La Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus Familias entrará en vigencia cuando cuente con la ratificación de sólo un país más.
Ese tratado, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1990, equipara los derechos de sus beneficiarios a los de ciudadanos del país en que residen, y debe ser ratificada por 20 de los 190 Estados miembros del foro mundial para convertirse en ley internacional.
La relatora especial sobre derechos humanos de los migrantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Gabriela Rodríguez Pizarro, expresó su satisfacción por la inminente entrada en vigor de la convención en un informe a la Asamblea General el lunes, Día Internacional de los Migrantes.
Muchos países aplican leyes discriminatorias contra los migrantes que buscan trabajo, indicó.
El otorgamiento de visas en función del país de origen del solicitante y en nombre de la seguridad nacional es un problema habitual de los trabajadores migrantes, explicó Rodríguez Pizarro.
La convención es un elemento fundamental para la protección de los derechos humanos de los migrantes, porque implica una amplia visión del asunto, que incluye a las familias y a la situación de mujeres y niños, y reconoce en forma explícita los derechos de los migrantes indocumentados, destacó.
Ya ratificaron el tratado Azerbaiján, Belice, Bolivia, Bosnia- Herzegovina, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Egipto, Filipinas, Ghana, Guinea, Marruecos, México, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tajikistán, Uganda y Uruguay.
Firmaron la convención pero no la han ratificado otros 11 países: Bangladesh, Burkina Faso, Chile, Comoras, Guatemala, Guinea-Bissau, Paraguay, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Togo y Turquía.
Muchos Estados miembros de la ONU aún no conocen los detalles del tratado, y una de las causas de la demora en ratificarlo puede ser que tiene 93 artículos, dijo a IPS el director de relaciones exteriores de la Organización Internacional de Migración (OIM), Peter Schatzer.
Pero también hay causas políticas que no pueden ser ignoradas, ya que muchos gobiernos se oponen a lo que consideran una protección de trabajadores clandestinos e irregulares, admitió.
Schatzer señaló que la actual oleada internacional de xenofobia y racismo, así como preocupaciones gubernamentales por cuestiones de seguridad, conducen a hostilidad hacia los inmigrantes en muchas naciones, y eso determina que las autoridades sean demasiado cautelosas en este terreno.
Muchos países, entre ellos tradicionales destinos de migrantes, poseen adecuadas leyes para proteger los derechos humanos y evitar la discriminación, pero el problema es que tal legislación no se implementa en forma justa e imparcial, opinó.
Los migrantes deben conocer sus derechos y estar en condiciones de insistir en que se respeten. Pero muchos de ellos, y en especial los indocumentados o irregulares, no están por desgracia en tales condiciones, y por eso se producen abusos, arguyó.
Más de 185 millones de personas viven fuera de sus países de origen, y hace 30 años esa cantidad era 80 millones según la OIM, cuyos cálculos indican que la cifra será más de 230 millones en 2050.
Entre los países que dependeden del trabajo migrante están Estados Unidos, Alemania, Rusia, Ucrania, Francia, Canadá, Australia, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Qatar, Jordania, Malasia y Singapur.
Entre las naciones de las cuales emigran más trabajadores están México, Filipinas, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Marruecos, Egipto y Turquía.
Durante la Guerra Fría, la mayor parte de quienes migraban hacia Europa Occidental tenían motivos políticos. En la actualidad, la mayoría de los migrantes hacia esa región huyen de problemas económicos en el mundo en desarrollo y en países ex socialistas.
En muchos de los países de destino, la ausencia de efectiva protección de los derechos de los migrantes los hace fáciles víctimas de explotación.
Rodríguez Pizarro jerarquizó el problema de violencia contra trabajadoras migrantes en su informe.
Esas trabajadoras fácilmente se encuentran en situaciones vulnerables a violencia y abuso, debido a su doble marginación como mujeres y migrantes, destacó.
En la actualidad, las trabajadoras migrantes son mayoría en el mercado de trabajo informal, en especial en Medio Oriente y el Sudeste Asiático, empleadas para realizar tareas domésticas, industriales, agrícolas y en el sector de servicios, apuntó Rodríguez Pizarro en el documento, titulado Derechos humanos de los migrantes.
Tradiciones de división del trabajo en función del género determinan con frecuencia que los hombres no compartan las tareas domésticas, en especial el cuidado cotidiano de los niños, y eso hace aun más difícil el desarrollo personal y laboral de las migrantes, indicó.
La relatora especial expresó su profunda preocupación por la gran vulnerabilidad de mujeres y niñas migrantes ante maltrato, acoso y otros abusos, incluso por parte de miembros de sus familias a quienes cuidan.
También señaló que en los tres años que lleva su mandato ha dedicado especial atención a la situación de las migrantes empleadas para trabajo doméstico.
La violación de los derechos humanos de esas trabajadoras ocurre en privqado, y bajo poder absoluto del empleador, lo cual hace más difícil que se denuncien tales abusos, e incluso que se hable de ellos, explicó.
Rodríguez Pizarro recomendó a los Estados miembros de la ONU ratificar la convención, desarrollar programas específicos de protección de las migrantes empleadas para trabajo doméstico, aplicar estrategias contra la explotación de los migrantes, y encomendar a organizaciones no gubernamentales el cuidado de migrantes arrestados. (FIN/IPS/tra-eng/td/ml/mp/hd lb/02
