El nuevo gobierno derechista de Francia estudia fijar un plazo de prescripción del delito de corrupción, que beneficiaría a varias de sus principales figuras, incluso al presidente Jacques Chirac.
El plazo de prescripción de un delito es un periodo de tiempo tras el cual se considera extinta la responsabilidad de sus autores.
En Francia, ese periodo es cinco años para muchos delitos, pero los de corrupción no prescriben, para evitar que los fueros de sus responsables bloqueen las acciones judiciales.
En la segunda mitad de julio, examinaremos la cuestión de los asuntos financieros, en especial para considerar la posibilidad de introducir el concepto de prescripción en la investigación judicial, indicó la semana pasada el legislador oficialista Michel Hinault, de la Unión por la Mayoría Presidencial (UMP).
La UMP es una coalición creada este año, durante la exitosa campaña por la reelección de Chirac.
Debemos hacer frente a esas cuestiones, y darles respuesta, afirmó Hinault, quien señaló que el gobierno podría reformar procedimientos judiciales para lograr el efecto de prescripción, en vez de presentar un proyecto de ley específico.
La mayoría de los procesos pendientes importantes por corrupción se relacionan con la gestión de gobierno municipal de París en el periodo 1977-1995, cuando Chirac era alcalde de la capital y el actual presidente de la UMP, Alain Juppe, también ex primer ministro (1995-1997), era uno de sus colaboradores.
Varios fiscales acusaron a Chirac y Juppe de desviar fondos públicos para pagar a empleados de su partido, Unión por la República, y de cobrar comisiones ilegales por contratos con la municipalidad y con autoridades locales en la periferia de París, para financiar a ese partido.
Esas acusaciones implican manejo ilícito de cientos de millones de dólares, y también se presentaron cargos contra Chirac por malversación de fondos públicos secretos en los dos periodos en que actuó como primer ministro (1974-1976 y 1986-1988).
La Corte de Casación, máximo tribunal penal y civil del país, decidió el año pasado que Chirac no puede ser juzgado mientras ocupe la presidencia, y su reelección este año extendió la vigencia de ese fuero. Sí es posible juzgar a Juppe, quien es en la actualidad alcalde de la sudoccidental ciudad de Burdeos.
Partidos opositores de izquierda consideraron que las declaraciones de Hinault confirman su previo temor de que se prepare una amnistía a responsables de corrupción.
El dirigente centroderechista Francois Bayrou, de la Unión Democrática Francesa, aseguró que se opondrá a cualquier forma de amnistía para ese delito, sea explícita o encubierta.
El 17 de este mes, cuando comiencen las sesiones del nuevo parlamento, las autoridades presentarán una agenda de cinco años para el sistema judicial, y se prevé que la iniciativa sea lanzada en esa ocasión.
El nuevo ministro de Justicia, Dominique Perben, afirmó en un programa de televisión que la amnistía para asuntos de corrupción no es prioridad del Poder Ejecutivo, pero no descartó que se presente una iniciativa en la materia.
La justicia francesa afronta un problema en ese asunto, porque algunos de los procesos han durado demasiado, y crímenes más graves tienen plazo de prescripción, señaló.
Dirigentes de la UMP destacan que la Corte Europea de Derechos Humanos ha criticado que la ley francesa no establezca un límite de tiempo para el juicio de delitos de corrupción, y algunos de esos dirigentes proponen además que se acote la tipificación de esos delitos.
Esa acotación sólo permitiría juzgar los casos en que un funcionario obtenga beneficios reales y personales de una decisión que adopte en el ejercicio de sus funciones, y podría excluir el desvío de fondos en beneficio de un partido.
Noventa por ciento de los casos de corrupción no podrían ser juzgados, si se estableciera para esos delitos el habitual plazo de prescripción de cinco años, aseguró Dominique Barella, dirigente de un sindicato de empleados del Poder Judicial.
Esa reforma también beneficiaría a las empresas privadas acusadas de pagar comisiones ilegales a funcionarios.
¿Cómo explicarán los políticos a los pequeños accionistas de esas firmas que los administradores responsables de crímenes contra el Estado y contra sus propias empresas pueden quedar impunes, sólo porque delinquieron hace más de conco años?, preguntó el opositor diputado socialista Julien Dray. (FIN/IPS/tra- eng/jg/ss/mp/ip/02
