Activistas por los derechos humanos y altos funcionarios de la ONU criticaron a un tribunal de Indonesia por imponer una sentencia que consideran leve a un ex gobernador de Timor Oriental condenado por crímenes de guerra.
El ex gobernador Abilio Soares fue hallado culpable de ese cargo pero sólo fue sentenciado a tres años de prisión, un período inferior al mínimo establecido de 10 años, señaló el jueves la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson.
La sentencia fue impuesta el miércoles por una corte nacional de crímenes de guerra llamada Tribunal Ad Hoc de Derechos Humanos, con sede en Yakarta, cuya creación el año pasado contó con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Soares podría haber sido condenado a muerte por no hacer nada para detener la violencia en gran escala, organizada y coordinada después del referendo de autodeterminación celebrado en Timor Oriental en agosto de 1999.
En ese referendo, los timorenses orientales se pronunciaron por la independencia de Indonesia, que había ocupado el territorio en forma sangrienta en 1975, tras la retirada de los dominadores coloniales portugueses.
Luego de la votación, paramilitares proindonesios presuntamente respaldados por el ejército de Indonesia perpetraron una ola de saqueos, incendios y matanzas que causaron la muerte a más de 1.000 civiles y el desplazamiento de cientos de miles.
El Tribunal Ad Hoc también determinó el jueves que el ex comandante regional de policía y otros cinco funcionarios policiales, militares y gubernamentales no tuvieron culpa por la ola de violencia.
Estos veredictos demuestran que la ONU debió establecer un tribunal internacional para los crímenes de guerra en Timor Oriental, como los creados para Ruanda y la antigua Yugoslavia, opinó John Miller, de la Red de Acción para Timor Oriental, con sede en Nueva York.
La sentencia del tribunal de Yakarta demuestra que el proceso estuvo mal constituido, dijo Miller a IPS.
El Consejo de Seguridad decidió dar a Indonesia una oportunidad y se la dio, pero ahora le corresponde crear un tribunal internacional, agregó.
Los veredictos de esta semana fueron los primeros surgidos de una serie de juicios por violaciones a los derechos humanos en Indonesia, donde más de 18 militares y civiles están sometidos a proceso judicial por abusos cometidos a fines de 1999 en Timor Oriental.
El nuevo gobierno de Timor Oriental, ahora un país independiente, estableció su propio organismo judicial para juzgar crímenes de guerra y otras violaciones a los derechos humanos, pero Indonesia se ha negado hasta ahora a cooperar con él.
Miller defendió la creación de un tribunal internacional para Timor Oriental con el argumento de que la nueva Corte Penal Internacional sólo puede juzgar los genocidios y crímenes de guerra cometidos luego de su entrada en vigor, el pasado 1 de julio.
La ONU cree que, en el juicio de Soares, los fiscales no presentaron pruebas que presentaran a las matanzas y otros abusos como parte de una violencia generalizada y sistemática, señaló Robinson.
En cambio, la acusación presentaba esos crímenes como resultado de un conflicto espontáneo entre facciones armadas dentro de la sociedad de Timor Oriental, lo cual pone en cuestión la integridad y credibilidad del proceso, observó la funcionaria.
Robinson también expresó preocupación porque hasta la fecha los fiscales sólo han presentado al tribunal una pequeña parte de las pruebas y testimonios disponibles de víctimas y testigos de la violencia de 1999.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional también criticó al tribunal de Yakarta, y señaló que las acusaciones presentadas no se correspondían con las pruebas disponibles.
Los fiscales evitaron deliberadamente probar la naturaleza generalizada y sistemática de los abusos, agregó el grupo con sede en Londres.
Mientras, el juez que pronunció el veredicto contra Soares acusó a la ONU de contratar personal y observadores electorales proindependentistas para el referendo de 1999.
Además, los miembros del tribunal, los fiscales y los acusados afirmaron que la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental (Unamet) cometió irregularidades en la conducción de la votación.
Esas acusaciones son falsas, respondió Fred Eckhard, portavoz de la ONU, en declaraciones a la prensa el jueves.
Las autoridades indonesias y no Unamet eran responsables por la seguridad durante todo el proceso de consulta, y aparte Unamet estaba completamente desarmada, agregó.
Así mismo, una comisión electoral independiente certificó los resultados y no quedó una sola urna sin escrutar, aseguró Eckhard, y añadió que la contratación de personal para Unamet estuvo abierta a todos los timorenses orientales calificados, independientemente de su ideología política.
Por lo tanto, concluyó, no se puede deducir que la violencia fue resultado de irregularidades en la votación, parcialidad o abdicación de la responsabilidad sobre la seguridad de parte de Unamet.
Además, debe recordarse que funcionarios locales fueron asesinados porque trabajaban para Unamet, y que propiedades de la ONU fueron saqueadas y destruidas de manera sistemática, señaló el portavoz. (FIN/IPS/tra-en/td/mlm/hd/02
