapso de gobierno de seis años, que en el caso de Chávez es el 19 de agosto de 2003.
Además, el referéndum revocatorio de mandato requiere del pronunciamiento en ese sentido de más electores de los que lo eligieron originalmente. Chávez fue elegido presidente en 2000 con más de 3,6 millones de votos.
La oposición sostuvo que agosto de 2003 es una fecha demasiado lejana para encarar la crisis y amenaza con convocar a una huelga general indefinida si se colocan obstáculos jurídicos o administrativos a su exigencia de referéndum consultivo o elecciones ya.
Chávez replicó en su programa radial semanal que una consulta no se puede imponer con una pistola en la cabeza, con la amenaza de que si no hay elecciones ya, quemamos el país. Las personas que plantean elecciones ya tienen que saber que para que eso sea posible hay que modificar la Constitución.
Las reformas a la Constitución debe hacerlas el parlamento y luego han de someterse a la aprobación popular mediante otro referéndum, agregó.
Mientras, el secretario general de la CTV, Manuel Cova, confirmó que, si no se atiende el pedido con las firmas consignadas para que se convoque el referendo consultivo, no nos queda más camino que la huelga general indefinida.
Alfredo Ramos, otro dirigente de la central obrera, advirtió que esa consulta popular no es negociable en la mesa de trabajo que organiza el grupo tripartito, dirigido por Gaviria.
Como el Consejo electoral dispone de un mes para revisar las firmas y la validez de la pregunta, antes de convocar la consulta para los siguientes 45 o 60 días, la oposición fijó el 4 de diciembre como fecha límite para entrar o no en lo que denomina desobediencia abierta.
Gaviria estimó el pasado jueves que las diferencias entre uno y otro referéndum no son demasiado grandes ni insalvables. Unos y otros aceptan que la salida es electoral, a la vez que criticó el estado de rebeldía de los militares de la plaza de Altamira.
Los oficiales disidentes, uniformados aunque sin armas, discrepan con la oposición civil que apuesta a la consulta electoral para desalojar a Chávez del poder y mantienen su exigencia de que el mandatario renuncie de inmediato.
El general Melvin López, inspector del Ejército, advirtió que los oficiales que proclaman su disidencia en la tribuna de la plaza de Altamira pueden ser declarados desertores. (FIN/IPS/hm/dm/ip/02
