La detención de cinco efectivos del ejército de Chile, acusados de prestar protección y suministrar armas a narcotraficantes, preocupa al gobierno del presidente Ricardo Lagos por el daño a la imagen internacional del país, considerado hasta ahora el de menor corrupción de América Latina.
El ejército inició este jueves una investigación interna en sus arsenales para establecer la magnitud de los desvíos de armas cortas hacia mafias de la droga, luego de que la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, anunciara que las autoridades aplicarán tolerancia cero en estos casos.
La situación tendió a agravarse después de que el miércoles trascendiera extraoficialmente que dos soldados eran investigados por la jueza Rosa María Pinto como presuntos autores de dos asesinatos por encargo, en el marco de disputas de bandas de narcotraficantes.
Se trata de los cabos Carlos León y Emilio Cisterna, quienes están arrestados junto al coronel retirado Edmundo O'Kuingttons, el mayor Fernando Sanhueza y el sargento Gerardo Muñoz, estos últimos en servicio activo.
Hace 10 días, la policía detuvo en la ciudad de Los Andes, 66 kilómetros al noreste de Santiago, a una banda de narcotraficantes, a los cuales les incautó 600 kilos de marihuana prensada de origen paraguayo y dos fusiles ametralladoras AK-47, de fabricación rusa, con el sello del ejército de Chile.
Los delincuentes proporcionaron las pistas para la detención de los cinco militares, quienes estarían vinculados a los narcotraficantes desde hace por lo menos un año, dándoles armas y protección, de acuerdo con fuentes periodísticas.
Pinto, titular de un Juzgado del Crimen de Santiago, abrió el miércoles tres causas contra los narcotraficantes y sus cómplices militares, bajo cargos de tráfico de drogas, infracciones a la Ley de Control de Armas y robo de un vehículo.
La jueza deberá establecer igualmente los nexos internacionales de la banda de narcotraficantes, así como el involucramiento de los cabos León y Ciserna en dos homicidios por encargo a los que se supone relacionados con disputas por drogas.
Se supo extraoficialmente que uno de estos casos es el asesinato del narcotraficante paraguayo Clayton Thomzack, cuyo cadáver fue encontrado en enero por excursionistas en parajes montañosos del Cajón del Maipo, al oriente de Santiago.
Thomzack fue muerto de un balazo en la nuca. Estaba desnudo, cubierto solo por una frazada, con sus pies y manos atados a la espalda con cinta adhesiva, en una suerte de ritual típico de las vendettas entre mafiosos, según expertos policiales.
De acuerdo con versiones no confirmadas ni desmentidas por la jueza Pinto, León y Cisterna participaron en este asesinato, aunque no está claro si lo hicieron en calidad de autores directos, cómplices o encubridores.
La ministra de Defensa, quien se hizo parte en el proceso por orden del presidente Lagos, dijo que se van a tomar todas las medidas para aclarar estos delitos y que las autoridades obrarán con tolerancia cero ante los intentos del narcotráfico de infiltrar las instituciones militares y policiales.
El ejército no ha amparado a nadie que pueda estar involucrado en hechos de corrupción o situaciones inadecuadas, agregó Bachelet, quien elogió la reacción del general Luis Emilio Cheyre, comandante en jefe de la fuerza.
Si para otros esto (vinculación al narcotráfico) es grave, para el ejército es inaceptable, dijo Cheyre. Para ser miembro de las Fuerzas Armadas, añadió, se necesita ser incorruptible.
El viceministro del Interior, Jorge Correa, subrayó que la situación no compromete a la institución castrense como tal. Los arrestados, dijo, son un conjunto de personas que se han visto tentadas a incorporarse a este negocio (del tráfico de drogas) que, sin duda, maneja mucho dinero.
La mafia del narcotráfico quiere atraer a aquellas personas de instituciones que le puedan prestar protección, seguridad o impunidad, indicó Correa.
El gobierno está empeñado en situar este caso como un episodio aislado, que no se puede comparar a situaciones de infiltración en gran escala del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, como la develada este mes en México.
El 15 de octubre, el ministro de Defensa mexicano, Clemente Vega, anunció la disolución del Batallón 65 de Infantería del noroccidental Estado de Sinaloa, de 600 efectivos y especializado en represión al narcotráfico.
La decisión fue tomada al comprobarse que tanto mandos como tropas de ese batallón recibían pagos en dólares de narcotraficantes a cambio de protección y que numerosos efectivos eran consumidores de drogas.
Una fuente del gobierno chileno, no identificada, dijo este jueves al diario La Tercera que el arresto de los cinco militares es preocupante por los efectos que podría tener sobre la imagen del país en el extranjero.
Chile siempre ha sido bien evaluado según los principales indicadores de corrupción y riesgo por narcotráfico. Sin embargo, la evidencia de que existe una organización criminal con una estructura similar a la de un cartel, capaz de establecer relaciones con militares, podría hacer variar ese escenario positivo, agregó el diario.
Hasta ahora, el Consejo de Defensa del Estado ha intervenido, de acuerdo con la Ley de Drogas, en denuncias e investigaciones por infiltración del narcotráfico en el Poder Judicial y en la policía civil. Esta es la primera vez que se presenta un caso que involucra al ejército.
En Chile, al contrario de otros países latinoamericanos como Bolivia, Colombia o México, las Fuerzas Armadas no participan en la llamada guerra contra las drogas. (FIN/IPS/ggr/ff/ip/02
