Alvaro Uribe logró en sus primeros 100 días de gobierno de Colombia recuperar la confianza en la figura presidencial, aunque no mejoró la situación económica ni la crisis social.
La popularidad de Uribe que registran las encuestas pasó de 69 por ciento cuando asumió el 7 de agosto, a 74 por ciento al cumplir 100 días de mandato.
Esa imagen se debe al manejo austero, al intenso ritmo de trabajo que imprimió a su administración y a las medidas de seguridad que adoptó en cumplimiento de sus promesas electorales: mando dura para frenar la escalada de violencia impuesta por grupos armados de izquierda y de derecha, señalan algunos analistas.
Según la mayoría de los encuestados por la firma Gallup, Uribe se ganó una opinión favorable con su política de reemplazar viajes por teleconferencias, reducir ministerios y embajadas y combatir el exceso de burocracia.
También cuenta a su favor la práctica de celebrar consejos de gobierno comunitarios en distintas regiones del país a las que se traslada con el gabinete para atender directamente los problemas de los pobladores.
Tras la escalada de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la primera mitad de este año, sus acciones se encuentran casi en una virtual tregua.
Según la Fundación País Libre, en septiembre se registró el menor número de secuestros de los últimos cinco años.
Sin embargo, el lunes fue secuestrado el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y arzobispo de Zipaquirá, Jorge Jiménez, y la guerrilla mantiene cautivas a 900 personas, algunas desde hace cinco años.
En materia económica, Uribe se dedicó a poner en marcha un paquete de reformas estructurales para reducir el déficit fiscal, abatir el desempleo de 18 por ciento y recuperar la confianza de los inversores.
El país que recibió Uribe tiene un déficit fiscal de 4,1 por ciento y una inflación prevista para este año de seis por ciento. En 44 millones de habitantes, 24 millones son pobres y nueve millones son indigentes.
No obstante, representantes de bancos internacionales y firmas calificadoras de riesgo, como JP Morgan, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank y Standard & Poors, apuntaron que en medio de la compleja situación latinoamerciana, el presidente pasa por un buen momento de popularidad, que debe aprovechar.
Según estimaciones, el producto interno bruto (PIB) crecerá 1,6 por ciento este año y el déficit fiscal concluirá en cuatro por ciento. Algunos analistas señalan signos de reactivación, sobre todo en el sector de la construcción.
Eduardo Jaramillo, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, dijo que en el primer semestre del año las licencias de obras aprobadas aumentaron 58,6 por ciento.
Los cien primeros días del presidente marcan un cambio de estilo profundo que irradia optimismo y confianza en el futuro y, una dinámica muy importante en la búsqueda de solución a los problemas apremiantes, opinó Jaramillo.
A su juicio, los subsidios para viviendas de interés social, otorgados a familias con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos o 520 dólares, son las primeras medidas que se expiden en materia económica en el país y demuestran el interés en ayudar a la construcción.
Otro factor reactivador que subrayan algunos empresarios es la ampliación por cuatro años de la ley estadounidense de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de Drogas (Atpdea) que permitirá exportar productos a Estados Unidos libres de aranceles.
Sin embargo, la sensación de seguridad que el gobierno ha procurado mediante la implantación del estado de conmoción interior podría desbaratarse a mediano plazo si detona una crisis social por la profundización de la pobreza, estimó el docente de Ciencia Política de la Universidad Nacional, Luis Valencia.
La dimensión del deterioro social del país, que se expresa en índices de pobreza, mortalidad, desempleo, subempleo y en el desplazamiento que deja la confrontación armada, tiene causas estructurales que difícilmente podrá enfrentar Uribe, dijo Valencia a IPS.
En 1990, la población ubicada en la cúspide de la pirámide de ingresos, equivalente a 10 por ciento de los colombianos, percibía ingresos 40 veces mayores que la décima parte más pobre. Esa relación se ensanchó a 60 veces en 2000, según el gubernamental Departamento Nacional de Planeación.
En Colombia hay más pobres que nunca antes en buena medida porque los niveles de quienes tienen ingresos más altos crecieron más rápido que el ingreso nacional y que el ingreso de los pobres, explicó el representante del Banco Mundial en el país, Alberto Chueca.
El conflicto armado afecta la actividad productiva y la generación de empleo, y obliga a destinar grandes recursos a la seguridad, que podrían volcarse a inversiones sociales, señalan especialistas.
Según Valencia, Uribe apunta a una política social localizada en centros neurálgicos del conflicto, en lugar de cambios macroeconómicos, lo que puede llevar al estallido de la crisis social.
Su política económica gira alrededor de dos ejes: vivienda y educación, en los cuales puede mostrar resultados inmediatos, pero necesita recursos, así que deberá negociar con el Fondo Monetario Internacional y aplicar nuevos impuestos, sostuvo Valencia.
De acuerdo a Uribe, Colombia necesita invertir 1.000 millones de dólares más en defensa y seguridad, que nadie sabe de dónde saldrán. El país ya destina casi 3.100 millones de dólares a defensa, que representan 3,3 del PIB. (FIN/IPS/yf/dcl/ip/02
