Un grupo de países, encabezados por la Unión Europea y Japón, anunciaron su rechazo a la amplitud de la reforma del Acuerdo de Agricultura propuesta por una mayoría de naciones miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Ese bloque proteccionista, que también engloba a Noruega, Suiza y Corea del Sur, calificó de ambiciosas, irreales a inútiles las propuestas de liberalización del comercio agrícola que impulsan Estados Unidos, el Grupo de Cairns y la mayoría de los países en desarrollo.
El Grupo de Cairns, creado en 1986 en la ciudad australiana de igual nombre, congrega a 18 países, industrializados y en desarrollo, que se caracterizan por prestar apoyo estatal escaso o nulo a la producción y el comercio del sector agropecuario.
La advertencia de las naciones proteccionistas sobrevino esta semana en un momento crucial del proceso de negociaciones para reformar el comercio de los productos agrícolas, uno de los sectores más atrasados, junto con el textil y del vestido, en el proceso de liberalización de los intercambios.
El jefe de la delegación suiza ante la OMC, Luzius Wasescha, comentó que la actitud de los países favorables a la liberalización puede conducir las negociaciones a un callejón sin salida.
El clima de las discusiones, que se realizan en la sede de la OMC, en Ginebra, se enrareció también por las diferencias surgidas entre los 15 miembros de la Unión Europea (UE)en torno a la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
La PAC es un programa de estímulo estatal a la agricultura que comenzó a aplicarse en la década del 50 para colmar el déficit alimentario europeo.
Las primeras críticas surgieron en los años 70, cuando comenzó a originar excedentes cuantiosos patentizados por las famosas montañas de mantequilla y por el derrame de la sobreproducción de vinos.
El proyecto del comisario europeo Franz Fischler para moderar las medidas de sostén de la PAC, que le cuestan a la UE unos 40.000 millones de dólares por año, ha sido objetado por los países proteccionistas, con Francia, España e Irlanda a la cabeza.
El plan de Fischler, respaldado principalmente por Alemania y Gran Bretaña, pretende reducir los subsidios antes de 2004, cuando su peso se vuelva insostenible para las finanzas comunitarias con la incorporación casi segura a la UE de otros 10 países miembros.
Sin embargo, la pretensión de Francia de posponer la reforma de la PAC hasta 2006, cuando se revisará todo el presupuesto comunitario, consiguió esta semana el respaldo de los ministerios de agricultura de Portugal, Bélgica, Austria y Luxemburgo, sumados a España e Irlanda.
Este debate se desarrolla bajo la presión de organizaciones no gubernamentales con sede en países europeos, que objetan el proteccionismo de las naciones industrializadas, en particular en el comercio agrícola.
ActionAid, con sede en Gran Bretaña, acusó a los países del Norte de sostener un doble discurso. La protección para los ricos y el libre juego de las fuerzas de mercado para los pobres, dijo a modo de ejemplo la entidad independiente.
La agencia católica británica, Cafod, apuntó que la UE invierte más de dos dólares por día para mantener a cada una de las 21 millones de vacas del bloque, mientras en el resto del mundo unas 3.000 millones de personas viven con ingresos diarios inferiores a ese jornal de los bovinos europeos.
También se pronunciaron los organismos multilaterales de crédito, que hasta ahora había mantenido una actitud reservada sobre el asunto del proteccionismo comercial de los países industrializados.
Un estudio divulgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en vísperas de su asamblea anual conjunta, que se realizará el próximo fin de semana en Washington, señaló que los mercados agrícolas figuran entre los más distorsionados del sistema multilateral de comercio.
El FMI y el Banco Mundial atribuyen grandes consecuencias a esa distorsión, pues casi tres cuartas partes de los pobres del mundo viven en áreas rurales y dependen en gran parte de la agricultura.
En ese panorama, el comité de agricultura de la OMC concluyó este miércoles otra ronda de discusiones dedicadas esta vez a la ayuda que los países otorgan a sus productores agrícolas.
En sesiones anteriores, el comité debatió las cuestiones de subvenciones a las exportaciones y de acceso a los mercados que, junto a la ayuda interna, constituyen los tres pilares de la reforma del Acuerdo de Agricultura.
El presidente del comité, Stuart Harbinson, de Hong Kong, resaltó el empeño de las delegaciones en los debates, pero admitió que aún es necesario reducir las diferencias para poder preparar un balance de la fase actual de las negociaciones.
Los 144 estados miembros de la OMC dedicaron este año a la discusión de las modalidades que definirán la etapa clave de las negociaciones, que comenzarán en abril, cuando las delegaciones efectúen ofertas concretas de concesiones comerciales.
Harbinson debe presentar un documento de resumen de las modalidades para que sean aprobadas antes del 1 de abril de 2003. Las negociaciones deberán concluir antes del 1 de enero del 2005.
Los medios diplomáticos estiman que las tendencias de las negociaciones comenzarán a vislumbrarse solo después de la conferencia ministerial de la OMC, que se realizará en septiembre de 2003 en el balneario mexicano de Cancún.
En el debate de las ayudas internas, la UE y Suiza cuestionaron el grado de ambición de las propuestas de los países proclives a la liberalización del comercio agrícola.
Esas reformas serían de aplicación imposible en sus jurisdicciones y obstaculizarían todo el proceso de negociación, dijeron los delegados de la UE y de Suiza.
El bloque europeo objetó algunas propuestas, porque lo obligarían a efectuar modificaciones profundas en su política agrícola, mientras otros países, dijo uno de sus portavoces, se enfrentarían a cambios menores.
En réplica, Estados Unidos y algunos miembros del Grupo de Cairns observaron que la pena es proporcional a la infracción.
Las negociaciones de agricultura en la OMC proseguirán en noviembre. El presidente del comité presentará un primer resumen de las negociaciones el 18 de diciembre, para que los estados miembros los discutan después del receso de fin de año. (FIN/IPS/pc/dm/if/02
