por Yadira Ferrer
BOGOTA, 12 ago (IPS) El gobierno de Colombia declaró este lunes el estado de conmoción interior para frenar la escalada del conflicto armado, mediante un decreto que restringe libertades y que crea un impuesto destinado a financiar la guerra.
El estado de conmoción interior, dispuesto en horas de la madrugada por el Consejo de Ministros, limita el derecho de circulación y el derecho a difundir noticias por los medios de comunicación, y exige permiso para realizar manifestaciones. La Corte Constitucional debe confirmar la medida.
El decreto también autoriza al gobierno a interceptar comunicaciones con orden judicial y a suspender en sus funciones a gobernantes locales que, en su percepción, perturben el orden público con su gestión.
Así mismo, el estado de conmoción interior faculta al presidente a autorizar a las Fuerzas Armadas, en algunos casos sin orden judicial, a detener personas de las que se tiene indicios de que cometieron un delito.
El gobierno de Alvaro Uribe ya emitió su primer decreto en el marco del estado de excepción, que establece, a partir de octubre, un impuesto de 1,2 por ciento sobre el patrimonio de personas y empresas con bienes por al menos 57.000 dólares.
El impuesto servirá para recaudar 778 millones de dólares que permitirán el reclutamiento de 100.000 nuevos policías y soldados.
El estado de conmoción interior está prevista por la Constitución para casos de grave alteración del orden público o de perturbaciones económicas que atenten contra la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana y la estabilidad institucional.
La declaración del estado de conmoción es fácil de comprender en los momentos excepcionales que vive el país, dada la situación de terror provocada por grupos armados cada vez con mayor capacidad destructiva, dijo el ministro del Interior, Luis Londoño.
Disparos de mortero lanzados, al parecer, por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) impactaron el 7 de este mes en la sede del gobierno, junto al edificio del parlamento, donde Uribe asumía la presidencia en presencia de más de 40 misiones internacionales y varios presidentes.
La ola de atentados dejó ese día un saldo de 19 muertos, la mayoría habitantes de El Cartucho, el barrio más pobre de la capital, a pocas cuadras de la sede presidencial.
El saldo de heridos por ese y otros atentados en el noroccidente de Bogotá ese mismo día fue de 63 civiles y dos soldados, según informes policiales.
Organismos de seguridad indicaron que la escalada de violencia iniciada el miércoles con la llegada de Uribe a la presidencia ya ha dejado al menos un centenar de muertos.
Las FARC abonaron el terreno para que el gobierno de Uribe decretara el estado de excepción y para que la Corte Constitucional, órgano judicial que vigila el cumplimiento de la constitución, refrende el decreto, afirmaron observadores.
La declaración del estado de excepción, apenas cinco días después de la instalación del gobierno de Uribe, deja en evidencia la disposición del mandatario a aplicar mano dura contra las bandas armadas, tal como lo anunció en la campaña electoral.
Las organizaciones guerrilleras desplegarán al máximo su capacidad militar en la nueva coyuntura, dijo a IPS el columnista del diario El Tiempo León Valencia.
La actual situación conjuga crisis y guerra en unas proporciones inéditas en el país, puesto que los alzados en armas se la van a jugar duro para mostrar su capacidad, agregó Valencia.
En esta ocasión hay hechos que inclinan la balanza a favor de la decisión del gobierno, sostuvo el ex magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Gaviria, usualmente opuesto a las normas de excepción por considerar que restringen libertades que no inciden en la perturbación del orden público.
Hay circunstancias completamente nuevas, que no se venían dando de manera tan intensa, como es el terrorismo en las ciudades y las amenazas y atentados contra los alcaldes, indicó Gaviria, senador por el izquierdista y opositor Polo Democrático.
Las FARC han declarado a los 1.097 alcaldes colombianos objetivo militar, en procura de debilitar los poderes locales para fortalecerse y enfrentarse con la política de mano dura anunciada por Uribe.
Pobladores de Piñalito, una localidad rural de 1.500 habitantes, en el norte del país, instalaron antes de la declaración del estado de conmoción interior una puerta metálica en la entrada del lugar, para controlar el acceso y salida de personas.
La puerta (de Piñalito) se abre a las cinco de la mañana, que es la hora en que salen los campesinos a vender sus productos a los centros urbanos vecinos, y se cierra a las 18:30, cuando ya casi todos están en sus casas, dijo a la radioemisora Caracol el líder comunitario Edwin Pajuelo.
Si alguien llega más tarde, llama para que le abran la puerta. La llave esta en manos de una sola persona, a quien todo el mundo conoce y que conoce a todos los del pueblo, y si llega un extraño no le deja entrar, explicó Pajuelo. (FIN/IPS/yf/mj/ip/02)
