El juez Baltasar Garzón suspendió este lunes en España las actividades de Batasuna, el brazo político de la organización ilegal ETA, y el Congreso de los Diputados encomendó al gobierno que inicie otro proceso judicial para ilegalizar a ese partido.
El fiscal que interviene en el proceso, Jesús Santos, calificó a Batasuna de instrumento de ETA y exigió a Garzón la decisión tomada por ser imprescindible como medio para evitar el suministro de fondos económicos que faciliten la comisión de nuevos atentados terroristas.
Paralelamente, el Congreso de Diputados resolvió por amplia mayoría solicitar al gobierno del centrista José María Aznar que inicie ante el Poder Judicial el proceso para ilegalizar a Batasuna.
Garzón, aplicando artículos del Código Penal, dispuso la suspensión de actividades de Batasuna por cinco años, el máximo contemplado por la ley, y la intervención de sus cuentas bancarias, el cierre de sus locales e incluso le prohibió el uso de Internet.
Previamente, este mismo lunes, el juez interrogó a los inspectores policiales firmantes de los informes que vinculan a Batasuna con ETA, para confirmar algunos datos y ampliar otros.
La defensa legal de Batasuna se opuso a la suspensión por considerar que Garzón no es competente para adoptarla. Mientras, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegui, afirmó que él y otros activistas permanecerán en los locales partidarios, ubicados en el País Vasco y Navarra, y que no están dispuestos a desalojarlos.
Un portavoz de la Ertzainza dijo que ese cuerpo de policía dependiente del gobierno autónomo vasco cumplirá con las órdenes del juez. Casi al mismo tiempo, en la ciudad vasca de San Sebastián, próxima a la frontera con Francia, cuatro encapuchados incendiaron un autobús, del que previamente obligaron a descender a los pasajeros.
La disposición de Garzón no afecta a los parlamentarios, concejales y otros cargos electivos que desempeñan miembros de Batasuna. Podrán seguir ejerciendo como tales pero sin hacerlo en nombre de ese partido, organización que tampoco podrá organizar actos públicos.
El Congreso de Diputados, reunido en la capital española, tras un intenso debate, sometió a votación la propuesta no de ley presentada por el gobernante Partido Popular, miembro de la Internacional de Centro Democrático y la principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español.
De los 350 integrantes del Congreso asistieron 334 y sólo votaron en contra de la solicitud al gobierno los ocho representantes del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de su escisión, Eusko Alkartasuna, uno de Izquierda Republicana de Cataluña y otro, de la Izquierda Catalana.
Se abstuvieron 15 diputados de Convergencia i Unió, la coalición que gobierna en Cataluña, ocho de Izquierda Unida, tres del Bloque Nacionalista Gallego y uno de la Junta Aragonesa. A favor votaron 295 diputados.
Batasuna no logró los votos suficientes en la última elección para tener representación en el Congreso de Diputados de España.
Sin embargo, la tiene en el parlamento vasco y con su presencia o ausencia en votaciones donde se requiere una mayoría calificada, permite o impide la aprobación de leyes o declaraciones propuestas por la coalición gobernante en esa región.
El gobierno autónomo es el resultado de la alianza entre el PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida.
El PNV y Eusko Alkartasuna, que condenan a ETA y sus atentados, votaron en contra de la ilegalización por considerar que ese acto viola las libertades democráticas.
Por su parte, el PP y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consideran demostrado que Batasuna es el brazo político de ETA, un grupo surgido en los últimos años de la dictadura franquista (1939-1975) y que aún ahora sigue cometiendo atentados.
Esa posición es apoyada por Mario Onaindía, ex miembro de ETA, condenado a muerte bajo la dictadura franquista e indultado gracias a la presión internacional, y presidente en la actualidad del PSOE en la provincia vasca de Alava.
ETA es la vanguardia armada y Batasuna, junto con otras organizaciones sociales y políticas, es la retaguardia civil, la trama civil que sirve de cobijo a los terroristas y que llevan a cabo las actividades imprescindibles para que siga existiendo ETA, asegura Onaindía.
Entre esas actividades Onaindía menciona, en un artículo publicado este lunes por el madrileño diario El Mundo, el cobro del impuesto revolucionario y la información sobre las víctimas, entre otras cosas.
El denominado impuesto revolucionario es una extorsión practicada sobre empresarios y familias adineradas, a las que se exige una contribución mensual a cambio de no atentar contra ellos ni contra sus bienes.
Los impulsores de la ilegalización de Batasuna se basan en lo establecido por la ley de partidos políticos, aprobada en junio.
La ley establece que un partido será ilegalizado cuando su actividad contradiga los principios democráticos, con alguna de las siguientes conductas: vulnerar sistemáticamente los derechos fundamentales, fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para conseguir objetivos políticos, y complementar y apoyar la acción de organizaciones terroristas.
La disposición de Garzón se aplicará de inmediato, aunque podrá ser recurrida por los abogados de Batasuna ante otros órganos judiciales. (FIN/IPS/td/ff/ip/02
