El nuevo gobierno derechista de Francia propone rebajar de 16 a 13 años la edad mínima para condenas a cárcel, una iniciativa criticada con dureza por expertos en leyes y grupos defensores de los derechos humanos.
La propuesta será presentada el próximo miércoles al parlamento, y habilita también aplicar sanciones educativas a niños y niñas de más de 10 años.
Modificar la legislación vigente se ha vuelto necesario, para que las autoridades judiciales puedan reaccionar ante nuevos fenómenos de criminalidad juvenil, afirmó el ministro de Justicia, Dominique Perben.
La ley que rige en la materia, de 1945, establece que la prisión temporal sólo se permite en casos de jóvenes de 16 a 18 años, y no es posible llevar a juicio a menores de 16 años que puedan haber cometido un crimen, señaló.
Perben anunció la intención gubernamental de crear centros cerrados de educación, que no serían prisiones ni centros correccionales para adolescentes en el viejo sentido del término, sino internados para pequeños grupos de hasta 10 jóvenes, quienes serían tutelados para facilitar su reintegración a la sociedad.
Esa iniciativa agita el fantasma de los quartiers des mineurs, prisiones para adolescentes de muy mala fama que existieron en el país hasta los años 70.
Los planes del gobierno implican un gran salto hacia atrás e ignoran la doctrina jurídica especial jurisprudencia que debe prevalecer para la infancia, según abogados, jueces y otros trabajadores del Poder Judicial.
Se trata de un regreso a normas discriminatorias, con base en criterios de clase social, porque el proyecto apunta contra la infancia y la adolescencia en barrios pobres, sostuvo el presidente del Sindicato de Abogados, Bruno Marcuse.
El gobierno se inclina hacia la extrema derecha, y va contra el espíritu que debe presidir el sistema judicial según el presidente de la Asociación de Abogados, Paul Albert Iweins.
Incluso la derechista Unión Sindical de Magistrados declaró que el proyecto ignora la necesidad del trabajo psicológico con la infancia y la adolescencia conflictivas.
La oposición a la iniciativa gubernamental es potenciada por críticas a la represión policial contra niños y jóvenes, en especial los de comunidades de inmigrantes en la periferia de París.
La Liga de Derechos Humanos y el Sindicato de Abogados llevaron a cabo un investigación conjunta sobre la intervención policial en barrios pobres, y concluyeron que ésta se caracteriza por el racismo y el uso indebido de la fuerza.
Los autores de la investigación destacaron que los agentes policiales abusan en forma sistemática de su poder, e intervienen en forma sistemática en los suburbios pobres para revisar los documentos de identidad de los jóvenes, por lo general sin motivo, indicó el presidente de la Liga, Michel Tubiana.
Lo más frecuente es que esas revisiones comiencen sin que se haya producido ningún incidente, y terminen con motines juveniles provocados por la injustificada agresividad de la policía, aseguró.
En todos los casos investigados, la policía informó sobre rebelión e insultos a las fuerzas públicas, conductas tipificadas como delitos con pena de prisión, añadió.
Jóvenes de barrios pobres dijeron a los responsables de la investigación que esas intervenciones policiales son arbitrarias, abusivas y humillantes.
En el informe se describe un incidente en el suburbio pobre de Coudraie, unos 30 kilómetros al sur de París, donde policías insultaron y atacaron a civiles, y desbarataron viviendas de jóvenes inmigrantes, según testigos.
Los testimonios recogidos indican que las fuerzas de seguridad castigaron con bastones a un joven que les pidió que no emplearan violencia, y que le golpearon la cabeza contra el piso, subrayó Marcuse.
Se informó sobre intervenciones policiales similares en otros barrios, con insultos racistas y uso de la fuerza sistemático e innecesario contra jóvenes. El único objetivo de esas intervenciones parece haber sido que los vecinos sintieran la presencia de la policía, según los autores del informe.
La propuesta de sanciones penales más severas contra los menores de 16 años expresa la voluntad gubernamental de afrontar la inseguridad, como prometió el presidente Jacques Chirac desde comienzos de este año, en su exitosa campaña por la reelección.
El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, anunció el miércoles que la propuesta de presupuesto 2002-2007 asignará a la policía y otras fuerzas de seguridad 5.500 millones de dólares más que en el quinquenio anterior, entre otras cosas para crear 14.000 nuevos cargos de policía y construir 11.000 nuevas celdas.
Dirigentes de la oposición izquierdista critican al gobierno por proponer más dureza contra la delincuencia juvenil, mientras prepara un proyecto que evitaría juicios por corrupción a sus principales dirigentes, al fijar un plazo de prescripción de ese delito.
El plazo de prescripción de un delito es un periodo tras el cual se considera extinguida la responsabilidad del autor.
Chirac y su principal colaborador, Alain Juppe, han sido acusados de desviar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia su partido, Unión por la República. Chirac no puede ser juzgado mientras ejerza la presuidencia, pero se espera que Juppe comparezca ante la justicia el año próximo. (FIN/IPS/tra- eng/jg/ss/mp/ip/02
