La extensa selva amazónica del oriente y nororiente de Perú es el nuevo escenario de luchas regionales contra el gobierno central, como ocurrió antes con las protestas del sur, que lograron detener la privatización de la energía eléctrica.
Una franja selvática de casi 900 kilómetros de longitud, que va de la sudoriental localidad de Puerto Maldonado hasta la zona central productora de coca, sigue convulsionada tras las violentas movilizaciones campesinas de fines de junio, mientras en el nordeste se acentúa la tensión social.
El presidente Alejandro Toledo se vio obligado a viajar a la nororiental ciudad de Iquitos, en medio de la selva, para apaciguar a la población, y el ministro de Agricultura, Alvaro Quijandría, negoció un alto en las protestas en la selva central y en Puerto Maldonado.
Esa extensa zona exige poner fin a la erradicación de cultivos de coca —de cuyas hojas se saca la pasta básica para la cocaína— y en especial de la fumigación con defoliantes químicos, y rechaza la nueva ley de concesiones forestales.
A esas demandas se le suman otras específicas de cada valle, como la de los recolectores de castañas de Puerto Maldonado, la de productores de café y arroz de la selva central y el pedido de mayor participación en los ingresos fiscales petroleros de la selva norte.
Las gestiones de Toledo y de Quijandría consiguieron detener la protesta campesina amazónica, que tuvo su pico de tensión entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, pero todo el área se mantiene expectante en espera de las huelgas regionales convocadas para el 17 y el 18 de este mes.
Perú prepara una nueva estructura política basada en las regiones norte, centro, sur y oriental, las cuales tendrán una relativa autonomía administrativa y económica del gobierno central a partir de noviembre, cuando se elijan las primeras autoridades locales.
El antecedente más notorio de lucha regional fue el ocurrido a mediados de junio en la sierra sur, donde gobernantes comunales, políticos y grupos sociales se levantaron contra la privatización de los servicios públicos, por considerar que su destino debe ser decidido por las futuras autoridades locales.
El levantamiento popular en Arequipa, que estalló el 15 de junio y que el ejército rehusó reprimir, consiguió que el gobierno de Toledo suspendiera la entrega a una firma belga de la empresa de generación y distribución de energía eléctrica Egesur, que había ganado en subasta internacional.
Luego estalló la llamada guerra de la caoba, que dejó el saldo de un muerto, 23 heridos y el incendio de edificios públicos entre el 26 y el 28 de junio en el central departamento de Madre de Dios.
Los campesinos y pequeños madereros del lugar trataron de detener la adjudicación de concesiones forestales, por entender que favorece sólo a las grandes empresas.
La nueva norma establece la entrega en concesión por 40 años hasta 50.000 hectáreas de bosques para la explotación maderera, con la condición de poner en práctica un manejo adecuado y un programa de reforestación controlado por las autoridades.
El periodista y consultor internacional en asuntos amazónicos Roger Rumrrill precisó que Perú encabeza la lista mundial de países depredadores de bosques, seguido de Brasil, Indonesia, Camerún y Rusia.
Rumrrill añadió que, en el marco de esas condiciones, que aparentemente favorece a los pequeños extractores, 90 por ciento de la exportación de caoba procede de bosques cuya extracción no está permitida.
El experto aseguró que, aunque los protagonistas de los actos vandálicos de Madre de Dios fueron pequeños madereros y recolectores de castaña, éstos fueron en realidad empujados por los grandes exportadores de madera, que les compran la caoba.
El gobierno recuperó el control de Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios, después de dos días, con el apoyo de 600 agentes del cuerpo policial antimotines enviados desde Lima, y prometió discutir con los representantes campesinos la aplicación de la nueva ley Forestal y el proceso de concesiones.
En tanto, productores de coca y café de los valles Monzón, Alto Huallaga y Padre Abad, en la selva central, se movilizaron el 27 de junio para cercar las pequeñas ciudades de la zona y bloquear rutas exigiendo el cese de fumigación de plantaciones con el herbicida spike, de alto poder destructivo para el ecosistema.
La presidenta de los cocaleros del distrito de La Pólvora, Nancy Obregón, informó a los representantes del gobierno que los tripulantes de un helicóptero utilizado para esparcir spike habían sido capturados por los campesinos en el aeropuerto de Campanillas y estuvieron a punto de ser quemados vivos.
Ante la presión de los campesinos, el gobierno anunció la suspensión de la erradicación de las plantaciones ilegales de coca y la formación de una comisión mixta, que en el plazo de 15 días deberá encontrar una solución negociada al respecto.
Ese compromiso fue criticado en Estados Unidos y el embajador peruano en ese país, Allan Wagner, debió aclarar que no se había cancelado el programa de eliminación de cultivos ilegales de coca, sino que había sido suspendido para iniciar un nuevo programa, basado en el financiamiento de cultivos lícitos.
Por su parte, Toledo viajó a Iquitos, la capital del nororiental departamento de Loreto y la principal ciudad de la selva amazónica, para conjurar la amenaza de la huelga regional, en el que se teme puedan repetirse los violentos disturbios de octubre de 1998.
En esa oportunidad murieron cinco personas y varios edificios públicos y bancos fueron incendiados, en protesta por el derecho de navegación fluvial e instalaciones comerciales concedidas a Ecuador, en el marco de los acuerdos de paz suscriptos ese año entre ambos países.
El Frente Patriótico de Loreto, que dirigió la asonada de 1998 promueve ahora un paro para reclamar a Toledo el cumplimiento de sus promesas electorales, que incluyen la anulación de los compromisos peruanos contenidos en los acuerdos con Ecuador.
En Iquitos, mientras sus partidarios se enfrascaban en un intercambio de insultos y algunos pugilatos con manifestantes opositores, Toledo anunció la rebaja de la tarifa de energía eléctrica e inauguró varias obras, pero no pudo evitar la confirmación de la huelga convocada para los días 17 y 18.
Loreto tiene 369.000 kilómetros cuadrados de extensión, casi 30 por ciento del territorio del país, y una población de sólo 368.000 personas. Sin embargo, es una zona fundamental para la economía pues de allí se extrae casi 56 por ciento de los 98.000 barriles diarios de petróleo que produce este país. (FIN/IPS/al/dm/if ip/02
