Ocho países ratificaron en el último año la Convención de Ottawa, que permitió reducir las muertes y mutilaciones causadas por las minas antipersonales, pero importantes naciones ni siquiera firmaron el tratado, lamentó este viernes la coalición que lo impulsó en los años 90.
A comienzos de los años 90, las minas ocasionaban más de 26.000 muertes y mutilaciones al año. Esa cantidad se redujo a entre 15.000 y 20.000 en 2000 y en 2001 gracias a la Convención de Ottawa firmada en 1997, según el informe anual de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL).
El mayor retroceso del año pasado en la materia fue la siembra de decenas de miles de minas en la frontera entre India y Pakistán desde diciembre, cuando ambos países estuvieron a punto de iniciar una guerra, indica el informe, titulado Monitor de minas terrestres 2002: Hacia un mundo sin minas.
India y Pakistán no firmaron el tratado, cuyo nombre completo es Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción.
El informe divulgado este viernes, de 922 páginas, indica además que Birmania y Rusia, tampoco firmantes de la Convención, también utilizaron el año pasado minas antipersonales para luchar contra organizaciones insurgentes.
Rusia continúa utilizando minas en la república separatista de Chechenia, y también Georgia contra los separatistas de Abjazia, a pesar de que se comprometió en una moratoria del uso de esa arma sin haber firmado la Convención.
El informe calificó de perturbador el supuesto suministro de Irán a Afganistán, y el hecho de que todos los bandos en la guerra civil afgana las utilizaron. Sin embargo, ICBL aseguró que las fuerzas estadounidenses desplegadas allí el año pasado no las emplearon.
Finlandia es el único país de la Unión Europea que no firmó la Convención, aunque los restantes 14 la ratificaron. Cuba y Estados Unidos son los únicos países de América que no adhirieron al tratado. Tampoco lo hicieron China, Iraq, Israel y Libia.
Pero Afganistán, uno de los países más sembrados de minas, firmó la Convención hace apenas seis semanas. Ese país fue escenario de una guerra luego de los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos, al cabo de la cual fue desalojado el régimen de la organización islámica Talibán.
Por otra parte, 45 de los 48 países de Africa subsahariana firmaron el acuerdo.
Pero Irán, comprometido en una moratoria a la exportación de esas armas, las suministró a facciones que luchaban en Afganistán contra el régimen talibán y a otros países, indica el informe.
Sin embargo, la ratificación de la Convención por parte de ocho países es un gran avance, según el informe. Los estados que hoy son parte del tratado suman 125, cerca de dos tercios de los existentes en el mundo. Se aguarda la ratificación de 18 países firmantes.
El informe, que cubre el periodo entre mayo de 2001 y mayo de este año, coincide con el quinto aniversario del fin de las negociaciones del tratado.
En su último informe, ICBL aplaudió la marcada reducción en la cantidad de gobiernos que utiizaron minas antipersonales en el último año, de 13 en el anterior informe a nueve en el último. Dos de esos países —Angola y Sri Lanka— dejaron de utilizar minas después de mayo, lo que reduce el número actual a siete.
Angola fue uno de los ocho países que ratificaron el tratado el año pasado. Entre los otros siete figuran dos países —Eritrea y la República Democrática de Congo— que dejaron de utilizar minas hace poco. Otros dos son Chile y Nigeria.
Mientras, varios países firmantes avanzan a largos pasos hacia la ratificación, entre ellos Burundi, Chipre, Grecia e Indonesia, según el informe.
Unos pocos gobiernos reticentes impiden el avance de todo el resto, sostuvo el coordinador de ICBL, Stephen Goose, también activista de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
Tres de cada cuatro países del mundo renunciaron al uso de minas antipersonales y deben presionar más a unos pocos recalcitrantes, anotó Goose en un capítulo del informe.
La rapidez con que la Convención entró en vigor tras ser acordada su redacción final —16 meses, con la firma de 40 naciones— constituyó una prueba de la eficacia de una coalición constituida por organizaciones no gubernamentales y gobiernos de países con distinto grado de desarrollo.
En los años 90, muchos países pobres debían afrontar el legado de guerras del pasado en forma de las minas antipersonales, armas baratas que continuaban causando muerte y mutilaciones aun mucho después de concluido los conflictos.
Angola, Afganistán, Camboya, Mozambique y países de América Central estaban, en el momento de las negociaciones, repletos de minas sembradas durante las guerras civiles de los años 80.
Según el informe, siete millones de minas antipersonales fueron desactivadas. Los gobiernos invirtieron 1.400 millones de dólares en tareas de deactivación de minas en la década pasada, agrega.
El año pasado se gastaron 237 millones de dólares en esa actividad, aproximadamente la misma suma que en 2000. Correspondió a Estados Unidos, a pesar de no haber firmado la Convención, el principal aporte, con 69 millones de dólares, 13 millones menos que en 2000, según el informe.
Las fábricas productoras de minas pasaron de 55 en los años 90 a 14 en la actualidad, mientras el comercio internacional se limita ahora a suministros ilegales o encubiertos, concluyó el informe. (FIN/IPS/tra-eng/jl/mj/ip/02
