Las comunidades del delta del Níger, una zona rica en petróleo, padecen la violación de sus derechos humanos tres años después haberse restaurado el régimen civil en Nigeria, afirmó este martes Human Rights Watch (HRW).
Las fuerzas de seguridad públicas y privadas que custodian las instalaciones de las empresas petroleras siguen cometiendo abusos contra los residentes locales, y además el gobierno no se ha esforzado por castigar abusos del pasado, dice el nuevo estudio de HRW, un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos.
El gobierno de Nigeria parece seguir respaldando la producción de petróleo cualquiera sea su costo humano y ambiental, declaró Bronwen Manby, subdirector de la división africana de HRW y autor del informe, titulado El delta del Níger: Sin dividendos democráticos.
Por este motivo, los residentes del delta del Níger permanecen descontentos aunque los gobiernos estaduales y locales reciben más fondos del gobierno central y las multinacionales que han explotado la zona durante décadas invierten más en las comunidades locales.
En parte, ese descontento se debe también a que los gobiernos locales y las empresas no vigilan cómo se invierte el dinero y en qué medida contribuye a la rivalidad y tensión entre los diferentes grupos étnicos del área, dice el nuevo informe de HRW, que sigue a otro mucho más amplio publicado en 1999.
El petróleo representa cerca de 90 por ciento de los ingresos por exportaciones de este país de Africa occidental, y casi todo se extrae de la región del delta del río Níger.
Sin embargo, como sucede con frecuencia en las industrias extractivas, muy poco del dinero ha sido devuelto a las comunidades locales.
La región del delta acaparó la atención internacional en 1995, cuando el entonces régimen militar de Sani Abacha ejecutó al novelista Kenneth Saro-Wiwa y otros ocho líderes del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni.
Las protestas del grupo contra la represión de las fuerzas gubernamentales y la devastación ambiental causada en territorio ogoni por Royal Dutch/Shell recibieron el apoyo de importantes grupos ambientalistas y de derechos humanos, entre ellos Sierra Club y Amnistía Internacional.
A la fecha de las ejecuciones, Ogoniland estaba bajo virtual ocupación de la temida Policía Móvil, un grupo paramilitar financiado por Shell, según diversos documentos que han salido a luz desde entonces.
Aunque la tragedia de la minoría ogoni fue la que acaparó títulos de diarios internacionales, otras comunidades que habitan la región estaban en situación similar.
El gobierno civil elegido en 1999 y encabezado por el presidente Olusegun Obasanjo prometió respaldo financiero a los pueblos de la zona y estableció la Comisión de Desarrollo del Delta del Níger, para impulsar y supervisar proyectos en esa región.
Al mismo tiempo, compañías petroleras como Shell, ChevronTexaco, ExxonMobil, Agip y TotalFinaElf aumentaron sus fondos para proyectos de desarrollo comunitario y empleo en las llamadas comunidades anfitrionas, dice el informe.
Aunque esas medidas son bienvenidas, han contribuido muy poco a la reducción del descontento en la región, alentado por una serie de incidentes desde que Obasanjo asumió el poder.
El peor de esos incidentes tuvo lugar cinco meses después de la asunción presidencial, cuando un grupo de soldados mató a cientos de personas y destruyó la localidad de Odi, en el estado de Bayelsa. Hasta ahora, nadie ha sido siquiera procesado por participar en esa masacre.
Aunque no volvió a ocurrir un abuso de tales dimensiones, HRW detalló un incidente ocurrido en enero de 2002 en Liama, también en el estado de Bayelsa, donde la Armada respondió al secuestro de nueve empleados y cuatro barcos de una petrolera con una redada en que mató a dos personas y destruyó entre 20 y 30 viviendas.
Otras dos personas murieron en lo que pudo haber sido un intercambio de fuego con una patrulla naval.
En la localidad de Finima, donde ExxonMobil tiene una gran estación terminal de exportación, la compañía alentó un conflicto entre dos grupos étnicos al compensar sólo a uno de ellos por el uso de su tierra.
De manera similar, la exclusión de varias partes interesadas de las discusiones entre Shell y las autoridades de la localidad de Gbarantoru agravó la tensión interétnica, que se convirtió en enfrentamientos violentos entre grupos rivales.
Mientras, la comunidad bille se enfrentó a su vecina kalabari en el estado de Rivers, con un saldo de decenas de muertos de ambos bandos.
Los dos grupos reivindican la propiedad de la tierra donde Shell posee dos estaciones y se disputan los beneficios derivados del carácter de comunidad anfitriona.
Como en otras partes del delta, el hecho de que el gobierno no se ocupe de resolver disputas territoriales ni asegure una distribución equitativa de la riqueza derivada del petróleo convirtió a las compañías en los árbitros de esas disputas, un papel para el que no están preparadas, señala el informe.
HRW exhortó tanto a las empresas como al gobierno a adoptar un enfoque más amplio de los problemas en las comunidades productoras de petróleo de la región.
Los gobiernos locales y estaduales deben ser plenamente responsabilizados por su incapacidad o falta de voluntad para utilizar los ingresos en forma eficaz, y el gobierno federal debe buscar una solución negociada a los reclamos fundamentales de las comunidades, exhorta el documento.
Las petroleras deberían vigilar más de cerca la conducta de las fuerzas de seguridad públicas y privadas desplegadas cerca de sus instalaciones, e informar de sus preocupaciones a las autoridades competentes.
Asimismo, agrega el informe, las empresas deben controlar el uso de los fondos otorgados a representantes de comunidades, dado que muchos de ellos utilizan el dinero para sus propios intereses particulares.
Mientras, los países industrializados deben abocarse a la elaboración de un código de conducta para las compañías petroleras multinacionales y, entre otras medidas, exigirles que publiquen todos los impuestos, regalías y otros pagos realizados al estado.
Finalmente, el gobierno de Nigeria debe investigar y someter a la justicia a los militares y civiles implicados en abusos en las áreas productoras de petróleo, entre ellos las ejecuciones de 1995 y la matanza de 1999 en Odi, instó HRW. (FIN/IPS/tra-en/jl/ml/mlm/ip/02
