Casi 400 disputas por tenencia de tierras de las 30.000 que se sustancian en la justicia de México están a punto de desembocar en violencia, pese a que los tribunales difieren sus sentencias para alejar el peligro.
El estatal Instituto Nacional Indigenista calcula que al menos 1.000 personas han muerto en los últimos 10 años por cuestiones relacionadas a conflictos agrarios. El último caso se registró el 31 de mayo en el meridional estado de Oaxaca, donde fueron asesinados 26 campesinos.
La fórmula para desactivar posibles enfrentamientos, más que sentencias judiciales, pasa por lograr acuerdos entre las partes y la entrega de ayuda económica y productiva a las comunidades que resulten perdedoras en algún juicio, dijo la encargada de la oficina presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xochil Gálvez.
Es una lástima que murieran 26 campesinos para que el gobierno pusiera atención a un asunto que viene gestándose desde hace décadas, dijo a IPS Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, un grupo no gubernamental que trabaja en zonas indígenas del meridional estado de Guerrero.
Barrera advirtió que existe una situación grave, pues en este momento varias comunidades están decididas a hacerse justicia por su propia mano ante la incapacidad de las autoridades agrarias para solucionar los conflictos.
La oficina presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que en la actualidad existen 382 casos por tenencia de la tierra en situación de riesgo, 18 de los cuales involucran a comunidades nativas.
En el caso de la última matanza en Oaxaca, la estatal, pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el asesinato de los 26 campesinos tuvo como móvil una venganza en el marco de un conflicto de tierras que tiene más de un siglo de antigüedad.
El Tribunal Superior Agrario, creado hace 10 años, indicó que existen cerca de 30.000 disputas por tenencia de tierra relacionados con límites entre estados, comunidades, colonias agrarias y propiedades privadas.
Los conflictos agrarios tienen riesgos, por lo que deben cuidarse mucho los procesos judiciales para resolverlos, declaró el presidente del Tribunal, Ricardo García.
No se puede empujar un conflicto agrario al grado tal de que, por emitir una sentencia y quererla aplicar a la fuerza, se provoque un enfrentamiento, apuntó.
Para evitar agravar la situación, el Tribunal Superior Agrario tiene suspendida la ejecución de más de 370 casos.
Un informe especial del gobierno indica que el riesgo de que las disputas deriven en violencia crece ante la combinación de marginación, topografía adversa, extensión territorial, lejanía de las vías de comunicación, dispersión poblacional, áreas naturales protegidas y presencia de guerrilla, narcotráfico y desastres naturales.
La mayoría de esos elementos se dieron en forma conjunta en la matanza de Oaxaca, cuando fueron asesinados los campesinos con armas de alto poder tras ser emboscada la camioneta en la que viajaban de regreso a sus hogares. Varios de los cuerpos presentaban tiros de gracia.
Por el crimen fueron detenidos 16 campesinos de una comunidad vecina a la de las víctimas. Tras la matanza, autoridades municipales y comunales de las zonas conflictivas de Oaxaca firmaron en junio un acuerdo de paz.
Es importante que las comunidades dialoguen, pero si no hay ayuda del Estado y una atención judicial oportuna, el riesgo de violencia permanece latente, advirtió el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
En Guerrero existen al menos 12 municipios con presencia indígena donde persisten graves conflictos por la tenencia de la tierra, agregó Barrera.
El grupo humanitario de Guerrero trabaja en 17 municipios de la región conocida como la Montaña Alta, habitada por unos 300.000 nativos de las etnias mixteca, nahua y tlapaneca, donde se ubica Metlatónoc, el segundo distrito más pobre del país.
Según el Tribunal Superior Agrario, en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los estados del sur del país con fuerte presencia indígena, se concentran algunos de los conflictos de mayor antigüedad y riesgo.
En esos estados es donde se combina con mayor énfasis el cóctel de factores adversos, como narcotraficantes, guerrilleros y depredadores de bosques, en medio de la pobreza y el aislamiento de la población.
Los 10 millones de indígenas que habitan en México se distribuyen en las zonas más pobres y aisladas del país.
Es posible que haya más matanzas y más conflictos si no se toman medidas adecuadas para resolver los problemas de límites y de tierra que existen en comunidades de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, advirtió en julio Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos de los Indígenas.
El gobierno de Vicente Fox afirmó que trabaja con ahínco para buscar acuerdos entre las partes en disputa en las zonas conflictivas. Sin embargo, en algunas de ellas, los campesinos han declarado que nunca han oído o visto ese esfuerzo.
A comienzos de este mes, el gobierno pidó al parlamento que aprobara un presupuesto anual especial de 100 millones de dólares para respaldar las negociaciones en zonas de conflictos agrarios y poder ayudar así con proyectos productivos a los campesinos que resulten perdedores en las disputas judiciales. (FIN/IPS/dc/dm/dv ip/02
