Las principales decisiones en materia de desarrollo y ambiente se toman fuera del alcance del público, que rara vez tiene posibilidades de participar en los proyectos, advirtió este martes el no gubernamental Instituto de Recursos Mundiales (WRI).
Un informe del WRI al respecto fue presentado por el presidente de la organización, Jonathan Lash, quien asiste a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, iniciada el lunes en la nororiental ciudad sudafricana de Johannesburgo.
La mayoría de los países analizados en el informe Cerrando la brecha: participación y justicia en la toma de decisiones para el ambiente fracasaron en cumplir el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, aprobado en 1992 en la Cumbre de la Tierra (Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo).
Esa cláusula indica que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.
Además, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas y la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones, agrega el Principio 10.
Los Estados deberán poner la información a disposición de todos y proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
Para el WRI, organización no gubernamental radicada en Washington, el Principio 10 de la Declaración de Río es una de las promesas incumplidas de la Cumbre de la Tierra, la primera que concluyó con la aprobación de reglas dirigidas a sacar de la pobreza a miles de millones de pobres sin destruir el planeta.
La Cumbre de Johannesburgo fue convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos por los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Río de Janeiro hace 10 años.
De los gobiernos estudiados por el WRI, con la asistencia de 25 organizaciones no gubernamentales de los nueve países, siete aún deben recorrer un largo camino para cumplir con el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro.
Se trata de Chile, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Tailandia y Uganda, que tuvieron bajas calificaciones en cuanto a facilitar la participación del público y acceso a la justicia, según el informe del WRI.
Entre esos siete países —los otros dos considerados fueron Hungría y Estados Unidos—, solo las constituciones de Tailandia y Uganda reconocen el derecho del público a la participación en la toma de decisiones, indicó el WRI.
Pero aun en esos casos existen vacíos legales, como leyes y regulaciones sobre los estudios de impacto ambiental sin garantías de información al público y de su participación.
Las autoridades de India, Indonesia y Tailandia impidieron la participación del público en la toma de decisiones sobre proyectos específicos, permisos y concesiones.
En estos casos, el gobierno no informó a las comunidades afectadas ni a los grupos de interés que estaba comenzando el proceso de concesión de permisos para la instalación de fábricas, de explotación forestal o de proyectos de desarrollo, indica el informe.
En Indonesia, una persistente cultura del secreto inunda la burocracia y socava las políticas de divulgación de información, indica el informe de 145 páginas.
Las comunidades de Sudáfrica no están totalmente al tanto del modo en que pueden participar en la toma de decisiones, a pesar de que el país tiene una política informativa abierta, aseguró el activista Thabo Madihalaba, del Foro de Redes Sudafricanas por la Justicia Ambiental.
Lo mismo ocurre en Tailandia, afirmó el director del programa de urbanización y ambiente del Instituto Ambiental, Somrudee Nicro. Los funcionarios del gobierno se resisten a asegurar la participación del público, que, a su vez, no conoce la ley ni sus derechos, afirmó Nicro.
De todos modos, el informe del WRI reseña casos en que la información brindada al público es buena incluso en los países cuestionados, en especial en México (antes de la erupción de volcanes), Sudáfrica y Uganda (durante epidemias de cólera).
Mientras, la información sobre la calidad del aire en las contaminadas Bangkok y Santiago está disponible para el público, pero es insuficientemente detallada.
Los expertos del WRI advirtieron que la Cumbre en Johannesburgo quizás no sea el mejor modelo de transparencia ni de participación del público en la toma de decisiones.
Creemos firmemente que la cumbre no es amistosa con la sociedad civil, cuyo papel, como consecuencia, es reducido gradualmente por la ONU, dijo el sudafricano Madihlaba. (FIN/IPS/tra-eng/mmm/mn/mj/en dv/02
