Organizaciones humanitarias anunciaron este viernes una campaña de desobediencia civil contra una severa ley de inmigración, aprobada el jueves por el parlamento de Italia, que tipifica el delito de ingreso ilegal.
La ley prevé la deportación inmediata de los inmigrantes indocumentados, les niega la asistencia legal gratuita para apelar la medida —que se hará efectiva aunque el afectado la impugne— y dispone hasta cuatro años de cárcel para quienes intenten ingresar por tercera vez sin autorización.
El derecho de residencia sólo se otorgará a los extranjeros extracomunitarios (de fuera de la Unión Europea) que posean un contrato de trabajo, y por un plazo máximo de dos años. Quienes pierdan el empleo podrán permanecer en el país hasta que expire el permiso.
Hasta ahora, las leyes italianas no consideraban delito la inmigración indocumentada, y no relacionaban el permiso de residencia con el trabajo. Ningún residente extranjero era expulsado por no tener empleo.
La nueva ley establece reglas más severas para el reencuentro familiar, pues sólo autoriza el ingreso del cónyuge y el hijo o hija menor del residente extranjero.
Además, obliga al registro de las huellas digitales de los inmigrantes extracomunitarios que soliciten residencia o renovación de residencia, una medida que ya se aplica en Bélgica, y está a estudio en Alemania, Austria y Gran Bretaña.
Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras, entre otras, establecerán una red de solidaridad para los inmigrantes que contravengan la ley, que fue rechazada por los legisladores de la oposición de centroizquierda.
Se trata de un acto de desobediencia civil al límite de la ley, pero en el marco constitucional, como ocurre en Estados Unidos, donde universidades, iglesias y asociaciones dan asistencia a los inmigrantes clandestinos, explicaron las organizaciones.
Otorgaremos hospitalidad a los inmigrantes indocumentados, un techo y un plato de comida, afirmó el sacerdote católico Giancarlo Perego, responsable del área de inmigración de la institución benéfica Caritas.
En su opinión, la ley sólo contribuirá a profundizar la ilegalidad, condición a la que se verán empujaods incluso aquéllos que ya tienen residencia en Italia, arguyó.
Por tanto, no nos queda más que desobedecer porque la obligación es tratar a los inmigrantes como seres humanos, lo cual es prioritario, cualquiera sea la ley, agregó Perego
En Italia, con 58 millones de habitantes, residen algo más de 1,2 millones de inmigrantes extracomunitarios, la mayoría (160.000) procedentes de Marruecos, a los que siguen los de Albania, Rumania, China y Túnez.
El destino preferido de la inmigración es la región central y septentrional. En Lombardía viven más de 300.000 extranjeros, y 246.000 en el Lazio, donde se encuentra la capital del país, Roma.
Uno de cada diez inmigrantes se ocupa en tareas agrícolas temporales, como cosechas, mientras la mayoría cumple labores manuales o trabajos poco remunerados.
Treinta y cuatro por ciento tienen empleos de tiempo completo, 15 por ciento de media jornada y 13 por ciento son jornaleros. El resto de los extranjeros son estudiantes.
El gobierno anunció una medida especial para legalizar la situación de los trabajadores extranjeros cuyos empleadores no cumplen con las contribuciones sociales obligatorias.
Según la medida, los empleadores deberán pagar los aportes correspondientes y estipular un contrato de trabajo regular. Pero esto acabará con el despido de los indocumentados, según las organizaciones humanitarias.
La nueva ley recoge las preocupaciones de la población porque los italianos tenían la sensación de vivir en una casa sin puertas, donde podían entrar todos, incluso aquellos que nosotros no deseamos, como los que dicen que volverán cuando son expulsados, sostuvo el ministro de Políticas Comunitarias, Rocco Buttiglione.
La legislación es misericordiosa, adecuada al corazón de un pueblo que ha sido de emigrantes, depurada de algunos elementos inhumanos y no cristianos, agregó Buttiglione, miembro de la conservadora Unión de Centro Cristiano (UDC).
Sin embargo, los obispos de la iglesia católica italiana se oponen a la ley, según el cardenal Ersilio Tonini, quien dijo temer la reacción de quienes se sentirán discriminados.
La Conferencia Episcopal Italiana consideró discutible el vínculo estricto del permiso de residencia al contrato de trabajo.
El presidente de la Conferencia, cardenal Camillo Ruini, sostuvo que es muy reducido el plazo que se otorga a quien pierde su empleo para ser expulsado, con lo cual el inmigrante no está en condiciones de encontrar una nueva ocupación.
El registro de las huellas digitales es un acto de discriminación y también son criticables las normas sobre el reencuentro familiar, agregó Ruini.
La primera solicitud de ingreso denegado fue contra un artista de Túnez, invitado a participar en un festival internacional de teatro que se realizará en Italia, según denunciaron parlamentarios opositores en un pedido de informes al Poder Ejecutivo.
La solicitud de vis por una semana fue negada por el consulado italiano en Túnez, que consideró que el artista constituía un riesgo de inmigración. El grupo teatral al que pertenece se negó, en protesta, a participar del festival.
Para la ex ministra de Solidaridad Social Livia Turco, autora de la ley de inmigración de 1998 ahora derogada por la nueva legislación, estimó que se trata de una iniciativa con un alto contenido de prejuicios hacia los inmigrantes. (FIN/IPS/jp/dcl/pr/02
