La guerra civil de Colombia se extiende cada vez más a las ciudades, pero la actual violencia urbana no alcanza la intensidad de hace una década, cuando el narcotraficante cartel de Medellín lanzó una ofensiva contra el Estado.
Ataques explosivos y secuestros en Bogotá, Medellín, Cali y las otrora pacíficas ciudades de la septentrional región del Caribe parecen indicar un creciente avance de la guerra hacia los centros urbanos.
La violencia urbana constituyó 70 por ciento del total de acciones armadas del último quinquenio, que provocaron pérdidas empresariales de 67 por ciento y una caída de las ventas de 50 por ciento, señala un estudio de la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras).
Aunque hay una percepción generalizada de que el conflicto entre el gobierno y las guerrillas de izquierda y los paramilitares de derecha se está trasladando a las ciudades, cifras oficiales indican que la violencia urbana se manifestó con más intensidad en la década pasada.
De acuerdo a un estudio del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, en lo que va de este año se registraron 1.200 atentados urbanos, mientras fueron 1.500 en 1991 y 1.700 en 1992.
En efecto, esos años fueron en Colombia los de mayor terror urbano, accionado por el cartel de Medellín, la banda de traficantes de cocaína comandada por Pablo Escobar, muerto en diciembre de 1993.
Algunos de sus métodos, como el estallido de bombas y otros explosivos en sitios de gran concurrencia de público, son replicados ahora por los frentes urbanos de la guerrilla.
Autoridades y medios de comunicación tienden a señalar a la insurgencia de izquierda como el principal actor de la nueva escalada urbana, soslayando la avanzada de los paramilitares, dijo a IPS el analista León Valencia.
Valencia subrayó el caso del oriental puerto fluvial y petrolero de Barrancabermeja, en el río Magdalena Medio, durante dos décadas bajo la influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y ahora controlada por los paramilitares.
La transición se produjo tras un operativo de exterminio de presuntos colaboradores de la guerrilla, con un saldo de más de 500 homicidios en 1999.
En 2001 Barrancabermeja fue tomada como territorio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al punto que se construyó un parque con una placa en homenaje a Fidel Castaño, hermano del actual jefe paramilitar Carlos Castaño, clausurada no sin escándalo por la alcaldía.
La preocupación por el presunto avance del plan de las FARC, el principal grupo armado, de tomar las ciudades, anunciado el año pasado por su jefe militar Jorge Briceño, se ahondó a raíz del ataque con misiles contra la sede del gobierno en Bogotá durante la asunción, el 7 de agosto, del presidente Alvaro Uribe.
El atentado dejó 12 muertos y decenas de heridos en El Cartucho, una zona céntrica donde se refugian indigentes.
El debate se reavivó en octubre, cuando el ejército y la policía tomaron la Comuna 13, un distrito de vecindarios de clase media y baja de la noroccidental ciudad de Medellín, controlado por las milicias urbanas de las FARC.
Estas milicias, a su vez, habían disputado la zona al llamado bloque metro de las paramilitares AUC, que de acuerdo a algunos especialistas están presentes en 70 por ciento de los vecindarios de Medellín, la segunda ciudad del país, y han tomado antiguos bastiones urbanos de la guerrilla.
El director de la policía, Teodoro Campo, señaló el 27 de este mes que el origen de la militarización ilícita de los barrios de Medellín se vincula a las antiguas bandas de sicarios del desarticulado cartel de Escobar.
Campo era comandante militar del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, cuando el Estado declaró la guerra a Escobar y a su organización de contrabando de cocaína.
En dos años y medio 570 oficiales policiales fueron asesinados por los sicarios del narcotráfico, y la colaboración de las autoridades civiles locales y la sociedad con la policía no era tan consistente y radical como ahora, sostuvo Campo en un foro sobre la cara urbana del conflicto armado.
El foro, convocado por Confecámaras, el diario El Tiempo, su canal de televisión CityTV y la radio y televisora Caracol, fue clausurado por Uribe, quien defendió su programa de crear redes de informantes que apoyen a las autoridades.
Uribe sostuvo que la cooperación ciudadana es obligatoria y que su gobierno quiere conseguirla de manera voluntaria.
Con frecuencia se plantea la polémica a propósito de acciones puntuales de los grupos armados pero desprovista del contexto histórico, apuntó el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.
El jurista recordó, por ejemplo, el avance del ELN sobre algunas ciudades en los años 60 y el surgimiento posterior del Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla de origen urbano que fracasó en sus intentos de pasar al ámbito rural, y finalmente depuso las armas en 1990.
Los 20.000 rebeldes que se atribuyen a las FARC, los 5.000 del ELN y los 12.000 de las AUC, tienen sus bases en campamentos rurales, aseveró Gallón.
Además de Bogotá y Medellín, la violencia urbana se concentra asimismo en la occidental ciudad de Cali, una zona de desarrollo agroindustrial con mayor presencia de empresas transnacionales, y las septentrionales ciudades de la región del Caribe.
A fines de este mes las autoridades anunciaron la creación de un batallón de alta montaña en los farallones de Cali, la tercera ciudad del país, para enfrentar la práctica de secuestros masivos, que cometen tanto las FARC como el ELN.
Los atentados que dejan muertos y heridos en Barraquilla, Cartagena y Santa Marta, tradicionales puertos y balnearios del Caribe, señalan la fuerte presencia de organizaciones paramilitares en una zona considerada hasta hace poco una isla de tranquilidad en medio del conflicto colombiano.
El alcalde de Cali, John Rodríguez, y su par de Bogotá, Antanas Mockus, estimaron que no puede afirmarse en forma contundente que la guerrilla hizo pie en sus ciudades, sino que incursiona y sale, y con frecuencia los ejecutores de las acciones no son de origen local.
Mockus arguyó que la disminución de los homicidios en la capital durante la última década obedece a una política integral de distintas administraciones, centrada en planes de seguridad y convivencia ciudadana destinados a deslegitimar la violencia venga de donde venga.
Aunque el alcalde capitalino reconoció los riesgos de que los rebeldes establezcan zonas de control en Bogotá, aseguró que no hay ningún vecindario donde no puedan entrar dos policías en una motocicleta, como ocurre en otros lugares.
Los gobernantes locales minimizan conscientemente el riesgo porque aceptarlo es admitir que sus políticas no funcionan, pero es evidente que la tendencia de los grupos armados es avanzar sobre los centros urbanos, apuntó Valencia. (FIN/IPS/yf/dcl/ip/02
