El Estado uruguayo asumirá la responsabilidad por las muerte de 26 personas a manos de la dictadura militar (1973-1984), aseguraron los miembros de la Comisión para la Paz, creada por el presidente Jorge Batlle para investigar el destino de los desaparecidos.
La Comisión para la Paz presentó el miércoles a la prensa su informe preliminar tras dos años de actividad y de recibir colaboración de militares, señaló su portavoz, Carlos Ramela.
Todas las personas que hablaron demostraron respeto por este tema y se percibió una actitud de dolor por circunstancias que obviamente nadie puede creer favorables, afirmó Ramela, tras señalar que nadie está orgulloso de lo que pasó en Uruguay en la época de la dictadura.
La Comisión recibió un total de 39 denuncias de personas presuntamente desaparecidas en Uruguay, pero sólo pudo aclarar el destino de 26. La mayoría murieron por tortura en centros clandestinos de detención y en algunos casos como consecuencia directa de actos y acciones tendentes a provocar su muerte.
Entre estos casos excepcionales se destaca el de Elena Quinteros, una maestra militante de una organización radical de izquierda que fue asesinada en noviembre de 1976 luego de ser arrebatada por los militares del predio de la embajada de Venezuela, donde procuraba refugiarse.
Juan Carlos Blanco, canciller uruguayo durante la dictadura, fue procesado el 18 de este mes con prisión por la desaparición forzada de Quinteros. Este procesamiento fue el primero por delitos contra la humanidad cometidos durante el régimen de facto.
Dentro de un mes, la Comisión entregará su informe final, en el que además se incluirá información sobre el paradero de los cuerpos de los desaparecidos y sugerencias al gobierno para mantener una estructura institucional que siga recibiendo información sobre estos casos, dijo Ramela.
Por otra parte, la Comisión para la Paz también logró individualizar los cuerpos de 13 víctimas de la represión que fueron enterrados en tumbas sin identificación en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y confirmó 41 denuncias de uruguayos que murieron por torturas en centros de detención argentinos.
Sobre el destino de los cuerpos, Ramela indicó que dará a conocer sus conclusiones luego de dialogar con representantes de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
Es un tema tan sensible y delicado para los familiares, que siempre les dijimos que antes que nada lo íbamos a conversar con ellos y mostrarles por qué llegamos a determinadas conclusiones. Esa etapa se va cumplir en las próximas semanas, dijo Ramela.
Medios de prensa informaron esta semana que la Comisión para la Paz había llegado a la conclusión de que los cuerpos de la mayoría de los desaparecidos fueron cremados y sus cenizas lanzadas al Río de la Plata, pero la asociación rechaza esta información.
Es una de las tantas versiones interesadas para que sea aceptada por la opinión pública, aunque no hay elementos para sostenerla. Se trata solamente de una maniobra, una jugada de un grupo de fuerza, dijo a IPS el portavoz de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Javier Miranda.
El portavoz, hijo del desaparecido Fernando Miranda, quien según la Comisión para la Paz murió en diciembre de 1975, dijo que si se declara muertas a las víctimas de la dictadura no se podría condenar a eventuales imputados, porque los expedientes cambiarían de carátula, pasando de desaparición a homicidio simple, un delito que ya prescribió.
La doctrina del delito permanente en casos de desaparición forzada de personas está contemplada en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), de la que Uruguay es parte.
Lo que se busca es que haya una declaración de muerte de los desaparecidos para que proscriba el delito y se pueda frenar los procesos judiciales, añadió.
En 1989 se aprobó por plebiscito una ley de amnistía en favor de militares y policías que participaron en la represión.
Mientras, Ramela informó que se considera parcialmente aclarado el caso de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
La Comisión tiene elementos de convicción suficientes para entender que fue traída a Uruguay, estuvo detenida en Uruguay y que tuvo una hija en Uruguay, pero no hemos podido aclarar algunas contradicciones en cuanto a cuál fue su destino final, señaló Ramela.
La nieta de Gelman fue identificada en Montevideo por el gobierno antes de que fuera creada la Comisión para la Paz, y el propio Batlle, que llevaba entonces sólo 15 días en el gobierno, convocó al poeta para entregarle la información.
La Comisión para la Paz recibió 32 denuncias referidas a hijos de personas desaparecidas, pero sólo aclaró una.
Se trata de Simón Riquelo, hijo de los militantes izquierdistas uruguayos Mauricio Gatti y Sara Méndez, que fue secuestrado en 1976 en Buenos Aires por militares cuando tenía apenas 20 días.
Simón Riquelo fue localizado en marzo en Buenos Aires, donde vive con una familia argentina que lo adoptó.
Miranda dijo a IPS que la asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos destaca como muy positiva la tarea hecha por la Comisión, aunque considera que van a quedar muchos casos pendientes, en particular en Argentina.
La Comisión para la Paz es partidiaria de que se legisle para declarar muertos a los desaparecidos, en tanto que los familiares prefieren hablar de ausencia por desaparición forzosa.
Miranda señaló que habló con Ramela sobre esta diferencia, pero subrayó que la legislación no es competencia de la Comisión, sino que será un problema del Poder Legislativo. Agregó que el debate está instalado en los medios de comunicación, pero no en las relaciones entre la Comisión y la asociación.
La Comisión para la Paz, que terminará su trabajo en diciembre, fue creada por Batlle hace dos años ante el insistente reclamo de esclarecimiento del destino de los uruguayos desaparecidos en el país y en el exterior, que según las organizaciones de derechos humanos son casi 160.
El grupo está integrado por Ramela, delegado del gobierno, el abogado Gonzalo Fernández, del izquierdista Encuentro Progresista- Frente Amplio, el líder histórico de la central sindical única PIT- CNT, José D'Elía, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, el sacerdote Jorge Osorio y el historiador José Claudio Williman.
El informe preliminar fue aprobado por todos los integrantes de la Comisión, aunque hubo matices de opinión en lo relativo al esperado impacto del documento en la sociedad.
Cotugno sostuvo que este primer resultado de las investigaciones es un granito de arena que contribuirá a alcanzar el estado del alma que el presidente Batlle desea para la sociedad uruguaya.
Mientras, Fernández se mostró más cauto y afirmó que habrá que esperar el informe final. (FIN/IPS/rp/hd/02
