El gobierno de México evitó una huelga en la petrolera estatal Pemex, al arrinconar con denuncias de corrupción al sindicato y al opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo apoya.
Los representantes del sindicato de Pemex aceptaron en la noche del domingo la oferta de un aumento salarial de 5,5 por ciento, luego de pedir 15 por ciento, para poner fin a las hostilidades del gobierno contra seis de sus dirigentes, dos de los cuales son también legisladores del PRI.
Los seis sindicalistas fueron acusados de recibir de la dirección de Pemex más de 150 millones de dólares, con los cuales habrían financiado parte de la campaña presidencial del PRI para las elecciones de 2000, cuando ese partido perdió el gobierno tras controlarlo durante siete décadas.
El juicio contra los dirigentes sindicales seguirá hasta sus últimas consecuencias, advirtió el presidente Vicente Fox, quien días atrás acusó al sindicato de intentar chantajearlo para evitar que se investigue la corrupción.
En la última semana, la dirección del PRI quedó cada vez más aislada en el intento de mantener el conflicto de Pemex como rehén frente a las acusaciones de corrupción, y mostró divisiones internas sobre la cuestión.
Finalmente, el PRI afirmó que una huelga en Pemex sería perjudicial para el país, y procuró un rápido acuerdo salarial con los trabajadores petroleros. También advirtió que velará para que los acusados de corrupción sean juzgados en forma imparcial, pero dejó de afirmar que son inocentes.
En la actualidad, dirige el PRI una corriente contraria a la que predominaba en la campaña de 2000.
La mayoría de los consultados en varias encuestas apoyaron la campaña de Fox contra la corrupción en Pemex y expresaron oposición a una huelga en esa empresa, al igual que intelectuales, cámaras empresariales, organizaciones religiosas y parlamentarios de la oposición izquierdista y del propio PRI.
Trabajadores de Pemex que se oponen a la dirigencia sindical anunciaron que no se plegarían a una huelga, y el gobierno estadounidense expresó mediante portavoces pleno apoyo a Fox en la lucha contra la corrupción.
El aislamiento de quienes impulsaban una huelga aumentó cuando se dieron a conocer privilegios con que cuentan los trabajadores sindicalizados de Pemex, y se supo que dirigentes del sindicato viven con lujos en grandes mansiones.
El gobierno de Fox se movió bien en esta batalla, y una huelga habría debilitado al PRI y llevado al sindicato petrolero a un total descrédito, opinó el columnista Raymundo Riva Palacio, del diario El Universal.
El año próximo habrá elecciones legislativas, en la mitad del mandato de seis años de Fox, y el PRI aspira a recuperar la mayoría absoluta en el Congreso, como preludio del retorno a la presidencia en 2006.
Eso contribuye a que el PRI enfatice su decisión de desterrar de sus filas a la corrupción.
Durante las décadas de gobierno de PRI, numerosos dirigentes sindicales mantuvieron firmes alianzas con ese partido, que les otorgó favores y promoción política. Muchos diputados y funcionarios provinieron de los sindicatos de maestros, de trabajadores petroleros y de campesinos.
Las relaciones con el gobierno del sindicato de Pemex determinaron que los trabajadores de esa empresa contaran con beneficios como un descuento de 50 por ciento en la compra de combustibles, becas para estudios de posgrado y centros propios de vacaciones.
Los petroleros sindicalizados también acceden, entre otras cosas, a préstamos preferenciales para vivienda y servicios médicos gratuitos de alta calidad, incluyendo el tratamiento de adicciones.
Políticos opositores de izquierda apoyan los intentos de terminar con los privilegios y la eventual corrupción que se gestaron durante décadas de relación de los sindicatos con gobiernos del PRI.
Un tercio del presupuesto estatal se financia con la exportación de 1,4 millones de barriles diarios de crudo que realiza Pemex, una de las 10 mayores empresas petroleras del mundo y fuente directa de trabajo de más de 100.000 personas. (FIN/IPS/dc/mp/lb/02
