La Unión Europea (UE) se propone adoptar a fines de año una política común sobre deportación de inmigrantes ilegales a su país de origen.
La Comisión Europea, rama ejecutiva de la UE, urgió a los 15 estados miembros del bloque a armonizar sus normas y a crear una política común de asilo e inmigración.
Los jefes de Estado y de gobierno de la UE respaldaron en principio la adopción de una política común en la cumbre celebrada en junio en la sudoccidental ciudad española de Sevilla.
La Comisión Europea inició un proceso de consultas al Parlamento Europeo, terceros países asociados con el bloque, organizaciones no gubernamentales y académicos, entre otros.
Varios cientos de personas participaron el 16 de este mes en una reunión organizada en Bruselas por la Comisión Europea, entre ellas representantes de gobiernos locales y nacionales, de instituciones de la UE, de organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
Debemos decir que no a personas que no cumplen los requisitos para inmigrar, dijo en la reunión el representante de la Comisión Europea Gustaaf Borchardt.
Pero si decimos que no, debemos afrontar las consecuencias de esta decisión. La política de repatriación es necesaria e inevitable, agregó Borchardt.
De acuerdo con la iniciativa de la Comisión Europea, las normas comunes implicarán el reconocimiento recíproco de las deportaciones, de modo que todos los países de la UE deberán cumplir la orden de abandonar el país que dicte un gobierno contra un inmigrante.
Las políticas de repatriación son parte de nuestra tradición humanitaria, y la lucha contra la inmigración ilegal significa que la UE puede dar protección adecuada a las personas que la necesiten, sostuvo el funcionario.
La instauración de una política común en la materia es que los refugiados no quieren volver a sus países, sostuvo el representante de la presidencia rotativa de la UE, a cargo en este semestre de Dinamarca, Dorit Horiyck.
La lucha contra la inmigración ilegal es posiblemente uno de los mayores desafíos con que se enfrenta la UE, pero tenemos que encontrar un equilibrio entre una política de retorno eficiente y la necesidad de una política humana, afirmó.
Ochenta por ciento de los residentes ilegales repatriados a su país de origen son devueltos por la fuerza, sostuvo el presidente del intergubernamental Centro Internacional para el Desarrollo de la Política Migratoria (ICMPD), Jonas Widgren.
La mayoría de los participantes en la reunión se refirieron a las ventajas de la partida voluntaria de los inmigrantes ilegales.
La representante del alcalde de Londres Ken Livingstone, Michelle Pritchard, criticó los planes del gobierno británico de deportar a 30.000 solicitantes de asilo al año, y dijo que una intervención social a gran escala dañará las relaciones comunitarias y creará tensión en grandes sectores de minorías étnicas.
Un inmigrante ilegal no es un criminal. La repatriación forzada sólo debe hacerse en circunstancias excepcionales, destacó el representante del Comité Económico y Social de la UE, expresión de la sociedad civil en las instituciones del bloque, Luis Miguel Pariza Castaños
Una persona que no tiene los papeles apropiados sigue siendo un ser humano y tiene los mismos derechos humanos, agregó Pariza Castaños.
Los inmigrantes ilegales a menudo son explotados por los europeos como mano de obra barata y en redes de prostitución, dijo el activista, quien urgió al bloque europeo a incrementar la ayuda al desarrollo a los países pobres para atacar el problema en su origen.
Las organizaciones no gubernamentales participantes en la reunión destacaron la necesidad de la cooperación de la UE con los países de origen de los inmigrantes.
La representante de la Comisión de Iglesias para Inmigrantes en Europa, Doris Peschke, criticó la utilización de la ayuda al desarrollo como instrumento de presión para obligar a los países pobres a recibir a los inmigrantes ilegales repatriados, como propusieron los gobiernos de España y Gran Bretaña.
Si la ayuda al desarrollo se reduce como castigo, esa disminución aumentará los factores que impulsan a la gente a emigrar, en lugar de controlarlos. Este tipo de política podría resultar contraproducente, dijo Peschke.
La activista sostuvo que la UE debe hacer todo lo que esté en sus manos para detener a las organizaciones mafiosas que explotan a las personas que desean emigrar para mejorar sus vidas. (FIN/IPS/tra-en/gh/ss/lp/mj/pr/02
