El fiscal del Tribunal Penal Internacional que juzga el genocidio de 1994 en Ruanda tiene un plazo de tres meses para acusar al ex alcalde de Kigali Tharcisse Renzaho, detenido el domingo en la República Democrática de Congo (RDC) y entregado de inmediato al órgano judicial con sede en Tanzania.
Aún se desconoce la acusación contra Renzaho, pero éste era en 1994 la principal autoridad de gobierno en la capital y en sus alrededores, con control sobre la policía, y ninguna orden del gobierno podía haberse ejecutado sin su participación directa, aseguró a IPS el portavoz del Tribunal, Tom Kennedy.
También era un coronel del ejército ruandés, con estrechos vínculos con altos oficiales militares, algunos de los cuales ya han sido sometidos a juicio, sostuvo Kennedy.
Renzaho era alcalde de Kigali cuando, entre abril y junio de 1994, milicias de la mayoritaria etnia hutu y soldados ruandeses Ruanda dieron muerte a unas 800.000 personas de la minoría tutsi y a hutus moderados.
El ex alcalde dirigió los escuadrones de la muerte en Kigali y les ordenó que se aseguraran de que 'nadie se escape', y también integró el comité que coordinó la masacre en todo el país, sostuvo en 2000 la revista británica The Economist.
Renzaho fue enviado inmediatamente después de su detención en RDC a la septentrional ciudad tanzania de Arusha, sede del Tribunal Penal Internacional que juzga el genocidio en Ruanda.
Observadores atribuyen las dificultades para capturar a Renzaho a la colaboración prestada al gobierno de RDC por militares y milicianos que participaron en la masacre de 1994, en especial en la lucha contra los ejércitos invasores de Ruanda y Uganda.
En ese sentido, fuentes periodísticas aseguran que Renzaho tenía una relación personal y directa con el presidente congolés Joseph Kabila.
Pero Kabila comenzó a cooperar con el Tribunal en Arusha luego de la firma el mes pasado de un acuerdo de paz con el presidente ruandés Paul Kagame en Pretoria, Sudáfrica, según el cual Ruanda retirará sus 30.000 soldados en territorio congolés y RDC deberá entregar a los sospechosos de haber participado en genocidio.
Ruanda invadió RDC en 1998 para proteger sus fronteras contra las milicias hutu que operaban en el país vecino, y llegó a controlar la tercera parte del territorio congolés.
A pesar de las acusaciones contra Renzaho, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch asegura que el ex alcalde fue uno de los funcionarios que puso fin a la matanza, pues condenó el asesinato de inocentes y el saqueo a través de una emisión radial.
Renzaho, el general del ejército (Augustin) Bizimungo, el coronel de la Policía Nacional Laurent Rutayisire y los jefes de la milicia acordaron poner fin a la matanza y comenzar a entregar 'sospechosos' (de la masacre) a las autoridades, sostuvo Human Rights Watch.
Militares y combatientes hutu ruandeses apoyaron a las tropas de RDC en cuatro años de guerra civil en ese país, y Kigali aseguraba que también se preparaban para derrocar al gobierno de Kagame.
La detención de Renzaho se inscribe en el contexto del proceso de paz en RDC y del acuerdo por el cual el gobierno de Kabila se comprometió a entregar a los sospechosos al Tribunal Penal Internacional en Arusha, sostuvo Kennedy.
Cientos de miles de ruandeses huyeron a RDC durante y después del genocidio, entre ellos miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y de las milicias extremistas hutu Interahamwe, organizaciones a las que se responsabiliza de la masacre.
En 1997, el Tribunal Penal Internacional emitió orden de captura contra Renzaho, quien se ocultó en Kenia, de donde escapó luego cuando fuerzas de seguridad keniatas detuvieron a otros siete sospechosos de haber participado en el genocidio ruandés.
Se estima que Renzaho comandaba grupos de milicianos Interahamwe que colaboraban con el gobierno de RDC para desalojar a las tropas de Ruanda y Uganda, con ayuda de Kinshasa.
El ex alcalde de Kigali era uno de los 15 principales sospechosos del genocidio en Ruanda incluidos en una lista elaborada por el gobierno de Estados Unidos, que ofrece una recopmensa de hasta cinco millones de dólares por información acerca del paradero de cualquiera de ellos.
Dieciocho sospechosos ya fueron acusados ante el Tribunal en Arusha, mientras más de 50 están aún prófugos. El órgano ya procesó ocho condenas y una absolución desde que comenzó a sesionar en 1995.
Aún se desconoce la acusación contra Renzaho.
El gobierno de RDC aseguró a mediados de este mes que ya había capturado unos 2.000 insurgentes hutu ruandeses, hoy detenidos en la sudoriental base militar de Kamina, y que está pronto para repatriarlos a Ruanda.
Sin embargo, Ruanda considera que la amenaza en la frontera sólo acabará si el gobierno de Kabila cumple con su compromiso, sostuvo el portavoz del gobierno ruandés Joseph Bideri. Gran número de ex militares y milicianos hutu ruandeses continúan en Kinshasa, aseguró el funcionario.
Esperamos que RDC respete el acuerdo y que deje de apoyar a Interahamwe y a los ex militares acusados de participar en el genocidio de 1994, dijo Bideri.
Ruanda pretende que la comunidad internacional se asegure de que RDC cumpla con su acuerdo. No dejaremos un solo soldado en territorio congolés, y esperamos que la comunidad internacional se asegure de que Kinshasa cumpla con su parte del pacto, dijo Bideri. (FIN/IPS/tra-eng/ks/mn/mj/ip hd/02
