El Congreso de Diputados de España resolvió este lunes por amplia mayoría iniciar el proceso para ilegalizar a Batasuna, el partido político que apoya y es apoyado por el grupo ilegal ETA.
La Comisión Permanente del Congreso, integrada por 49 diputados de todos los partidos con representación parlamentaria y que sólo funciona durante el receso de ese cuerpo, fue convocada especialmente para tratar el caso por iniciativa del gobernante Partido Popular (PP) y de la principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Batasuna no logró los votos suficientes en las últimas elecciones para tener representación en el Congreso.
Sin embargo, Batasuna sí posee representación en el parlamento vasco y con su presencia o ausencia en votaciones en las que se requiere una mayoría calificada permite o impide la aprobación de leyes o declaraciones propuestas por la coalición de gobierno en esa región.
El moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), su escisión, Eusko Alkartasuna (EA), e Izquierda Unida (IU, la coalición basada en el Partido Comunista) gobiernan coaligados la Comunidad del País Vasco, una de las 17 que integran España.
La Comisión Permanente decidió por 41 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones convocar un Pleno Extraordinario para el 26 de agosto, con el fin de tratar la propuesta del PP y del PSOE.
Esa presentación conjunta pide al gobierno que instruya a la Fiscalía General del Estado para que plantee la ilegalización de Batasuna ante el Tribunal Supremo, un trámite que se realizaría el primer día hábil de septiembre, cuando esa instancia judicial reanude sus tareas.
El PP y el PSOE consideran demostrado que Batasuna es el brazo político de ETA, un grupo surgido en los años 60 durante la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).
La ETA sigue cometiendo atentados indiscriminados a pesar de que en España, incluido el País Vasco, rige un sistema democrático con amplio respeto a los derechos humanos y a la libertad.
En ese sentido, los críticos de ETA y Batasuna mencionan a menudo que un etarra condenado por asesinato, Josu Ternera, liberado tras haber cumplido la pena mínima, es ahora diputado autónomo y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco.
Los impulsores de la ilegalización se basan en la ley de partidos políticos, aprobada en junio y que establece las situaciones en las que un grupo político debe ser declarado ilegal.
Varios hechos han sido invocados para comenzar el proceso, pero de ellos se destacan tres, según Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, ubicada en la ciudad del mismo nombre en el extremo noroccidental de la península ibérica.
La ley establece que un partido será ilegalizado cuando su actividad vulnere los principios democráticos, con alguna de las siguientes conductas: vulnerar sistemáticamente los derechos fundamentales, fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para conseguir objetivos políticos, y complementar y apoyar la acción de organizaciones terroristas.
Los parlamentarios destacaron que Batasuna se negó a condenar el asesinato de una niña de seis años y de un hombre de 57 años, cometidos por ETA el 5 de este mes, y que concejales de ese mismo partido hicieron amenazas públicas de violencia contra sus homólogos del PP y el PSOE.
Ruiz Miguel sostuvo que la ilegalización de Batasuna es una necesidad de nuestro Estado de Derecho. Pero unos jueces concuerdan con él y otros no.
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura señaló que legalmente se debe sancionar tanto los apoyos expresos o tácitos al terrorismo, y apuntó, a modo de ejemplo, que la no condena de un atentado por un partido es similar a la omisión de socorro a un herido en cualquier circunstancia.
Otra asociación representativa, como es Jueces para la Democracia, indicó por boca de su portavoz, Juan Luis Rascón, que las acciones de apoyo al terrorismo deben ser activas y no pasivas para poder ser condenadas.
Por su parte, el portavoz de los diputados del PNV que votaron en contra de iniciar las acciones de ilegalización, Iñaki Anasagasti, entiende que se trata de un acuerdo para excluir al nacionalismo en su conjunto.
Los parlamentarios que se abstuvieron fundamentaron su actitud en que no debía ser el Congreso el que adoptara esa iniciativa, sino otras instancias, como el gobierno.
Por otro lado, ETA difundió un comunicado amenazando a los partidos que apoyan la ilegalización, y aseguraron que una decisión de ese tipo sólo servirá para agravar el conflicto y alejar la pacificación del País Vasco.
Tras conocer ese comunicado, el dirigente de Batasuna, Joseba Alvarez, declaró que ETA no hace más que constatar que por el camino de la ilegalización no se puede ir a ningún lado.
Entre otras cosas, la ilegalización obligaría a Batasuna a dejar el mando de varios municipios pequeños en el País Vasco y la caducidad de todos sus cargos electivos, tanto concejales municipales como diputados autonómicos.
Otro hecho importante sería que ese partido político no podría presentar candidatos a las próximas elecciones y, en particular, para los comicios autonómicos y municipales que se realizarán en mayo en España.
Además, Batasuna perdería los sueldos de sus concejales y diputados, así como las subvenciones que el Estado otorga a los partidos políticos, y no podría utilizar espacios gratuitos en la radio y la televisión públicas como ha hecho hasta ahora.
El PP y el PSOE cuentan en el Pleno Extraordinario con los votos suficientes para que se apruebe la propuesta presentada en la Comisión Permanente.
Además, en medios jurídicos existe unanimidad en considerar que en el Tribunal Supremo hay suficientes votos favorables a la ilegalización de Batasuna y que el proceso hasta llegar a la votación y apoyo podría llegar hasta marzo de 2003. (FIN/IPS/td/dm/ip/02
