El brasileño Sergio Vieira de Mello, experimentado funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), asumirá el 12 de septiembre el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en reemplazo de la irlandesa Mary Robinson.
La designación de Vieira de Mello, quien dirigió hasta mayo las operaciones de la ONU en Timor Oriental, responde a una elección del secretario general del foro mundial, Kofi Annan, que fue respaldada por las principales potencias, según fuentes vinculadas a organizaciones de derechos humanos en Ginebra.
El nombramiento de Vieira de Mello será aprobado este martes por la Asamblea General de la ONU.
De Mello llevará a su cargo brillantes antecedentes diplomáticos en la ONU, pero carece de experiencia directa en derechos humanos, dijo este lunes el director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, Kenneth Roth, con sede en Nueva York.
El desafío que afronta será probar su firmeza ante los gobiernos y convertirse en una voz inalterable de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, agregó Roth.
El gobierno de Brasil no presentó candidatos al más alto cargo de la ONU para los derechos humanos, según fuentes diplomáticas de ese país. De hecho, la carrera de Vieira de Mello no registra antecedentes en el gobierno brasileño.
Desde 1969, cuando tenía 21 años, hasta 1997, el funcionario estuvo vinculado a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
Graduado en filosofía y en ciencias sociales en la Universidad de París, será el segundo latinoamericano que ocupe la oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
El cargo fue creado en 1994 por el entonces secretario general del foro mundial, el egipcio Boutros Boutros-Ghali, quien designó como primer comisionado al diplomático ecuatoriano José Ayala Lasso.
La reemplazante de Ayala Lasso, en 1997, fue la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson, una abogada con amplios antecedentes en el campo de los derechos humanos, en particular en la defensa de los derechos de las mujeres de su país.
El desempeño de Robinson desde el palacio Wilson, sede la oficina en Ginebra, despertó reacciones encontradas. Contó con gran adhesión de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, y con críticas de muchos gobiernos, en especial de las grandes potencias, de Israel y de algunas naciones árabes.
Robinson imprimió gran dinamismo a su función. Tomó contacto con operaciones en el terreno, visitó más de 60 países en cinco años, y privilegió las relaciones con los defensores, como se denomina a los líderes de las organizaciones de derechos humanos que trabajan con las poblaciones afectadas.
Pero su postura ante los cambios políticos y legales ocurridos luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos, terminó por sellar su suerte, al ganarse la abierta hostilidad de Washington.
Las relaciones de Robinson con Estados Unidos, Israel y gran parte de los países de la Unión Europea llegaron a un grado profundo de deterioro durante los preparativos y la realización de la Conferencia Mundial contra el Racismo, realizada en 2001 en Durban, Sudáfrica.
Las delegaciones de Estados Unidos e Israel se retiraron disgustadas antes de la conclusión de la conferencia por los intentos de algunos países de vincular el sionismo con el racismo.
Tampoco quedaron satisfechas la mayoría de las representaciones europeas debido a la presión de sus ex colonias y de los países africanos víctimas del esclavismo, para que reconocieran el derecho a la reparación moral y económica a los daños causados por la colonización y la esclavitud.
En ese proceso, Robinson tomó una posición cercana a los países en desarrollo y hasta pocas semanas atrás siguió exaltando las conclusiones de la conferencia contra el racismo.
Durante ese periodo, Robinson impulsó acciones para fortalecer los derechos humanos en Chechenia, donde rebeldes independentistas luchan contra el ejército de Rusia desde 1994. También se interesó por la vigencia de los derechos humanos en China.
En marzo de 2001, cuando comenzaba la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Robinson anunció su decisión de no optar por un segundo mandato. Sin embargo, un mes más tarde y bajo presión de Annan, cambió de opinión.
Pero en marzo de este año comunicó su alejamiento indeclinable. En su resolución fue decisivo el empeoramiento de sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos.
Después del 11 de septiembre, la Comisionada acusó a distintos gobiernos de aprovecharse de los poderes especiales obtenidos en nombre del combate al terrorismo, para restringir la vigencia de los derechos humanos.
Robinson dijo haber recibido informes de organizaciones no gubernamentales, sindicalistas y periodistas de todo el mundo denunciando a gobiernos que, con la excusa de la luchar contra los terroristas, reprimían a opositores y limitaban la libertad de expresión.
La comisionada criticó así mismo el desconocimiento de Washington al carácter de prisioneros de guerra de los combatientes del movimiento fundamentalista islámico Talibán y de la red Al Qaeda, capturados por fuerzas estadounidenses durante la guerra contra Afganistán y alojados en la base militar de Guantánamo, Cuba.
Tras esos episodios, distintas fuentes aseguraron que el gobierno de Estados Unidos había presionado a Annan para que impidiera que Robinson completara su segundo mandato de cuatro años.
Fuentes próximas a Robinson afirmaron que después del 12 de septiembre, cuando traspase su funciones a Vieira de Mello, la comisionada saliente se volcará a tareas vinculadas al desarrollo y la cooperación internacional.
Vieira de Mello se convertirá en el segundo brasileño que ocupa un alto cargo en el sistema de la ONU, pues Rubens Ricupero desempeña actualmente su segundo mandato como secretario general de la Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo.
El también brasileño José Bustani fue separado intempestivamente a comienzos de este año de su cargo de director de la agencia de control de la convención internacional sobre armas químicas.
Como en el caso de Robinson, el alejamiento de Bustani fue impuesto por el gobierno de Estados Unidos. (FIN/IPS/pc/dcl/hd/02