Activistas humanitarios acusan al gobierno de Francia de dar medio paso adelante y dos atrás en la protección de los derechos de las minorías.
El medio paso adelante consiste en el propósito del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, de revocar en forma parcial el sistema llamado de doble sanción contra inmigrantes condenados por la justicia, que son deportados tras cumplir su sentencia.
Los dos pasos atrás se asocian con un nuevo proyecto de ley de seguridad interna, aprobado la semana pasada por el gabinete ministerial, que transforma en delitos prácticas habituales de extranjeros pobres.
El sistema de doble sanción viola el principio básico de que a cada delito corresponde sólo una pena, según han sostenido durante años expertos en leyes y activistas.
Sarkozy dijo el sábado, en una entrevista transmitida por radio, que aspira a que ese sistema sólo se aplique contra inmigrantes con residencia legal reciente.
Es muy difícil deportar a quienes han construido fuertes vínculos familiares y sociales en el país, aunque tengan grandes prontuarios policiales, opinó.
Pero deben ser deportados, tras cumplir sus condenas, los delincuentes extranjeros cuyos permisos de residencia hayan sido otorgados menos de un año antes de que delinquieran, advirtió el ministro.
Sarkozy señaló que expresaba puntos de vista personales, sin previa discusión del asunto con el primer ministro Jean Pierre Rafarin o el ministro de Justicia, Dominique Perben.
Tras esas declaraciones de Sarkozy, Perben anunció que revisará las normas de expulsión de inmigrantes.
Son muy buenas noticias, que hemos esperado durante mucho tiempo, comentó Bernard Bolze, presidente de la organización no gubernamental Una Sanción, que realiza campañas desde hace años por la modificación del sistema de deportación tras el cumplimiento de la condena.
Esas campañas se intensificaron tras el anuncio de las inminentes deportaciones de Chérif Bouchelag, de 32 años, nacido en Argelia y residente en Francia desde que tenía 11 años, y de Mamar Douani, de 40 años, quien nació y vivió siempre en Francia, pero es ciudadano argelino.
Ambos cumplieron ya condenas a prisión, y la de Douani fue de 17 años.
Douani, cuya esposa espera su primer hijo, estudió con inusual voluntad mientras estaba preso, logró un título de bachiller y aprendió con gran éxito el oficio de cocinero, indicó la novelista Nancy Houston, en una carta abierta a Sarkozy.
Al cumplir su condena, ha pagado su deuda con la sociedad, y sólo desea la oportunidad de participar en la vida del país como un ciudadano común, junto con su esposa y su hijo, añadió.
El director de cine Bertrand Tavernier expuso similares argumentos para defender a Bouchelag.
Un ciudadano francés condenado por el mismo delito que un inmigrante no es deportado tras cumplir su sentencia. La expulsión es discriminatoria, y por lo tanto inaceptable, alegó.
El gobierno, y en especial Nicolas Sarkozy, bailan una macabra danza de medio paso adelante tras dos pasos atrás, sostuvo el presidente de la Liga por los Derechos Humanos, Michel Tubiana.
Las nuevas normas de seguridad interna, cuya entrada en vigor se prevé para fines de este año, tipifican como delitos estacionar caravanas en espacios públicos, como hacen los gitanos, realizar reuniones ofensivas en viviendas subsidiadas por motivos sociales, y mendigar en forma agresiva, entre otras prácticas.
Ese proyecto implica una regresión sin precedentes en la defensa de las libertades en Francia, aseveró el presidente del Sindicato de Abogados, Bruno Marcus.
En la actualidad se organizan varias movilizaciones contra el proyecto, entre ellas una marcha de protesta que realizarán este sábado prostitutas, afectadas también por el proyecto.
Los ciudadanos franceses están cansados de la delincuencia, y el nuevo proyecto restaurará la autoridad del Estado en todo el país, en respuesta al grito popular de desesperación en las elecciones de mayo, arguyó Sarkozy.
En esos comicios, más de seis millones de votantes, en un total de 41 millones, apoyaron al ultraderechista candidato a la presidencia Jean-Marie Le Pen, que promueve desde hace años medidas contra la inmigración y comdenas más severas.
Le Pen y el presidente Jacques Chirac, reelegido en esas elecciones, criticaron durante sus campañas la política en materia de seguridad interna aplicada por el anterior gobierno del Partido Socialista, a la cual consideraron vacilante.
El nuevo proyecto en la materia equivale a poner en práctica el programa de Le Pen, según Marcus. (FIN/IPS/tra-eng/jg/ss/mp/hd pr/02
