El principio de que las preocupaciones de salud pública deben prevalecer sobre los intereses comerciales fue aceptado por las organizaciones internacionales encargadas de regular dos materias que son motivo frecuente de controversia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) reconocieron el derecho de los países a adoptar medidas para restringir las importaciones o exportaciones cuando sea necesario para proteger la salud y la vida de las personas o preservar animales y vegetales.
La jurisprudencia de la OMC ha establecido claramente que sus miembros tienen el derecho indiscutible de determinar el nivel de protección de la salud que estimen necesario, admitió Miguel Rodríguez Mendoza, uno de los cuatro subdirectores de la institución.
La tensión entre el derecho a la salud y las normas multilaterales de comercio ha perturbado a la OMC prácticamente desde su nacimiento, en 1995, y en particular sus relaciones con la sociedad civil.
Organizaciones no gubernamentales especializadas, como Médicos Sin Fronteras, Oxfam y Red del Tercer Mundo, libraron desde entonces una campaña para conseguir principalmente que el comercio de medicamentos quedara sujeto a valores universales y no a las reglas del mercado.
Ese principio quedó ratificado en una declaración aprobada en noviembre pasado en Doha, Qatar, por la conferencia ministerial de la OMC.
Un estudio conjunto divulgado este jueves por la OMS y la OMC califica de trascendental la declaración de Doha, porque afirma que los acuerdos comerciales sobre propiedad intelectual deben interpretarse y aplicarse para proteger la salud pública y promover el acceso universal a los medicamentos.
Germán Velásquez, coordinador del programa de medicamentos de la OMS, destacó que la OMC acepta la interpretación de que la declaración de Doha consagra el derecho de los países a usar las excepciones contempladas en los acuerdos comerciales a fin de proteger la salud pública y facilitar la disponibilidad de medicamentos.
Los funcionarios de la OMS subrayaron la importancia que adquiere ese reconocimiento de la OMC, en particular ante la perspectiva de que el debate sobre las relaciones entre las políticas de salud pública y el comercio se reabra en las próximas semanas.
El consejo de los acuerdos de la OMC sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) se reunirá el 17 de septiembre para discutir cuestiones todavía pendientes sobre la protección de las patentes medicinales cuando se presentan casos de urgencia sanitaria.
El acuerdo de los ADPIC acepta cierta flexibilidad en su aplicación, pues permite a los países, en circunstancias determinadas, limitar los derechos exclusivos de los titulares de las patentes, por ejemplo otorgando licencias obligatorias y permitiendo la importación paralela de productos patentados.
El consejo de los ADPIC debe encontrar antes de fin de año una solución al problema del uso de las licencias obligatorias por los países con escasa o ninguna capacidad manufacturera o con una demanda de mercado insuficiente.
Ena esas discusiones se enfrentan habitualmente las representaciones de Estados Unidos y Suiza, que defienden los argumentos de los grandes laboratorios farmacéuticos, con los países en desarrollo, en particular los africanos, apoyados por las organizaciones no gubernamentales.
Pero el estudio presentado por la OMS y la OMC abarca, además de los ADPIC, todos los acuerdos comerciales que se relacionan con la salud y con las políticas sanitarias.
Esos tratados son el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, el Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
Todos esos convenios tienen aspectos controvertidos por su influencia en las políticas de salud.
En el caso de AGCS, que se encuentra en etapa de revisión en la OMC, los países en desarrollo y las organizaciones no gubernamentales han alertado del riesgo de que esa reformas conduzcan a la liberalización de los servicios de suministro de agua, de educación y también de salud.
El trabajo preparado por la OMS y la OMC observa que la liberalización del comercio en servicios de salud ofrece oportunidades si se adoptan las reglamentaciones adecuadas, pues puede contribuir a mejorar la calidad y la eficiencia de los suministros y aumentar los ingresos de divisas.
En algunos países, como Tailandia y Jordania, el sector de la salud funciona como centro regional que atiende a pacientes extranjeros y favorece el aumento del ingreso interno y del empleo.
Otros países en desarrollo, como Cuba, Filipinas e India, exportan sus médicos y enfermeras, lo que genera remesas de divisas, explica el estudio.
Sin embargo, la liberalización de los servicios de salud también presenta riesgos, aceptan la OMS y la OMC. En algunos casos, apuntan, ha agravado los problemas de acceso y equidad existentes en el campo de los servicios médicos y su financiación, en particular los grupos pobres de los países en desarrollo.
Sudáfrica ha perdido decenas de millones de dólares como resultzado de la emigración de médicos. Los países en desarrollo que gastan recursos en el tratamiento de pacientes extranjeros pueden estar desviando recursos que, en otro caso, se usarían para satisfacer la demanda interna, observa el documento.
Las dos organizaciones declaran que el AGCS sólo impone obligaciones generales muy limitadas a sus miembros, que tienen libertad para decidir qué sectores de servicios abrir y qué modos de suministro liberalizar.
La OMS manifestó que se propone seguir de cerca las deliberaciones del Consejo del AGCS y las propuestas que hagan los miembros de la OMC. También evaluará las implicaciones de esas propuestas en materia de salud y difundirá información entre el público, dijo. (FIN/IPS/pc/02
