Una comisión del Senado de Australia recomendó una investigación judicial sobre el naufragio de un barco hace un año que costó la vida a 353 refugiados, para determinar si el gobierno fue responsable del episodio.
Sin embargo, la solicitud de tal investigación queda a discreción del primer ministro John Howard, que se ha esforzado hasta ahora por deslindar toda responsabilidad de su administración en la tragedia y mantiene una línea dura contra la inmigración.
Desde el hundimiento del buque procedente de Indonesia, el 19 de octubre de 2001, se produjo una polémica sobre la falta de investigación y de esfuerzos de rescate de las Fuerzas Armadas australianas.
Además, surgieron acusaciones sobre un sabotaje contra la nave luego de que el ministro de Inmigración Philip Ruddock destacara en marzo que la política oficial de desbaratar físicamente las actividades de los traficantes de personas había logrado la disminución de la llegada de barcos con solicitantes de asilo a costas australianas.
El primer ministro Howard afirmó que el barco se había hundido en aguas de Indonesia, en cuyo caso las autoridades australianas quedaban exoneradas de todas responsabilidad por el desastre.
Sin embargo, la comisión investigadora del Senado -formada para investigar otro episodio relacionado con refugiados- determinó en su informe del miércoles que el buque se hundió en aguas internacionales y dentro de la zona de búsqueda y rescate patrullada por la armada australiana.
El SIEV-X, como identifican las Fuerzas Armadas australianas a la embarcación, se hundió en su trayecto desde Indonesia hasta la isla Christmas, en el norte de Australia. Sólo 44 de las personas que se hallaban a bordo sobrevivieron.
SIEV son las siglas en inglés de Embarcación Sospechosa de Ingreso Ilegal (a aguas australianas). Así se denomina, en especial, a los buques cargados de refugiados que tratan de ingresar al país.
El SIEV-X era una precaria embarcación de madera de 19 metros de largo, y se dirigía a la australiana Isla Christmas, ubicada en el océano Indico y más cercana a las costas indonesias que al resto del país, sobrecargada con casi 400 pasajeros iraquíes, afganos, palestinos y argelinos.
De las personas ahogadas hace un año, 150 era niños. Pasaron 21 horas antes de que los 44 sobrevivientes recibieran ayuda de un pesquero indonesio, pese a que la marina de guerra tenía órdenes de vigilar en forma continua la región, para evitar el ingreso de refugiados.
La marina de guerra admitió haber recibido seis informes de Inteligencia sobre el SIEV-X antes de que se hundiera, y conocer que estaba en muy malas condiciones para navegar, pero no lo interceptó.
En el centro de la polémica están las operaciones realizadas por agencias gubernamentales australianas en Indonesia para impedir la partida de hacia este país de barcos con futuros solicitantes de asilo.
Esos organismos son la Policía Federal, el Departamento de Asuntos de Inmigración, Multiculturales e Indígenas, y el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio.
El programa de televisión Sunday del Canal Nueve, que investigó el caso, reveló que un australiano residente en Indonesia, Kevin Enniss, recibió 13.000 dólares de la Policía Federal australiana por su labor de informante, mientras se desempeñaba como traficante de personas.
Fuera de cámaras, Enniss se jactó de haber pagado a cómplices indonesios para que sabotearan barcos con el fin de impedir que partieran hacia Australia, aunque insistió en que eso siempre se hizo cerca de la costa, para evitar muertes.
Aunque funcionarios de Canberra negaron insistentemente cualquier participación directa en el sabotaje de embarcaciones, muchas preguntas quedaron sin respuesta tras la publicación del informe de la comisión, el miércoles por la noche.
La comisión no encontró pruebas de negligencia en relación con el SIEV X. Eso es todo lo que tengo para decir al respecto, se limitó a declarar el senador George Brandis, principal representante del gobierno en la comisión, al presentar las conclusiones.
Pero el presidente de la comisión investigadora, el senador Peter Cook, destacó que la labor del organismo se vio entorpecida por la decisión del gabinete de gobierno de que ningún funcionario ministerial compareciera a formular declaraciones y ninguna agencia gubernamental presentara informes.
El líder de la oposición en el Senado, John Faulkner, exhortó a la prensa a buscar respuestas.
La comisión recomenda una investigación plena a independiente y espero que el gobierno la haga, pero si no la hace, prometo agotar todos los recursos para aclarar el asunto, dijo Faulkner después de la presentación del informe.
El ex diplomático australiano Tony Kevin, quien ha investigado el caso en forma independiente, destacó que la actitud de negación del gobierno está de acuerdo con su postura desde el comienzo.
Ellos saben que el caso del SIEV X es un asunto potencialmente explosivo, y por eso le restan importancia, afirmó. (FIN/IPS/tra- en/bb/js/mlm/hd-pr/02
