El gobierno de Liberia violó un embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al comprar este año en forma encubierta más de 200 toneladas de armas, informó un grupo de expertos del foro mundial.
Los cuatro integrantes de ese grupo recomendaron mantener el embargo y supervisarlo en forma frecuente, pero la ONU alega que carece de personal y apoyo logístico para controlar que se cumplan sanciones impuestas por el Consejo ha impuesto a nueve países, salvo en el caso de las aplicadas a Iraq desde 1991.
Monrovia urdió un complejo procedimiento para comprar armas, en su mayoría a Yugoslavia, y declararlas como equipo de minería con destino a Nigeria, indicaron los especialistas en un documento de 64 páginas, divulgado el miércoles.
El equipo adquirido incluyó motores y aspas de repuesto para helicópteros de combate, cientos de lanzadores de misiles, miles de rifles automáticos, ametralladoras de varios tipos y más de 1,2 millones de cartuchos, señalaron.
Parte del armamento ingresó a Liberia en seis aviones de carga ucranianos, de junio a agosto, y se estableció un refinado sistema de doble documentación para evitar la detección de esas transferencias de armas, y obtener autorización para los vuelos en que ingresaron al país, según el grupo de expertos.
Las armas salieron de sus países de origen con destino oficial a Nigeria, con presunta mediación de una firma nigeriana que no existe, y falsificación de los certificados de usuario final que suelen acompañar las exportaciones de armamento, explicaron los autores del informe.
Varios intermediarios trasladaron los cargamentos a Liberia, donde declararon que se trataba de equipo para perforación de minas, añadieron.
El grupo de expertos recomendó extender el embargo de venta de armas a todos las partes beligerantes en la región, incluyendo a los grupos insurgentes.
No fue posible lograr que representantes de Liberia ante la ONU realizaran comentarios sobre el informe.
En julio de 1997, Liberia realizó elecciones generales tras ocho años de conflicto armado entre varias facciones, y al mes siguiente asumió la presidencia Charles Ghankay Taylor, líder del Partido Nacional Patriótico, que obtuvo más de dos tercios de las bancas parlamentarias.
Taylor prometió que daría prioridad a la reconciliación entre los participantes en el conflicto, la protección de los derechos humanos, la unidad nacional y la urgente reconstrucción económica del país.
Expertos de la ONU aseguraron luego que el gobierno liberiano proporcionaba dinero y armas al insurgente Frente Revolucionario Unido (RUF, por sus siglas en inglés) de Sierra Leona, responsable de graves violaciones de los derechos humanos.
El Consejo de Seguridad había impuesto un embargo de la venta de armas a Liberia en 1992, durante el conflicto que precedió a la asunción de Taylor, y añadió nuevas sanciones en 2001, entre ellas la prohibición de viajes internacionales de todos los altos funcionarios liberianos.
El año pasado, el Consejo pidió a Monrovia el inmediato cese de su apoyo al RUF y a otros grupos insurgentes que operan en la región. También prohibió la exportación de diamantes desde Liberia, con la convicción de que la mayor parte de esas piedras preciosas eran obtenidas de modo ilegal en territorio de Sierra Leona controlado por el RUF.
Los expertos de la ONU piensan que dinero obtenido con la venta ilegal de diamantes se destina a comprar armas.
En diciembre de 2001, Monrovia anunció un presupuesto nacional para el periodo 2001-2002 de unos 92 millones de dólares, y asignó cerca de la mitad de ese dinero a gastos militares, según datos oficiales liberianos.
Los expertos de la ONU han informado en ocasiones anteriores de violaciones del embargo por parte de Monrovia, mediante otros esquemas de compra encubierta de armas.
Desde la creación de la ONU hace 57 años, el foro mundial impuso sanciones a 13 Estados miembros: Afganistán, Angola, Haití, Iraq, Liberia, Libia, Rhodesia del Sur, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán y Yugoslavia.
Las sanciones fueron levantadas por completo sólo en los casos de Haití, Rhodesia del Sur, Sudáfrica y Yugoslavia.
Los habituales defectos de las sanciones son diseño de baja calidad, escaso compromiso con su aplicación por parte de los Estados miembros, laxa implementación e inadecuada supervisión, señaló la Academia Internacional de la Paz, con sede en Nueva York, en un libro titulado La década de las sanciones, de 274 páginas.
La Academia de la Paz y otras organizaciones destacaron la creación por parte de la ONU, en los últimos años, de comités para supervisar la aplicación de sanciones y para evaluar su impacto humanitario, en un informe titulado La política de sanciones. (FIN/IPS/tra-eng/td/ml/mp/ip/02
