Los dos partidos nacionalistas moderados que gobiernan en coalición el País Vasco decidieron este jueves recurrir por inconstitucional la ley invocada por el gobierno de España para ilegalizar a Batasuna, el brazo político de la organización ilegal ETA.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y su escisión, Eusko Alkartasuna, presentaron una proposición en el parlamento autónomo del País Vasco para que éste interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de partidos políticos, aprobada en junio.
Con base en esa ley, el Congreso de Diputados de España aprobó el 26 de agosto una propuesta del gobernante Partido Popular y de la principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español, para solicitar al gobierno que pida al Poder Judicial la ilegalización de Batasuna.
El gobierno ya lo ha hecho y el proceso se inició esta semana ante el Tribunal Supremo de Justicia.
De los 350 integrantes del Congreso asistieron 334 y sólo votaron en contra de la solicitud al gobierno los ocho representantes del PNV y de Eusko Alkartasuna, uno de Izquierda Republicana de Cataluña y otro de la Izquierda Catalana. Hubo 15 abstenciones.
El PNV y Eusko Alkartasuna presentaron su proposición al parlamento vasco por entender que la ley de partidos afecta derechos y libertades, como la ideológica y la de participación ciudadana, según consignaron en los fundamentos de su iniciativa.
La proposición fue presentada bajo el procedimiento de urgencia, pero medios parlamentarios consideran que será prácticamente imposible tratarla antes de que a finales de septiembre se celebre el tradicional pleno sobre política general.
Si a eso se suma que el plazo para presentar recursos contra la ley de partidos finalizará el 29 de septiembre, lo más probable es que el parlamento vasco, aunque decidiera aprobar la propuesta del PNV y Eusko Alkartasuna, no llegaría a tiempo para presentarla antes de esa fecha.
El portavoz parlamentario de Eusko Alkartasuna, Rafael Larreina, afirmó este jueves que la clave de la inconstitucionalidad radica en que la ley cuestionada ataca principios básicos recogidos en la Constitución, como la libertad ideológica, la libertad de asociación y la presunción de inocencia.
Pero Larreina también reconoció que no tiene muchas esperanzas de que el recurso salga adelante porque, en su opinión, se está politizando todo el sistema judicial en su máxima expresión, que es precisamente el Tribunal Constitucional.
La presentación ante el parlamento vasco se une a otra decisión, adoptada el miércoles, por la que el consejero (ministro) de Justicia del País Vasco, Josefa Azkarraga, pidió al Consejo General del Poder Judicial que se pronuncie sobre los procedimientos ordenados por el juez Baltasar Garzón.
Garzón dispuso la suspensión de todas las actividades de Batasuna, el embargo de sus cuentas bancarias y bienes y el cierre de sus locales.
Un portavoz del Consejo General del Poder Judicial respondió que el procedimiento consiste en presentar recursos ante instancias superiores a la de Garzón, algo que corresponde hacerlo a quien sea parte de un proceso judicial, y no a un consejero del gobierno regional.
Eusko Alkartasuna convocó a una manifestación para el sábado en la histórica ciudad vasca de Gernika, para protestar por la acción judicial dictada por Garzón.
La coherencia política nos obliga a plantear a la sociedad lo que pensamos: ETA, evidentemente, vulnera las libertades y los derechos, pero a ETA solo se le combate con más democracia, y no dando argumentos a Batasuna ni prohibiendo manifestaciones y la libertad de expresión, dijo la presidenta de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti.
Arnaldo Otegui, portavoz de Batasuna, afirmó que, al ilegalizar a ese partido, el gobierno español le pone al PNV el caramelo que siempre ha soñado, que es la hegemonía de todo el movimiento independentista vasco, para que ese partido vuelva a Madrid a pactar, incluso con el PP (Partido Popular, del primer ministro José María Aznar).
Otegui negó que la violencia de ETA impida el acuerdo entre nacionalistas para reivindicar conjuntamente la soberanía. Al respecto, desafió a los nacionalistas moderados a que demuestren a ETA y a la izquierda nacionalista que es posible una estrategia democrática dentro de la legalidad española que consiga un escenario de soberanía para el País Vasco.
Asimismo, criticó al PNV por defender la desobediencia civil frente a la lucha armada y al mismo tiempo enviar a la policía que depende del gobierno autónomo vasco a actuar contra Batasuna cumpliendo con las órdenes judiciales de Garzón.
El PP y el Partido Socialista Obrero Español consideran demostrado que Batasuna es el brazo político de ETA, un grupo surgido en los últimos años de la dictadura franquista (1939-1975) y que aún ahora sigue cometiendo atentados.
Los impulsores de la ilegalización de Batasuna se basan en lo establecido por la ley de partidos políticos que Eusko Alkartasuna pretende impugnar.
La ley establece que un partido será ilegalizado cuando su actividad contradiga los principios democráticos, con alguna de las siguientes conductas: vulnerar sistemáticamente los derechos fundamentales, fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para conseguir objetivos políticos, y complementar y apoyar la acción de organizaciones terroristas. (FIN/IPS/td/ff/ip/02
