La pena de cárcel que el gobierno de Malasia impuso a inicios de este mes contra los inmigrantes indocumentados provocó un masivo éxodo de trabajadores indonesios, que retornan sin esperanzas a su país.
Según la nueva legislación, unos 300.000 trabajadores inmigrantes sin visa y quienes los alberguen se arriesgan a seis meses de cárcel y a un castigo físico de 10 azotes.
Las autoridades concedieron un plazo de dos semanas, hasta el 15 de este mes, para que los inmigrantes indocumentados reúnan sus pertenencias y abandonen el país.
En la primera jornada de operativos sobre unos 30.000 inmigrantes de Sabah, en la isla de Borneo, las autoridades arrestaron a más de 2.500 personas y demolieron 227 viviendas precarias, de acuerdo a fuentes policiales.
Los arrestados en un operativo similar el martes, la mayor parte filipinos e indonesios, permanecen en campamentos de detención y serán deportados tan pronto como sea posible, agregaron.
Se trata de la medida más severa que Malasia adopta contra el flujo de inmigrantes, e involucra esfuerzos concertados de la policía y el ejército para perseguir y deportar a inmigrantes sin visa.
Vivimos con temor. He decidido no volver a Malasia, dijo el indonesio Fandi Ahmad, padre de dos hijos, quien laboraba en una plantación de palma de aceite en Sandakan, en el meridional estado malasio de Sabah, antes de retornar a Indonesia.
Al igual que en el resto de Asia meridional, la economía de Malasia permanece estancada por los negativos efectos de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos.
Sin embargo, el país ya había retirado la alfombra de bienvenida a los trabajadores inmigrantes luego de la crisis financiera regional de 1997.
En este panorama es fácil perseguir a los más vulnerables, los trabajadores extranjeros indocumentados, advierten los críticos.
Las expulsiones se llevan a cabo apelando a la necesidad de imponer la ley y el orden, y culpando a los trabajadores extranjeros de la creciente criminalidad que sufre el país, agregaron.
Se estima que unos 300.000 trabajadores indocumentados, la mayoría indonesios, dejaron Malasia desde que en marzo las autoridades pusieron en vigor una plan de amnistía, pero una cantidad similar permenece en el país.
Aunque la mayor parte de los indocumentados son indonesios (244.000), también residen en Malasia unos 19.000 indios, 17.000 bengalíes, así como filipinos y birmanos.
Otros 750.000 trabajadores extranjeros cuentan con permisos de residencia y trabajo en este país de 23 millones de habitantes.
Del otro lado de la frontera, el gobierno indonesio ve el asunto de otro modo.
Creo que hasta cierto punto (el gobierno malasio) debería agradecer a los trabajadores indocumentados. Ellos han ayudado al desarrollo de las empresas. Muchos empresarios se aprovechan de su debilidad, pues (empleándolos) no tienen que pagar impuestos, dijo el ministro de Bienestar Social y Cooperativas de Indonesia, Yusuf Kalla.
Así que sería bueno que actuaran con un poco más de justicia en este caso, agregó.
La atribulada economía de Indonesia no puede ofrecer puestos de trabajo a cientos de miles de repatriados, pues el país de 220 millones de habitantes ya tiene casi ocho millones de desempleados y 30 millones de empleos precarios.
El gobierno de Indonesia procura que Malasia autorice la permanencia de casi 300.000 indonesios mientras tramitan sus permisos de residencia, pero choca con la resistencia de Kuala Lumpur.
El jueves, el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, se reunió con la presidenta de Indonesia, Magawati Sukarnoputri en Bali, Indonesia.
Si Malasia no coopera, podemos enviar más trabajadores ilegales o llevarnos a todos, los legales e ilegales, amenazó el ministro de Trabajo de Indonesia, Jacob Nuwa Wea, tras una reunión de gabinete esta semana.
Me siento como si viera a soldados israelíes buscando y acosando las aldeas palestinas en (la franja) de Gaza, dijo el trabajador social Hajarullah Aswad, quien supervisa la deportación de indonesios en el islote de Riau, en la noroccidental Sumatra.
Durante los años de bonanza económica de la pasada década, los trabajadores mal pagos procedentes del exterior ayudaron a Malasia a lograr un notable crecimiento del producto interno bruto.
Pero el nuevo escenario se vuelve contra los inmigrantes, provoca amargas diferencias entre los dos vecinos de Asia sudoriental y amenaza con dificultar la situación de la industria malasia.
Dada la dependencia en la mano de obra indocumentada, la Federación de Fabricantes Malasios sostuvo que la expulsión de inmigrantes afectará duramente a los sectores agrícola y de la construcción.
La Federación de Empleadores Malasios admitió que casi la mitad de la fuerza laboral de la construcción está conformada por trabajadores sin permisos de residencia.
Hasta hace tres meses empleábamos a mil trabajadores, todos de Indonesia, pero ahora la plantación de palma de aceite está desatendida pues muy pocos continúan trabajando, dijo a un canal de televisión local el terrateniente Mostin bin Marzuki de Tawao, estado de Sarawak.
Temo que el negocio colapse pronto, agregó.
Activistas y sindicatos indonesios aseguraron que Yakarta no está haciendo lo suficiente para salvaguardar los intereses de sus ciudadanos.
Una coalición de sindicatos y organizaciones no gubernamentales anunció el miércoles un litigio contra el gobierno indonesio por no proteger los derechos de sus ciudadanos trabajando en el exterior.
Además, el Consorcio por la Defensa de los Trabajadores Indonesios Migrantes establecerá centros de información y de denuncias en los puestos fronterizos para registrar las quejas de los indonesios deportados de Malasia.
La organización reclamó a Yakarta que compense a los repatriados por las pérdidas sufridas a causa de su negligencia.
Sin embargo, si esas pérdidas fueron provocadas por el gobierno malasio, Indonesia debe demandar la compensación mediante mecanismos del derecho internacional, sostuvo la coalición. (FIN/IPS/tra-eng/ky/aag/as/dcl/lb/pr/02
