La proporción de portadores del virus del sida en las cárceles de Estados Unidos es tres veces mayor entre mujeres que entre hombres, aunque en la población en general la enfermedad afecta cuatro veces más a hombres que a mujeres.
Cerca de 21 por ciento de las mujeres recluidas en prisiones están infectadas por el VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida), frente a una proporción de nueve por ciento entre los hombres presos, señaló Judy Greenspan, una activista por los derechos de los reclusos afectadas por el sida
Pero en la mayoría de los estados del país, sólo una pequeña proporción de la población carcelaria infectada por el VIH es identificada como tal. Muchas personas evitan los exámenes correspondientes, para no afrontar aflicción, discriminación y estigmatización, aseguró Greenspan.
También influye en cierta medida la internalización de fobias contra el sida, una de las pocas enfermedades por las cuales se culpa a los afectados, con el argumento de que se debe a conductas equivocadas, indicó.
Las mujeres afroestadounidenses y de origen hispanoamericano, llamadas latinas, son más de la mitad de la población carcelaria femenina del país, y muchas de ellas son madres.
Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, con sede en el sudoriental estado de Atlanta, las mujeres fértiles de esos grupos étnicos son 75 por ciento de las afectadas por el sida (síndrome de inmunodeficiencia humana) en el país.
La discriminación contra las comunidades de esas mujeres lleva a que sean más perjudicadas que las demás por violaciones de confidencialidad de datos sanitarios, carencia de servicios de apoyo e insensibilidad, según activistas humanitarios.
Algunos asistentes sociales federales sólo están interesados en su sueldo. Nunca tienen tiempo para facilitar el acceso de esas mujeres a vivienda, transporte y alimentos, alegó Precious Jackson, asistente social de la organización no gubernamental (ONG) Women Alive, con sede en la sudoccidental ciudad de Los Angeles, que apoya a mujeres con VIH/sida.
Además, muchos de los asistentes sociales asignados a los casos de esas mujeres no están infectados por el VIH, y por lo tanto no comprenden la experiencia de las personas a las que deben ayudar, los efectos colaterales de los medicamentos que emplean, y cosas por el estilo, arguyó.
Jackson fue infectada por un hombre que ocultaba ser bisexual y había sido contagiado en relaciones homosexuales, y aseguró que la mayoría de las mujeres con las que trabaja fueron infectadas en las mismas circunstancias.
Muchas mujeres se exponen a violencia o abusos si piden a sus parejas heterosexuales que usen preservativos, y eso contribuye a la difusión de la epidemia, señaló.
Greenspan piensa que el principal problema para asistir a presas con VIH/sida es el propio sistema carcelario, en el cual casi 80 por ciento de las reclusas fueron condenadas por delitos sin uso de la violencia, por lo general vinculados con drogas.
En la medicina carcelaria, los médicos sospechan de sus pacientes, y se preguntan si mienten o fingen, indicó.
Un presunto médico especialista visita la cárcel para examinarnos y aconsejarnos. Examina reflejos, oye quejas sobre dolores y síntomas, y luego escribe en nuestras historias médicas que todo es imaginario, escribió en la revista de Women Alive una presa en el sudoccidental estado de California.
Piensan que sólo queremos drogas para satisfacer adicciones, pero el HIV no es imaginario, y necesitamos medicamentos contra ese virus. La neuropatía no es imaginaria, nos causa dolor en manos, pies y piernas, y necesitamos medicamentos contra eso, explicó.
Todo es más difícil, aun en las prisiones con regímenes más benignos. Los recursos sanitarios siempre son inferiores a los que se reciben fuera de las cárceles, y las negras y latinas cargan el peso adicional del racismo de los guardias, de otras personas presas y del propio sistema, afirmó Greenspan.
Entre los obstáculos al suministro oportuno de medicamentos están los periodos de sanción sin permiso para salir de la celda, que pueden durar días, la falta de experiencia de algunos médicos en el tratamiento de enfermedades infecciosas, y los rencores de guardias contra personas presas, señaló Greenspan.
La Constitución reconoce el derecho de las personas presas a recibir atención sanitaria, y eso incluye el acceso a medicamentos antirretrovirales, que frenan el desarrollo del VIH/sida, pero a menudo hay carencias en cruciales aspectos de prevención y apoyo emocional, según expertos.
ONG y grupos de presos cooperan para paliar esa carencia, por ejemplo en el Proyecto de Asesoramiento y Educación sobre el Sida, de Nueva York, en el programa Live Hard, Stay Safe, de la noroccidental ciudad de Chicago, y en el servicio Survive Outside, del centrooriental estado de Kentucky.
Esas iniciativas apelan al sistema llamado educación entre pares, en el cual personas presas se transmiten sus experiencias acerca de exámenes y tratamientos, y se brindan apoyo emocional.
En mayor escala, la Comisión Nacional de Cuidado Carcelario de la Salud, con sede en Chicago, procura mejorar la asistencia mediante inspecciones que las autoridades penitenciarias aceptan en forma voluntaria, y difunde exitosas experiencias entre médicos que atienden a personas presas.
En general, la calidad de los servicios médicos es mayor en las cárceles con mayor número de personas presas portadoras del VIH, apuntó la directora de inspecciones de la Comisión Nacional, Judith Stanley.
No debemos olvidar que el cuidado de la salud en las prisiones es parte del sistema nacional de salud y es crucial que los pacientes sean respetados como personas, agregó. (FIN/IPS/tra- eng/ks/an/ml/mp/he hd/02
