DERECHOS HUMANOS-ONU: Polémica por transnacionales

El proyecto en debate en la ONU para establecer los principios de derechos humanos aplicables a las empresas transnacionales suscita divergencias entre organizaciones no gubernamentales ONG especializadas.

Algunos grupos señalan que el texto exagera las restricciones a las empresas transnacionales, mientras que otros le atribuyen corto alcance, resumió Isabella D. Bunn, de Christian Aid, una ONG de ayuda y desarrollo de 40 iglesias de Irlanda y Gran Bretaña.

La discusión llevó a la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París, y a la Organización Internacional de Empleadores, radicada en Ginebra, a proponer que se interrumpieran los trabajos de redacción del proyecto.

En cambio, el Centro Europeo-Tercer Mundo (CETIM), con base en Ginebra, y la Asociación Americana de Juristas (AAJ), con sedes en Buenos Aires y Nueva York, opinaron que el texto desnaturaliza el mandato recibido y representa un salto atrás para los derechos humanos.

Otras organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, de Londres, y Human Rights Watch, de Nueva York, aprobaron en general el trabajo de redacción del proyecto, aunque propusieron cambios para reforzarlo.

La iniciativa, que se discute desde 1998 en un grupo de trabajo de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU, recobró actualidad debido a los escándalos contables en grandes empresas de países industrializados.

La Subcomisión, formada por 26 expertos independientes de países de cinco grupos regionales, cumple funciones de asesoramiento de la Comisión de Derechos Humanos, el máximo cuerpo en la materia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

El grupo de trabajo presentó su proyecto durante el presente periodo de sesiones de la Subcomisión, que se extiende desde el 29 de julio al 16 de este mes.

El borrador establece criterios para regir las actividades de las firmas transnacionales en relación con los derechos humanos, pero también con otros aspectos sociales, como la protección del ambiente y la lucha contra la corrupción.

El documento se denomina ”Principios y responsabilidades en la esfera de los derechos humanos aplicables a las empresas transnacionales y a otras empresas comerciales”.

La referencia a ”otras empresas comerciales” no figuraba en el mandato otorgado por la Subcomisión. Al agregarla, el grupo de trabajo las definió como ”cualquier entidad comercial”.

El representante de CETIM, Malik Ozden, dijo que de esa manera, al ocuparse de cualquier empresa nacional, inclusive de un zapatero o un panadero de barrio, el grupo de trabajo altera el mandato de la Subcomisión.

El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social (UNRISD), de la propia ONU, propuso zanjar el diferendo con el reemplazo de la fórmula ”otras empresas comerciales”, propuesta por el grupo de trabajo, por una referencia a ”tras grandes empresas”.

En lo fundamental, las leyes de derechos humanos se ocupan de la protección de los individuos de las entidades poderosas como el estado, definió UNRISD.

La responsabilidad social empresarial se refiere a asegurar que las grandes empresas, que han adquirido libertades y derechos crecientes en las últimas décadas, tambien asuman responsabilidades proporcionales, insistió.

UNRISD previene que el proyecto será criticado porque tiene un carácter voluntario, no vinculante, y omite mencionar la aplicación de penas para las empresas que no cumplan con los principios.

En ese punto, Alejandro Teitelbaum, representante de la AAJ en Ginebra, opinó que el proyecto privilegia el autocrontrol o el seudocontrol exterior privado y remunerado por las mismas empresas.

Con una declaración de principios de carácter facultativo, el proyecto abre a las transnacionales la puerta de escape a su obligación ineludible de someterse a la ley y a las normas internacionales, insistió Teitelbaum.

Gran parte de las organizaciones no gubernamentales expusieron criterios favorables a la aprobación inmediata del documento por la Subcomisión.

Bunn declaró que Christian Aid sostiene esa posición, pero remarcó que la luz de los recientes escándalos masivos en las grandes empresas estadounidenses, existe un reconocimiento extendido de que ”la autoregulación ha fracasado”.

Entre los miembros de la Subcomisión predomina la convicción de que el texto presentado por el grupo de trabajo requiere aún más exámenes.

En coincidencia, Human Rights Watch sugirió que la Subcomisión propicie la extensión del mandato del grupo de trabajo por otros tres anos.

En ese periodo, el organismo podrá refinar los principios y consultar a las partes interesadas, dijo. (FIN/IPS/pc/dm/hd/02

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