Varios grupos de oposición presentaron este martes en Cuba el proyecto de una carta de derechos humanos prevista como base para una nueva Constitución.
Los promotores del debate aclararon en conferencia de prensa que se trata de una iniciativa de carácter civil y no constituye una alternativa al llamado Proyecto Varela, una propuesta presentada al parlamento por disidentes en busca de cambios en el sistema político del país.
El Varela es un proyecto político, precisó Fernando Sánchez, del Partido Solidaridad Democrática, quien aseguró que en el debate sobre derechos humanos podrán participar inclusive militantes del gobernante Partido Comunista.
Los derechos humanos no tienen ideología y sirven lo mismo para socialistas, comunistas, liberales, democratacristianos o socialdemócratas, comentó Sánchez.
La nueva propuesta es impulsada por la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada, que integran los partidos no reconocidos por la ley Corriente Socialista Democrática, Solidaridad Democrática, Movimiento por la Democracia y el Movimiento Acción Nacionalista Independiente, entre otras agrupaciones.
El texto, que consta de 47 artículos, será sometido a la consideración de ciudadanos cubanos residentes en el país y en el exterior, en un proceso que se extenderá hasta el 10 de diciembre.
Se trata de un borrador para que los ciudadanos cubanos puedan escribir y reescribir sobre el tema. Ofrecer una propuesta definitiva a los ciudadanos sin previa consulta sería no respetar su capacidad y autonomía individuales, explicaron promotores de la iniciativa.
Unos 600 activistas repartidos por todo el país promoverán la consulta en torno al documento y recogerán las opiniones en una hoja distribuidas para ese fin, pero sin registrar datos que puedan identificar al encuestado.
Para el proceso también fueron dispuestas 109 casas de consulta, a las cuales podrán acudir los ciudadanos para conocer el anteproyecto, expresar sus consideraciones, proponer enmiendas o expresar nuevas ideas.
Un Comité de redacción final confeccionará posteriormente el texto definitivo de la carta de acuerdo a los resultados de la consulta, explicó Manuel Cuesta Morúa, del partido Corriente Socialista Democrática y moderador de la Mesa.
Cuesta añadió que se espera recoger opiniones de unas 30.000 personas. En dependencia del desarrollo y éxito de ese proceso, en 2003 comenzaría la colecta de firmas de adhesión al documento.
Con ello pretendemos que quienes hayan participado asuman públicamente como propia esa carta y luego apoyen una petición de diálogo con las autoridades, tanto comunitarias como nacionales, sobre derechos humanos, dijo Cuesta.
Opinó, además, que el texto que surja puede ser el piso, el suelo sobre el que debería erigirse una Constitución futura en Cuba, que no debe ser violado ni violentado.
El documento enumera en 35 artículos los derechos individuales, sociales, culturales y económicos, mientras que del 36 al 45 se refieren a los deberes ciudadanos hacia la nación, la comunidad y la persona humana.
Estos derechos y deberes están limitados solamente por los derechos y deberes de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático, señala el texto en un artículo final.
El proyecto indica que Cuba es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero considera necesario precisar los derechos y deberes en las condiciones específicas de la isla de gobierno socialista.
Todo cubano tiene derecho a la vida. Ningún cubano podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado, puntualiza el primero de los artículos que figuran entre los referidos a los derechos de la persona humana.
La legislación cubana contempla un centenar de causales de esa sentencia máxima, aplicada de manera excepcional y jamás en caso de condenados menores de 20 años o mujeres, precisaron expertos consultados por IPS.
El gobierno de Fidel Castro ha defendido la vigencia de la pena de muerte como disuasión ante el recrudecimiento de las agresiones de Estados Unidos y de la existencia de grupos terroristas que operan contra Cuba.
No obstante, el propio Castro alimentó a fines del año pasado conjeturas sobre su posible abolición, al admitir en público que un grupo de juristas analiza alternativas a esa condena.
El proyecto opositor incluye también el derecho de los ciudadanos de la isla al libre movimiento, lo que implica circular y residir en todo el territorio nacional, salir libremente del país y regresar cuando lo estime conveniente.
Un decreto de 1997 regula de manera estricta las emigraciones internas hacia La Habana, en tanto los ciudadanos cubanos requieren de un permiso de salida para viajar al exterior.
Todo cubano tiene derecho a la libre iniciativa económica, por tanto, podrá establecer empresas productivas o comerciales de forma individual o colectiva, asociándose con otros cubanos, con extranjeros o con el Estado, dice el artículo 34 de la propuesta opositora.
El reconocimiento de ese principio requeriría un cambio en la Constitución, según la cual en Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre.
Otros artículos defienden el derecho de huelga, de personas individuales y asociados a crear centros de profesores (la enseñanza cubana es función del Estado y gratuita) o el de libre asociación.
Cuesta Morúa sostuvo que el objetivo de la consulta es que en Cuba se respeten todos los derechos, pero el procedimiento para reclamarlos requiere que éstos sean conocidos por los cubanos. (FIN/IPS.pg/dm/hd/02
