Expertos de la ONU discuten una propuesta de anulación de la competencia de los tribunales militares en el caso de delitos como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y torturas.
El jurista francés Louis Joinet, autor de la recomendación presentada a la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), observó que cada día aumenta el número de civiles juzgados por cortes castrenses.
Esos tribunales entienden cada vez menos en el juzgamiento de personal militar y, por el contrario, se ocupan con mayor frecuencia de casos contra civiles o simplemente contra opositores al Estado, insistió.
Varios de los expertos independientes que integran la Subcomisión lamentaron comprobar la aparición de una nueva tendencia, encabezada por Estados Unidos, de emplear la justicia militar en el combate contra el terrorismo.
La experta argelina Leila Zerrougui dijo que el fenómeno surgió después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
Estados Unidos ha adoptado decisiones en ese terreno que violan las garantías de un juicio imparcial, sostuvo Zerrougui, presidente del grupo de trabajo sobre administración de justicia en la Subcomisión.
Las preocupaciones de los expertos de la Subcomisión fueron compartidas por representantes de organizaciones no gubernamentales especializadas.
Sergio Polifronti, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), mencionó que en el caso de Estados Unidos se emplearon los poderes extraordinarios, concedidos en un estado de excepción, para crear cuerpos seudo judiciales que en los hechos eran órganos de la rama ejecutiva.
Alejandro Teitelbaum, de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), sostuvo que una orden presidencial creó en Estados Unidos tribunales militares secretos.
El informe elaborado por Joinet a pedido de la Subcomisión comprueba que en el campo humanitario existe consenso en cuanto a la necesidad de limitar la función de los tribunales militares, e incluso, de suprimirlos.
Sin embargo, en muchos países es corriente el enjuiciamiento por tribunales militares de miembros de las fuerzas armadas, o incluso de policías, acusados de delitos derivados de graves violaciones de los derechos humanos, precisó.
Joinet subrayó que frecuentemente esa práctica se convierte en fuente de impunidad y pone a prueba la eficacia del derecho a que la causa sea oída con las debidas garantías por un tribunal independiente e imparcial.
El jurista propuso la abolición de la competencia del fuero militar a favor de los tribunales ordinarios para entender en las violaciones graves de derechos humanos, que abarcan ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, torturas y otras.
La Asociación Americana de Juristas sostuvo un criterio más estricto al afirmar que la jurisdicción militar debería ser competente exclusivamente para las cuestiones referentes a la disciplina militar.
Los tribunales castrenses no deberían intervenir en el juzgamiento de ningún caso de delitos comunes, expuso Teitelbaum.
Las recomendaciones de Joinet incluyen también la limitación del secreto militar, la institución como norma y no excepción de audiencias públicas y el fortalecimiento del derecho a la defensa, en particular mediante la eliminación de los abogados militares.
Joinet interpreta que la separación de las jurisdicciones militar y ordinaria se convirtió en una regla durante el periodo de las guerras convencionales, libradas por fuerzas regulares.
En ese contexto, cada jurisdicción militar juzgaba a su propio personal, afirmó.
Pero la justicia militar amplió gradualmente su jurisdicción bajo la influencia de otro tipo de conflictos, como las guerras coloniales y de independencia en Asia y Africa, y de la proliferación de dictaduras militares en América Latina.
En esa época, la justicia militar juzgó también a los combatientes opositores, identificados como rebeldes, guerrilleros o combatientes por la libertad.
La Subcomisión, que está integrada por 26 expertos independientes propuestos por gobiernos de países de diferentes regiones, continuará el examen de la cuestión de los tribunales militares en sus sesiones anuales venideras.
El cuerpo, que sesiona tres semanas por año en Ginebra, cumple funciones de asesoramiento de la Comisión de Derechos Humanos, el máximo organismo especializado de la ONU. (FIN/IPS/pc/dm/hd/02
