La decisión del gobierno de Malasia de permitir la contratación de obreros indonesios en la industria de la construcción pese a las estrictas normas de inmigración aprobadas a principios de mes demostró el grado de dependencia de este país de los trabajadores extranjeros.
Probablemente ni las propias autoridades malasias eran conscientes de ese grado de dependencia, construido en las últimas décadas mientras este país atraía en forma masiva a trabajadores de otras naciones del sudeste asiático y también de Asia meridional.
Hasta hace algunos meses, inmigrantes indocumentados de Indonesia constituían 70 por ciento de la fuerza de trabajo de la industria de la construcción, que empleaba a 500.000 personas.
Pero la pena de cárcel que Malasia impuso a los inmigrantes indocumentados provocó un éxodo en masa de trabajadores indonesios, que comenzaron a retornar sin esperanzas a su país.
Según la nueva legislación, que entró en vigor el 1 de este mes luego de cinco meses de amnistía, unos 300.000 trabajadores inmigrantes sin visa y quienes los alberguen se arriesgan a seis meses de cárcel y a un castigo físico de hasta 10 azotes.
Las autoridades concedieron un plazo de dos semanas, hasta el día 15 de este mes, para que los inmigrantes indocumentados reunieran sus pertenencias y abandonaran el país.
Pero las protestas de la industria de la construcción y el temor a los efectos económicos de una parálisis en esa actividad decidieron al gobierno a levantar la prohibición para los obreros de la construcción indonesios.
El viceprimer ministro Abdullah Badawi anunció el miércoles que los empleadores de ese sector podrían contratar a trabajadores indonesios con efecto inmediato.
La industria de la construcción padecía escasez de mano de obra desde febrero, cuando el gobierno prohibió a las empresas contratar nuevos trabajadores indonesios.
Las dificultades se agravaron con la salida en masa del país de inmigrantes indocumentados antes del vencimiento de la amnistía de cinco meses, el 31 de julio.
Hemos adoptado medidas especiales para solucionar este problema y decidimos permitir la contratación de trabajadores indonesios en el sector de la construcción, anunció Abdullah.
La ausencia de trabajadores extranjeros también se siente en otras actividades. Los servicios de limpieza y recolección de basura, por ejemplo, sufrieron trastornos.
Los políticos y el gobierno no saben lo estructurado e impregnado que está el empleo de extranjeros en varios sectores y niveles, comentó Irene Fernández, directora de la organización no gubernamental Tenaganita, que trabaja con inmigrantes.
La nueva adoptada por el gobierno en la industria de la construcción es un paso inicial, pero pronto le seguirán otros sectores, vaticinó.
La industria agrícola, de gran peso en las exportaciones de Malasia, también está presionando para que se le permita contratar a trabajadores procedentes de Bangladesh.
Así mismo, el sector manufacturero, constituido principalmente por pequeñas y medianas empresas, señaló su necesidad de trabajadores extranjeros, que aceptan salarios inferiores que los nacionales.
Al igual que en el resto de Asia meridional, la economía de Malasia permanece estancada por los negativos efectos de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos.
Sin embargo, el país ya había retirado la alfombra de bienvenida a los trabajadores inmigrantes luego de la crisis financiera regional de 1997.
En este panorama es fácil perseguir a los más vulnerables, los trabajadores extranjeros indocumentados, advirtieron críticos.
Las expulsiones se llevan a cabo apelando a la necesidad de imponer la ley y el orden, y culpando a los trabajadores extranjeros de la creciente criminalidad que sufre el país, agregaron.
Se estima que unos 300.000 trabajadores indocumentados, la mayoría indonesios, dejaron Malasia desde que en marzo las autoridades pusieron en vigor el plan de amnistía, pero una cantidad similar permenece en el país.
Aunque la mayor parte de los indocumentados son indonesios (244.000), también residen en Malasia unos 19.000 indios, 17.000 bengalíes, así como filipinos y birmanos.
Otros 750.000 trabajadores extranjeros cuentan con permisos de residencia y trabajo en este país de 23 millones de habitantes.
Aunque las autoridades comenzaron a prestar atención a los reclamos de las industrias nacionales, no abandonaron su línea dura contra la inmigración ilegal.
En Penang, por ejemplo, un magistrado sentenció a Nor Hassan, un joven de 27 años procedente de Java Oriental, Indonesia, a un año de cárcel y un golpe de caña de ratán por permanecer en Malasia más allá del plazo que le otorgaba la visa.
Hassan, que permanecía ilegalmente en este país desde hacía un año, fue descubierto en una obra de construcción el 1 de este mes.
Otros seis inmigrantes indocumentados fueron sentenciados en Kelang a tres años de cárcel y tres golpes de caña. Decenas más han sido arrestados, acusados y condenados. (FIN/IPS/tra-en/an/mlm/lb/02
