El Congreso legislativo de Argentina sancionó una ley de salud reproductiva que dispone el acceso gratuito de las mujeres a métodos anticonceptivos y a la prevención del embarazo adolescente, del aborto, de las enfermedades de trasmisión sexual y del cáncer de mama y genital.
El proyecto, sancionado en la noche del miércoles por el Senado, despertó resistencias de la Iglesia Católica y un grupo de senadores, que demoraron un año y medio la votación de la cámara alta.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto, con modificaciones, en abril de 2001.
Cuando la norma sea promulgada, el Estado deberá destinar una partida especial de fondos para financiar su cumplimiento todo el país. Esto supone crear los servicios de atención médica, psicológica y social necesarios y asegurar el abastecimiento de dispositivos anticonceptivos a las pacientes.
La nueva ley fue saludada como un gran avance por los profesionales de la salud, pero las organizaciones de mujeres, en su mayoría feministas, se manifestaron disconformes con las excepciones y ambigüedades del texto legal.
Las feministas cuestionan la falta de una lista de métodos anticonceptivos, lo cual permite a las instituciones médicas dejar de lado a los que consideren arbitrariamente abortivos.
También sostienen que la ley no es clara respecto de la tutela a los menores para permitirles una consulta por anticoncepción en hospitales, sin permiso de sus padres.
Aunque las disposiciones de la ley deberán aplicarse en hospitales públicos, también permiten que accedan a los servicios y a la anticoncepción gratuita las usuarias de los sistemas de salud sindicales o privados.
Hasta ahora, las mujeres debían pagar por la colocación de un dispositivo intrauterino, el anticonceptivo más caro.
Esta ley permitirá que el hospital público acompañe a la mujer a lo largo de toda su vida reproductiva, sostuvo el médico Jorge Charalambopoulos, profesor de ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y jefe de procreación reponsable de la maternidad estatal Sardá, en Buenos Aires.
Según Charalambopoulos, se intensificará el control periódico de la mujer, atraída al consultorio por la posibilidad de acceder a la anticoncepción.
Se inicia una relación con el sistema de salud que se prolongará durante toda su vida reproductiva y aún después, aseguró Charalambopolos.
Asimismo, el médico opinó que esta nueva vinculación periódica permitirá prevenir unas 150 muertes anuales de mujeres, víctimas de abortos mal practicados. Aunque la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en Argentina, se practican unos 450.000 abortos por año, según estimaciones.
El especialista consideró que el alcance del programa es similar al de un plan de vacunación.
La cercanía entre el sistema de salud y las mujeres permitirá una mejor prevención del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) tanto en mujeres y madres como en recién nacidos, del cáncer genital y de mama, se evitará el contagio de otras enfermedades de transmisión sexual, y se fomentará la lactancia materna.
Para la doctora Ester Polak, presidenta de la Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad, la ley es un paso muy grande, al disminuir enormemente muchos riesgos para la salud de la mujer entre los cuales citó el de la infertilidad. Vamos a tener una mujer más sana, auguró.
A su juicio, esta ley de alcance nacional cubre un gran vacío legal, pues estos servicios estaban previstos en la legislación de la capital y de algunas provincias, y no en otras. Ahora todas las mujeres del país estarán en igualdad de condiciones para acceder a los tratamientos y cuidados, remarcó.
Pero varias diferencias persistirán. Por ejemplo, algunas provincias permiten intervenciones esterilizantes como la ligadura de trompas o la vasectomía. Pero esos métodos no están incluidos en las disposiciones de la nueva ley nacional, por ser considerados irreversibles.
En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se permite abiertamente que los adolescentes realicen una consulta anticonceptiva sin permiso de sus padres.
Los partidos políticos dejaron librada a sus representantes la decisión de respaldar o no el proyecto. La senadora por la occidental provincia de San Juan, Nancy Avelín, justificó su voto negativo alegnado que el país necesita poblarse para hacer crecer el mercado interno.
Otros se ampararon en convicciones religiosas. La doctora Diana Galimberti, presidenta de la Asociación por la Salud Sexual y Reproductiva, dijo a IPS que la Iglesia Católica envió al Senado una carta afirmando que vería con agrado que la aprobación quedara sin efecto.
La Iglesia Católica fundamentó su oposición sistemática a la ley arguyendo que fomentaba el aborto, la utilización de métodos anticonceptivos abortivos y la intromisión del Estado en asuntos de educación sexual de menores.
El problema es que cuando no hay padres que puedan educar en temas de sexualidad, el Estado tiene que tutelar, sobre todo cuando se trata de mujeres menores de edad que son cada vez más propensas al embarazo precoz, explicó a IPS la legisladora por Buenos Aires, María Luisa Storani.
De cada 100 nacidos vivos en el país, 15 son hijos de niñas o adolescentes, una proporción que ha aumentado en los últimos años por la crisis económica.
Los médicos observan que las madres precoces siguen procreando y llegan a la mayoría de edad con tres o cuatro hijos.
Al analizar esta proporción por distritos, se observa que el embarazo adolescente se agrava en los lugares donde no existen programas como el que establece la ley.
En 18 de las 24 provincias, el promedio de nacimientos de madres adolescentes es superior a la media nacional, y en la capital, que cuenta con una ley de salud reproductiva, la proporción baja a la mitad. (FIN/IPS/mv/dcl/he/02
