El embargo de Estados Unidos le causó un perjuicio a la economía de Cuba de 643 millones de dólares en 2001, según el informe presentado por el gobierno de Fidel Castro para el 57 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
El documento, que circula desde esta semana en La Habana, asegura que las medidas restrictivas aplicadas por Washington contra Cuba desde principios de los años 60 lesionan también a sectores empresariales estadounidenses, interesados en negociar con la isla.
Si Cuba pudiera desarrollar el comercio con Estados Unidos bajo condiciones normales, las compras cubanas de alimentos a los agricultores de ese país podrían incrementarse a más de 500 millones de dólares por encima de las que se han realizado mediante las licencias actuales, advirtió.
Washington autorizó a empresas estadounidenses la venta de alimentos para asistir a la población de Cuba afectada por el huracán Michelle, que azotó en noviembre casi la mitad del país. Hasta el momento, el valor total de los productos adquiridos bordea los 100 millones de dólares.
Pero el informe descartó que esas operaciones signifiquen una política menos hostil de parte del gobierno estadounidense de George W. Bush, pues se mantuvieron las múltiples restricciones que impone el bloqueo.
La Ley de Reforma de Sanciones Comerciales aprobada en octubre de 2000 por el Congreso de Estados Unidos autoriza la venta a Cuba de alimentos y medicinas, aunque no permite el financiamiento público o privado para la transacción.
Las operaciones realizadas al amparo de esa legislación deben hacerse en efectivo y en barcos de Estados Unidos o de terceros países, además de que no incluyen la contraparte de exportaciones cubanas.
A la vez, la norma exige al Departamento de Comercio estadounidense controlar las exportaciones de productos agrícolas y de salud mediante la emisión de licencias que otorga el Departamento del Tesoro de ese mismo país.
Los productos autorizados para ser exportados a Cuba deben cumplir determinados requerimientos de control y clasificación, atendiendo a las disposiciones dictadas por consideraciones de seguridad nacional.
No es posible concebir racionalmente el desarrollo del comercio entre dos estados soberanos, sin que exista entre ambos un régimen normal de relaciones interempresariales, señaló el informe de unas 20 páginas.
La venta de medicamentos continúa sujeta a disposiciones de la Ley Torricelli, de 1992, según la cual los exportadores de Estados Unidos requieren una autorización específica, concedida caso a caso, con vigencia de 24 meses.
En este caso, el otorgamiento de las licencias está condicionado a que Washington sea capaz de hacer un seguimiento y verificar mediante inspecciones en el lugar u otros medios, el usuario final del producto.
Las limitaciones en esta esfera han constituido una seria amenaza para la salud de la población cubana, provocando serias dificultades para el enfrentamiento de enfermedades como la hepatitis, las enfermedades del tracto gastrointestinal y el dengue, especificó.
El texto cubano agregó que las restricciones impiden a la isla el acceso a tecnologías de punta en el campo de la medicina, sólo disponibles en Estados Unidos, que además restringe el intercambio científico entre los dos países.
Por otro lado, 13 empresas de reconocido prestigio mundial, seis de ellas norteamericanas, se interesaron por proyectos cubanos del área de biotecnología, pero no iniciaron negociaciones debido al embargo, sostiene el documento.
La participación de estas empresas en dichos proyectos hubiera permitido el desarrollo conjunto de una gama de productos, así como el financiamiento para sus procesos de registro y posterior comercialización, explica.
Para La Habana, entre los sectores mayormente afectados por las sanciones económicas de Washington figura el de educación, cuyas limitaciones y restricciones se agudizaron con el recrudecimiento del bloqueo en la pasada década.
A su juicio, esa política intenta impedir el acceso de Cuba a las nuevas tecnologías, a los avances de la ciencia y la técnica, y a las fuentes de financiamiento y créditos para el desarrollo, a través de organismos e instituciones financieras internacionales.
Pese a los efectos adversos del bloqueo, el gobierno cubano ha priorizado la asignación de recursos materiales y financieros indispensables para mantener todas las escuelas abiertas y funcionando en cada curso escolar, reseñó.
El gobierno destinó el año pasado más de 2.300 millones de pesos (igual cantidad en dólares, según el cambio oficial) al Presupuesto de Gastos de la Educación, lo cual representó 8,1 por ciento del producto interno bruto y el más alto presupuesto de toda la historia del país.
Sectores como la alimentación, el turismo, azúcar, níquel, el comercio exterior y la aviación civil figuran también entre los más afectados por el embargo estadounidense, reforzado y codificado en un solo cuerpo legislativo en 1996.
El entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, promulgó en 1996 la llamada ley Helms-Burton, que institucionalizó y congregó las disposiciones existentes desde 1960 en forma de leyes, decretos, órdenes y regulaciones.
Si sumamos las afectaciones de 2001 sólo en nueve sectores de la economía cubana, éstas ascienden a la nada despreciable cifra de 643 millones de dólares, subrayó el texto dirigido al secretario general de la ONU, Kofi Annan.
La Asamblea General de la ONU viene aprobando mociones contra el embargo (que Cuba denomina bloqueo) desde 1992, cuando la votación alcanzó 59 adhesiones en favor de la resolución cubana, tres en contra y 71 abstenciones.
El año pasado, 167 países apoyaron la resolución presentada por la isla bajo el título Necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba. (FIN/IPS/pg/dm/if ip/02
