Los ataques en Pakistán contra supuestos blasfemos, lanzados por extremistas religiosos que toman la ley en sus propias manos, frustran los esfuerzos del presidente Pervez Musharraf por poner fin a los excesos basados en la ley de blasfemia.
Los críticos señalan que líderes islámicos han actuado a la vez como abusadores y custodios de una ley que prevé la pena de muerte como castigo máximo y que fue promulgada por el presidente de facto Zia ul Haq en 1981.
Los abusos son tan graves y frecuentes que la policía suele detener rápidamente a los supuestos blasfemos y mantenerlos en la cárcel por largos períodos para protegerlos de la ira de los mulás.
Seis personas recibieron sentencias en base a la ley de blasfemia el año pasado. De ellas, tres fueron condenadas a muerte y las otras a largos años de prisión, según destacó la independiente Comisión de Derechos Humanos de Pakistán.
Los procesados en 2001 fueron 51, tres de ellos mujeres, e incluían tanto a musulmanes como a no musulmanes.
Ni la prisión es un lugar seguro para los acusados de blasfemia.
Yousaf Alí, un humanista que escribía sus opiniones en periódicos y organizó en 1997 la Asamblea Mundial para la Excelencia Humana, fue muerto a tiros el 11 de junio por otros reclusos en la cárcel de la septentrional ciudad de Lahore.
Las ideas de Alí enfurecieron a un grupo religioso ortodoxo llamado Aalmi Majlis Khatme-Nabowat Pakistán, formado para defender la idea de que Mahoma fue el último profeta de Dios.
El grupo acusó a Alí de presentarse como profeta, lo consideró hereje y lo denunció a la policía.
Un tribunal de primera instancia lo condenó a muerte en agosto de 2000. La apelación del veredicto estaba pendiente ante un tribunal superior cuando fue asesinado.
Este mes, Zahir Shah, de 40 años, fue linchado por unas 300 personas a instancias de un mulá.
Los problemas de Shah comenzaron en 1994, cuando el sacerdote local lo acusó de profanar el Corán e insultar al profeta Mahoma. Shah estuvo tres años en prisión y luego fue liberado bajo fianza, tras lo cual se mudó a la ciudad de Faisalabad.
Pero su regreso a su casa en la oriental provincia de Punjab, ocho años después, enojó al mulá, que usó los altavoces de una mezquita para incitar a la gente a lapidar al que llamó apóstata.
Activistas de los derechos humanos señalaron que los casos de Shah y Alí no son incidentes aislados.
Además, desde que el gobierno lanzó discretos esfuerzos para modificar la ley de blasfemia y poner fin a los excesos, los grupos fundamentalistas decidieron castigar a los acusados por sí mismos, agregaron.
La violencia contra los acusados de blasfemia, aun dentro de las cárceles, ha aumentado en forma constante en los últimos dos meses, afirmó Joseph Francis, coordinador del Centro de Asistencia Jurídica (CLAAS).
Al menos 11 personas acusadas de blasfemia fueron acosadas o golpeadas en los últimos dos meses en varias cárceles de Punjab, y el CLAAS recibe continuas denuncias de acoso en otros lugares, según Francis.
Pervaiz Masih, un ex director de escuela preso por blasfemia, fue atacado el 17 de junio por otro recluso.
Estaba durmiendo cuando un hombre comenzó a golpearme, relató, y agregó que el atacante rompió una Biblia y otros libros sobre el Cristianismo dentro de la celda.
Masih llamó a su cuñado y éste pidió ayuda al CLAAS, que por varios años ha intentado que los acusados de blasfemia sean mantenidos separados de los otros presos.
Otra víctima de la ley de blasfemia es Younas Sheikh, un médico y profesor detenido en octubre de 2000 luego de que algunos de sus alumnos encontraran que algunas de sus clases eran ofensivas contra el profeta Mahoma.
Un tribunal de primera instancia lo condenó a muerte en agosto de 2001. Sheikh recurrió a una corte superior, y desde hace 10 meses espera que su apelación sea escuchada.
Esta ley pakistaní de linchamiento religioso está abierta a todo tipo de abusos a través de los sádicos mulás, mediante violencia o amenazas, para fines de represión política, religiosa y sectaria en base a un concepto vago e indefinido de blasfemia, escribió Sheikh desde una cárcel de Islamabad.
El 18 de agosto de 2001, una corte de Islamabad me condenó a muerte en virtud de la ley de blasfemia, sin prueba alguna de los cargos en mi contra, debido a amenazas de terroristas islámicos y de los mulás de la organización religiosa tipo nazi Aalmi Majlis Khatme-Nabowat Pakistán, relató.
Incluso mis abogados fueron amenazados con un 'fatwa' (decreto religioso) de apostasía y recibieron amenazas a la vida de sus hijos, por lo tanto el debido proceso no existió, dice la carta, de la cual IPS obtuvo una copia.
Sheikh urgió al presidente Musharraf a derogar la ley de blasfemia y a liberar a todas las personas presas por esa norma.
Pero el gobierno se mueve con precaución, luego de que extremistas religiosos bloquearan en abril de 2000 su intento de exigir que un alto funcionario de gobierno investigara las denuncias de blasfemia antes de iniciar un proceso judicial.
El ministro de Asuntos Religiosos, Mahmood Ahmed Ghazi, destacó que la pena de muerte no puede aplicarse a no musulmanes, pero el ministro de Leyes, Jalid Ranjha, trata de evitar también los excesos contra musulmanes.
Ranjha destacó que los fatwas son ilegales en Pakistán, y que si se comete algún crimen en nombre de un fatwa, éste se transforma también en un crimen. (FIN/IPS/tra-en/ni/js/mlm/cr- hd/02
