La liberación en Venezuela de tres imputados por abrir fuego sobre manifestantes el 11 de abril complica la búsqueda de la verdad sobre acontecimientos que conducirían a una tentativa de golpe de Estado.
Un tiroteo que costó la vida a 18 personas puso fin aquel día a una marcha en Caracas de centenares de miles de opositores. Hubo también decenas de heridos, y desde entonces, simpatizantes del gobierno y la oposición se acusan mutuamente de los hechos.
Las víctimas del 11 de abril son el nudo de la crisis política venezolana, y el jueves, al cumplirse tres meses de los hechos, centenares de miles de opositores que exigen la renuncia del presidente Hugo Chávez marcharon por las calles de la capital al grito de ¡Prohibido olvidar!.
El parlamento ha diferido varias veces, por desacuerdo entre las casi igualadas fuerzas del oficialismo y la oposición, la aprobación de una ley para crear una Comisión de la Verdad destinada a establecer responsabilidades y abrir caminos a la justicia y a la reconciliación nacional.
El vídeo más difundido por la televisión desde la noche del 11 de abril —cuando militares encabezados por el jefe del ejército depusieron a Chávez y colocaron en su lugar al empresario Pedro Carmona— muestra a varios seguidores del oficialismo disparando sus pistolas desde un céntrico puente sobre manifestantes opositores.
En los desórdenes del 11 al 14 de abril murieron en total 85 personas.
Varios de los pistoleros de puente Llaguno, como les bautizaron la prensa, la televisión y la radio —de oposición en su inmensa mayoría— fueron identificados y detenidos para ser procesados. Pero el jueves quedaron en libertad por decisión de la jueza Norma Sandoval.
La magistrada encontró fallas de forma en la acusación intentada por los fiscales y dispuso el sobreseimiento de la causa. Aunque dio una nueva oportunidad a la Fiscalía para reelaborar la acusación y el Ministerio Público anunció que apelará la decisión.
Disparé mi arma contra unos francotiradores que nos disparaban, como puede verse en otros vídeos y no en el que más se ha mostrado. ¡Vivan la revolución bolivariana y el presidente Chávez¡, dijo al salir en libertad el concejal de Caracas Richard Peñalver, uno de los procesados.
Los fiscales no pudieron demostrar quién fue la víctima del homicidio que imputaban a mi defendido, señaló a su vez el abogado de Peñalver, Michael Mofreno. Agregó que, según investigaciones de la policía, difícilmente los muertos en el centro de la ciudad cayeron por los disparos de Peñalver.
La decisión de Sandoval me deja boquiabierto, declaró por su parte Juan Carlos Sosa, abogado de un grupo de víctimas del 11 de abril. Pudo haber errores en la elaboración del expediente, pero no se justifica semejante medida desde el punto de vista jurídico o humano.
Existe una mano peluda en el Ministerio Público para obstaculizar la investigación. Estamos en manos criminales, deploró Sosa.
El fallo de la jueza no goza de ninguna lógica y es un irrespeto al poder judicial. Sabemos que muchas de las víctimas estaban muy cerca del puente Llaguno, afirmó Carlos Prince, de la Fundación No Olvidemos el 11 de Abril.
Liliana Ortega, quien dirige desde 1989 un comité de familiares de víctimas del estallido social de aquel año, conocido como el Caracazo, dijo que es absolutamente inaceptable que la justicia y el estado de derecho se sacrifiquen en nombre de meras formalidades.
Los casos de abril están en la más absoluta impunidad, indicó Ortega. Así mismo, reiteró el pedido de la oposición de renovar el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.
La Coordinadora Democrática, que reúne a partidos y organizaciones sociales de oposición, dijo estar ante una profanación de las tumbas de las víctimas de abril, en un texto en el que, además, anunció que únicamente dialogará sobre el cuándo y el cómo debe salir Chávez de la presidencia.
La sustitución del presidente debe realizarse rápida y legalmente, agregó la Coordinadora Democrática.
En previsión de que se agote el mecanismo de las grandes marchas que reclaman la renuncia del presidente —la del jueves mostró fisuras en el bloque opositor—, las cúpulas empresariales y sindicales consideran lanzar una nueva huelga general, entre otras acciones de calle.
Los trágicos acontecimientos del 11 de abril se produjeron en la tercera jornada de una huelga general organizada por las mayores asociaciones de empresarios y trabajadores.
Ese contexto político, más la lentitud o las irregularidades en las actuaciones de la policía y de la Fiscalía, alejan la posibilidad de un resultado de justicia en el caso de las víctimas de abril.
Mientras, la justicia por establecerse no termina de nacer en forma de Comisión de la Verdad.
El parlamento acordó en una primera discusión en que la Comisión debía ser independiente de los poderes públicos e integrarse con personalidades propuestas por instituciones reconocidas en la defensa de los derechos humanos y la paz.
Pero la segunda y definitiva discusión se atascó, al discrepar oficialismo y oposición sobre los requisitos específicos exigibles a los miembros de la Comisión, y acerca de si las organizaciones que propongan candidatos deben tener o no, como único ámbito de acción, la defensa de los derechos humanos.
Tampoco una serie de interpelaciones parlamentarias realizadas en junio a militares y civiles protagonistas del golpe y del contragolpe que repuso a Chávez en la presidencia el 13 de abril arrojaron luz suficiente sobre los asesinatos, por las que se siguen culpando el oficialismo y la oposición. (FIN/IPS/jz/ff/ip/02
