Venezuela necesita una salida electoral convenida por el gobierno y la oposición, afirmó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, tras cuatro jornadas de áspero diálogo entre las partes en conflicto.
Hechos de violencia callejera en Caracas esta semana, con un saldo de dos muertos y 18 heridos de bala, y la salida de militares para patrullar la ciudad, agrandaron las diferencias en la Mesa de Negociación y Acuerdo, que reúne a seis representantes del presidente Hugo Chávez y a seis de la opositora Coordinadora Democrática.
La oposición pretende que Chávez abandone el poder, sin esperar a 2006, cuando vence el periodo constitucional. En función de ese objetivo realiza manbifestaciones y paros y en abril participó de un efímero golpe de estado.
Hace dos semanas exige someter a plebiscito el mandato de Chávez, y con ese objetivo organiza la cuarta huelga general en un año.
Pero Gaviria ve con optimismo la Mesa de Negociación y Acuerdo porque hay conciencia en los dos lados de que no hay salida a los problemas, por la polarización que se vive, si no es de común acuerdo. No hay salida que ninguna de las partes pueda imponer a la otra.
Las dos partes se necesitan, y este país lo que necesita es una salida electoral convenida por ellas, reiteró Gaviria, cabeza del grupo internacional tripartito que facilita el diálogo en Venezuela.
Los otros dos integrantes del grupo tripartito son el Centro Carter, del ex presidente estadounidense y premio Nobel de la Paz Jimmy Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La oposición pretende que Chávez coopere para realizar el plebiscito. Se preguntaría los votantes si están de acuerdo en pedir la renuncia del presidente, pero el oficialismo sostiene que la pregunta es inconstitucional y propone que sus adversarios esperen a que en agosto de 2003 puedan solicitar el revocamiento del mandato presidencial.
Según varias encuestas, Chávez, que ganó en 2000 con 60 por ciento de los sufragios válidos, conserva un apoyo electoral duro de 30 por ciento, pero más de la mitad de los venezolanos desean su salida.
Sin embargo, sus rivales mejor ubicados para una hipotética nueva elección presidencial no llegan ni a la mitad del apoyo que obtiene, por lo que el mandatario conserva la opción de triunfo frente a una oposición que se fragmentase en varias candidaturas.
El plebiscito puede efectuarse hacia febrero de 2003, y un previsible triunfo opositor -basta que el Sí a la renuncia le gane al No, sin importar el número de participantes- dejaría abierta la interrogante de la actitud del presidente ante ese resultado.
Un referendo revocatorio, en cambio, exige una participación de votantes de 25 por ciento y que los sufragios favorables a la salida de Chávez superen a los que éste alcanzó cuando fue elegido. Se trata de una cantidad de votos difícil de reunir, pues Chávez se impuso con casi 3,8 millones de sufragios en un universo de 11 millones, y con alta abstención.
Entre los extremos propuestos comienzan a insinuarse fórmulas como la de una reforma constitucional, que una vez redactada debe someterse a referendo, para adelantar las elecciones generales a a fines de 2003.
Hacia una fórmula de ese tipo pareciera apuntar Gaviria cuando insiste en una salida electoral negociada, pero va a contramano de la exigencia de solución rápida a la crisis que maneja el bloque opositor de la Coordinadora (34 partidos y grupos) y las principales centrales obrera y patronal.
A la oposición se han sumado decenas de militares que participaron del golpe de abril y ya no tienen mando de tropas. Están instalados desde el 22 de octubre en una plaza de Caracas, donde son acompañados por centenares de partidarios civiles y llaman al resto de la Fuerza Armada a declararse en desobediencia legítima ante el régimen.
El bloque opositor calificó de despliegue intimidatorio las patrullas del ejército y de la Guardia Nacional (policía militarizada) que recorren algunas avenidas de la ciudad desde la tarde del miércoles, y el portavoz Américo Martín aseguró que esa militarización introduce elementos explosivos en la situación.
Un camión de la Guardia Nacional con 12 efectivos pasó la noche del miércoles junto a la plaza donde están los militares disidentes y decenas de civiles se cruzaron en su camino, pero continuó después que intervino el general Enrique Medina, líder de los alzados.
La ministra de Trabajo, María Iglesias, portavoz de la delegación oficialista en la Mesa de diálogo, indicó que con las patrullas simplemente se está garantizando el orden público, para que la situación de la Policía Metropolitana no perjudique la seguridad y no haya más muertos.
La Policía Metropolitana de Caracas (9.000 efectivos), que está al mando del alcalde mayor Alfredo Peña, opositor de Chávez, vive un conflicto laboral que llevó a una veintena de agentes a bloquear algunos accesos de la sede de la alcaldía, desde hace un mes, para exigir que las autoridades municipales negocien sus reclamos salariales.
El martes, mientras Peña se reunía con responsables de la Coordinadora Democrática, un grupo de agentes y de sus familiares terminó de bloquear los accesos para exigir la presencia del alcalde, pero unidades de élite de la Policía Metropolitana los desalojaron con granadas lacrimógenas y disparo de perdigones.
La acción encendió la mecha de enfrentamientos en el centro de la ciudad durante horas, entre grupos de civiles y la Policía Metropolitana, con saldo de 20 heridos de bala, de los cuales dos fallecieron posteriormente, y un aumento de la crispación política que alcanzó a la Mesa negociadora gobierno-oposición.
Gaviria condenó los hechos -sin atribuir culpas-, vio la oportunidad de producir un primer documento de acuerdo entre gobierno y oposición, y propuso una declaración conjunta para condenar todos los hechos de violencia que aviven el conflicto.
La representación del gobierno aceptó la propuesta de inmediato, pero la oposición se negó a suscribir la declaración hasta tanto se analice la situación creada por las patrullas militares que, a su juicio, violan disposiciones constitucionales, según dijo Martín.
Los alcaldes opositores de varios municipios de Caracas anunciaron que sus policías desatenderán un pedido castrense de coordinar patrullas con las unidades militares, pues esa decisión invadiría la autonomía de sus jurisdicciones.
El general Jorge García, jefe militar de Caracas, considerado un pilar de Chávez dentro de la Fuerza Armada, desestimó las críticas. Simplemente les avisamos a los municipios que en resguardo de la seguridad y el orden público hacemos patrullaje, comentó.
Si quieren, pregúntenle a los caraqueños su opinión sobre la presencia de nuestros efectivos en las calles, desafíó García, en evidente alusión al continuo reclamo popular de más seguridad frente al hampa.
Caracas es una de las ciudades más inseguras de América Latina, y cada fin de semana son asesinadas entre 20 y 30 personas, muchas de ellas por asaltantes.
Entretanto, portavoces del oficialismo y de la oposición han dicho que, pase lo que pase, se mantendrán en la Mesa de Negociación.
Aunque la oposición exigió resultados antes del 4 de diciembre o en su defecto irá a una huelga general para pedir ya no un referendo sino directamente la renuncia de Chávez. (FIN/IPS/hm/ff/ip/02
