El gobierno de Chile confirmó este lunes su propósito de sumarse a la Corte Penal Internacional, pese a que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, podría revocar el acuerdo para vender a este país modernos aviones de combate F-16.
La canciller chilena, Soledad Alvear, dijo que el gobierno de Ricardo Lagos no ha cambiado su intención de lograr que el parlamento ratifique el Tratado de Roma, por el cual se creó la Corte que posibilita juzgar a autores de crímenes contra la humanidad que gocen de impunidad en sus países.
El gobierno de Bush se opone a la existencia de ese tribunal mundial e introdujo una cláusula en su nueva ley Antiterrorista que le permitirá quitar todo tipo de asistencia militar a países que se incorporen a la Corte sin asegurar la protección de ciudadanos y militares estadounidenses.
Medios de prensa y analistas internacionales y de defensa advirtieron este lunes que esa norma podría impedir a Chile la compra de 10 avanzados cazabombarderos F-16 a Estados Unidos, aprobada por Lagos en diciembre de 2000.
La ministra de Defensa de Chile, Michelle Bachelet, informó que hasta la fecha no se ha recibido ninguna notificación de Washington que comprometa o condicione la operación, que implicará a este país sudamericano un gasto de unos 600 millones de dólares.
Agregó que, si se materializara esa restricción, Chile tendría que buscar otros proveedores de equipos militares.
Yo no quiero hacer política de ficción, porque nada de eso se nos ha planteado (desde Washington). Espero que no sea así, porque si empezamos a tener restricciones diversas, vamos a tener que empezar a plantearnos otras alternativas, expresó la ministra.
Chile adhirió al Tratado de Roma durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) en septiembre de 1998, pocas semanas antes de que el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) fuera arrestado en Londres, donde permaneció por 502 días, hasta marzo de 2000.
El presidente Lagos propuso este año la ratificación del tratado al Parlamento, pero el trámite fue bloqueado en el Senado por el Tribunal Constitucional.
Según esa instancia, la ratificación de la Corte Penal Internacional en Chile requiere previamente de una reforma de la Constitución, en la cual se consigne que el Estado chileno cede soberanía jurisdiccional a favor de ese tribunal mundial, que se instaló el 1 de julio en La Haya.
Ese tropiezo, considerado por algunos legisladores oficialistas como un descuido del gobierno, impidió que Chile formara parte este año de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, con sus ratificaciones, le dieron nacimiento a la Corte Penal Internacional.
Lagos ya envió al Poder Legislativo la requerida propuesta de enmienda de la Constitución, que debería ser aprobada sin dificultades en la Cámara de Diputados, pero que podría encontrar obstáculos en el Senado, donde la presencia de los sectores duros de la oposición derechista es más fuerte.
Daniel Prieto, un consultor de asuntos políticos, estratégicos y de defensa, explicó que la oposición derechista se niega a votar la ratificación del tratado porque es darle a un tribunal internacional un poder sobre ciudadanos chilenos y sobre hechos que ocurren dentro de Chile.
Ese mismo argumento fue usado profusamente por los partidarios de Pinochet para reclamar su liberación mientras permaneció arrestado en Londres y para oponerse a su extradición a España, donde el juez Baltasar Garzón quería procesarlo por crímenes contra la humanidad.
El ex canciller y actual senador Gabriel Valdés respaldó las declaraciones de las ministras Alvear y Bachelet y dijo que le parecería inconcebible que Estados Unidos castigara a Chile, cuando lo que haremos es ejercer nuestra soberanía política.
Cuando Chile ratifique plenamente la Corte Penal Internacional concurrirá a perfeccionar un sistema legal que permita castigar a culpables de crímenes contra la humanidad, sobre todo cuando esos crímenes han quedado impunes en los países donde se han cometido, agregó Valdés, del cogobernante Partido Demócrata Cristiano.
La defensa de los derechos humanos y de la democracia requiere de normas jurídicas universalmente aceptadas, subrayó Valdés, luego de recordar que el Tratado de Roma contempla facultades especiales en favor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Esos miembros son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China.
La fuerza aérea de Chile optó por dar prioridad a los F-16 de Estados Unidos por sobre aviones de combate de Francia y Suecia, luego de un proceso de negociaciones y selección que se prolongó por cinco años.
Si se materializa la compra, los aparatos comenzarán a llegar a Chile en 2004.
La armada chilena está también interesada en negociar en Estados Unidos la adquisición de fragatas para su flota de guerra. (FIN/IPS/ggr/dm/hd ip/02
