Centenares de miles de trabajadores y organizaciones sociales de Colombia adhirieron este miércoles a la protesta convocada por las centrales sindicales en rechazo de la reforma laboral, tributaria y previsional propuesta por el gobierno al Congreso.
La movilización incluyó la detención de actividades en varias áreas de la administración estatal, la realización de asambleas informativas en otras y concentraciones callejeras en Bogotá y en otras grandes ciudades del país, informó el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Miguel Caro.
Esta es la segunda protesta que llevan a cabo los trabajadores contra las medidas económicas del gobierno de Alvaro Uribe, que están atadas a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo Caro a IPS.
La propuesta de flexibilización de las leyes laborales contempla ampliar el horario de trabajo, reduciendo el costo de la mano de obra con la eliminación de las horas extras. El gobierno busca de este modo crear más empleo.
La reforma del sistema de pensiones pasa por aumentar a partir de 2009 los requisitos de edad para el retiro, de 55 a 58 años para mujeres y de 60 a 62 para hombres, entre otros aspectos que dificultarán el acceso a ese beneficio.
La convocatoria de la CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia y la Confederación General de Trabajadores Democráticos se realizó en medio de la fuerte tensión provocada por los atentados de la guerrilla en varias ciudades en los últimos días y por los allanamientos del ejército a sedes de grupos civiles.
Los ataques en Bogotá y en ciudades del norte y nordeste del país fueron atribuidos por las fuerzas de seguridad a las milicias (guerrilla urbana) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En esos atentados realizados en los últimos nueve días murieron siete policías y otras 30 personas resultaron heridas, en su mayoría civiles.
Asimismo, en combates con el ejército fueron abatidos el pasado fin de semana cuatro miembros de grupos paramilitares de derecha y 28 guerrilleros, mientras que se capturaron 35 insurgentes.
Dirigentes sindicales denunciaron que en la última semana fueron allanadas 15 sedes de organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil.
Los efectivos de seguridad actuaron amparados por la excepción que otorga el estado de conmoción interior, decretado por Uribe pocos días después de asumir el gobierno el 7 de agosto.
Esa declaración faculta a los organismos de seguridad del Estado a realizar allanamientos y detenciones de personas sospechosas de realizar acciones insurgentes sin necesidad de una orden judicial previa.
Mientras, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase), Roberto Chamucero, indicó que algunos de los principales sindicatos que adhirieron a la protesta de este miércoles, además de los estatales, fueron la Unión Sindical Obrera (único del petróleo), de judiciales y del sector agropecuario.
Los sindicatos de profesores y maestros, que representan casi la mitad de los 800.00 afiliados a Fenaltrase, no realizaron huelga, pero participaron en marchas y concentraciones.
Coordinadores de la protesta señalaron que los empleados estatales y activistas de organizaciones sociales marcharon para expresar su repudio a la política económica y social de Uribe, que está haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, y está restringiendo las libertades individuales.
Las tres reformas que estudia el Congreso legislativo son un nuevo detonante para la crisis social que afrontan los colombianos a causa del desempleo, que alcanza a casi 19 por ciento de la población económicamente activa, y el conflicto armado interno, que deja 20 muertos por día en promedio.
Para Oscar Rodríguez, profesor de la estatal Universidad Nacional, las tres reformas están signadas por dos tipos de condicionamientos, que son los sugeridos por el FMI y por el contenido del llamado Plan de Seguridad Democrática de Uribe.
Los técnicos del FMI consideran que el problema central a atacar por el gobierno es la reducción del déficit fiscal, que ronda cuatro por ciento del producto interno bruto, mientras que el Plan de Seguridad democrática trata de fortalecer los organismos de seguridad.
El FMI anunció el 20 de este mes un acuerdo crediticio por 2.000 millones de dólares a Colombia, en el marco del compromiso a firmarse en diciembre.
Para ello, ese organismo multilateral exhortó a Uribe a poner en marcha un drástico plan de ajuste para tratar de reducir el déficit fiscal. (FIN/IPS/yf/dm/if lb/02
