La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó su último periodo de sesiones del año sin haber resuelto aún los graves problemas económicos que amenazan con hacer colapsar ese sistema de justicia.
El presupuesto anual de este tribunal americano, con sede en San José de Costa Rica, de 1,3 millones de dólares sólo le permite sesionar cuatro veces al año, cuando la cantidad de casos que debe abordar indica que debería ser de carácter permanente.
El aumento de causas, la financiación insuficiente y la falta de voluntad política y reconocimiento de los aportes del tribunal a la democracia en América Latina explican en algo las penurias por las que atraviesa el sistema, según el abogado costarricense y experto en derechos humanos Jaime Ordoñez.
El presidente de la Corte, el brasileño Antonio Cançado, le reclamó el 16 de octubre al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), foro al que pertenece la Corte, mayores recursos para atender las demandas con que debe cumplir el máximo tribunal del continente.
La OEA, en respuesta a ese pedido, le asignó una partida adicional de 600.000 dólares, aunque ese dinero deber ser empleado sólo en obras de infraestructura y no para el estudio y desarrollo de los casos.
Otro miembro de la Corte, que pidió no ser identificado, explicó a IPS que esos 600.000 dólares apenas alcanzan para construir una sala de sesiones y otra para audiencias.
Gracias a gestiones de Brasil, Costra Rica, El Salvador, Guatemala y Perú se obtuvieron los 600.000 dólares provenientes de las cuotas atrasadas de Estados Unidos, pero este país pidió que el dinero fuera invertido en infraestructura, lo cual no soluciona en el fondo las necesidades de la Corte, afirmó.
Las reformas del reglamento de la Corte aprobadas en 2001 no sólo agilizaron la apertura de causas, lo cual evita su acumulación, sino que le permite a los demandantes participar directamente en los juicios, lo que obliga al tribunal a disponer de espacios más confortables.
La Corte, cuyos fallos son de acatamiento obligatorio para los países miembro de la OEA, cumple desde el 18 de este mes y hasta el día 30 con el último periodo de sesiones del año.
En las deliberaciones encabezados por Cançado participan todos sus integrantes, Alirio Abreu, de Venezuela, Hernán Salgado, de Ecuador, Oliver Jackman, de Barbados, Máximo Pacheco, de Chile, Sergio García, de México, y Carlos Vicente de Roux, de Colombia.
Uno de los casos que se examinan en este cuarto periodo es el caratulado Palmeras versus Colombia, por la ejecución extrajudicial de seis personas en el meridional departamento de Putuyamo, que ya se encuentra en la fase de reparaciones al haber sido condenado como responsable el estado colombiano.
El otro litigio en trámite es el reclamo del empresario argentino José María Cantos por haber sido despojado de los documentos de propiedad de sus compañías y condenado, después de demandar al Estado, por la Corte Suprema de Justicia de su país al pago de 140.000 dólares.
Los hechos que motivaron la demanda ocurrieron en 1982 en Argentina, un año antes de finalizara la dictadura militar iniciada con el golpe de Estado de 1976.
La Corte teme que el sistema pueda colapsar si no se mejora el presupuesto actual de 1,3 millones de dólares anuales, porque cada vez hay más casos que atender, siendo el promedio actual de entre 20 y 25 demandas en curso que consumen unos 26 meses de trabajo cada una.
El tribunal con sede en San José comenzó sus labores en 1979 y a la fecha ha resuelto 47 contenciosos con 95 condenas y ha elaborado 18 opiniones jurídicas consultivas.
A la OEA se le planteó la posibilidad de que el sistema se instale al menos semipermanente en 2004 y para ello tiene que disponer de un presupuesto anual de 6,5 millones de dólares. Creemos que eso no es inalcanzable si existe voluntad política, comentó un portavoz de la entidad.
Jaime Ordoñez, director de la cátedra de Teoría del Estado en la estatal Universidad de Costa Rica, manifestó a IPS que es evidente la falta de voluntad política de los gobiernos para reconocer el aporte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al fortalecimiento de la democracia en América Latina.
El apoyo de la Corte resultó decisivo para la restauración de la democracia en Perú, tras la destitución por el Congreso del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), aseveró.
El experto resaltó que durante la presidencia de Cançado se han producido resoluciones de gran impacto para la democracia latinoamericana y que han influido en la custodia de los derechos humanos, sociales y culturales de diferentes grupos.
Una solución al problema de financiación de la Corte sería el aumento de 10 por ciento de aportes de cada país de la OEA para el sistema interamericano, conformado también por la Comisión de Derechos Humanos, con sede en Washington, encargada de presentar los casos ante la Corte, apuntó.
Ordoñez precisó que en 2001 participó en la redacción del proyecto presentado por Costa Rica ante la OEA por el cual se pretendía un mayor respaldo para la Corte, así como mecanismos más expeditos en la resolución de los casos.
Procurábamos procedimientos más acelerados, que se discutieran varios casos a la vez y el establecimiento de una estrategia para conseguir recursos para financiar el sistema, indicó, tras informar que la iniciativa todavía está en estudio.
Tras 23 años de funcionamiento y luego de probar su aporte al sistema de los derechos humanos en América Latina, la Corte clama por más recursos, con el fin de brindarle una respuesta más ágil y justa a las víctimas. (FIN/IPS/jem/dm/hd/02
