El proceso en Egipto a cuatro policías acusados de maltratar a un detenido hasta matarlo se ha convertido en un juicio a la tortura, una práctica rutinaria y en general tolerada en este país del norte de Africa.
Grupos de derechos humanos consideraron que el caso, el cuarto de tortura llevado este año ante la justicia, forma parte del despertar de la conciencia pública frente al problema y consideraron positivo que el propio Ministerio del Interior promoviera la acción judicial.
La acusación asegura que un comisario de policía y a tres de sus subordinados mantuvieron ilegalmente detenido durante 45 días a Sayed Eissa y su amigo Moustafa Abdel Samie, bajo sospecha de robo de un automóvil, y que los torturaron con golpes y choques eléctricos para arrancarles la confesión.
Eissa murió debido a las lesiones, pero Abdel Samie sobrevivió para denunciar su experiencia.
En la audiencia del domingo 7, el tribunal a cargo del caso otorgó plazo hasta el 5 de agosto a la defensa para presentar su respuesta a los cargos.
El hecho de que el ministro del Interior, Habib El-Adly, haya sido el promotor del juicio es algo muy positivo, destacaron organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Implica un mensaje muy importante, subrayó Hafez Abu Sa'ada, secretario general de la Organización Egipcia para los Derechos Humanos.
Los policías creen que no deben responder por la tortura, pero eso está cambiando. Muchos casos han sido derivados a la justicia… y con esto el Ministerio del Interior advierte a los policías que si cometen actos de tortura serán sometidos a un tribunal, señaló Abu Sa'ada.
Este año, cuatro casos separados de policías y guardias de prisión acusados de tortura fueron derivados a la justicia.
Esto es algo nunca visto antes. Exhortamos al gobierno a continuar con estas medidas, dijo Abu Sa'ada.
Sin embargo, la mayoría de los casos de tortura nunca llegan a la justicia, porque a muchas víctimas se les venda los ojos durante las golpizas para que no puedan identificar a sus verdugos, y además sus familias con frecuencia son amenazadas.
La Organización Egipcia para los Derechos Humanos afirmó que el comisario acusado de matar a Sayed Eissa había amenazado en varias ocasiones a la esposa y los hijos de otro hombre que denunció haber sufrido maltrato físico en detención.
Funcionarios del Ministerio del Interior afirmaron que apenas un puñado de policías son responsables de estos incidentes aislados, pero grupos de derechos humanos sostienen que la tortura es una práctica común en estaciones policiales y cárceles.
Las fuerzas de seguridad de Egipto practican la tortura de manera sistemática, en especial la Inteligencia Estatal de Seguridad, afirmó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la tortura.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, también aseguró que la tortura es una práctica generalizada en los centros de detención de todo Egipto.
Los métodos más comunes son los choques eléctricos, golpizas, latigazos, suspensión de las muñecas o los tobillos, suspensión en posiciones contorsionadas de un palo horizontal y varias formas de tortura psicológica, incluso amenazas de muerte o de violación al detenido o a alguna mujer fmiliar, sostiene el informe anual 2002 de Amnistía.
Muchos ex detenidos relataron sus experiencias en Al-Salakhanah (La carnicería), un centro de interrogación equipado con un primitivo aparato de choques eléctricos, cañas y látigos.
La tortura no sólo es empleada para arrancar confesiones, sino también cuando una familia agraviada le paga a la policía para que detenga y castigue a alguien.
La tortura es la principal característica de los interrogatorios e investigaciones, afirmó Ehab Salam, abogado del Centro de Derechos Humanos para la Asistencia a los Reclusos.
Si bien los últimos juicios sugieren que el gobierno está tomando iniciativas para reprimir la tortura, las medidas están dirigidas apenas contra policías o guardias de prisión. Ningún funcionario del servicio de inteligencia ha sido acusado hasta ahora.
Grupos de derechos humanos exigieron la abolición de la Ley de Emergencia en vigor desde 1981, que otorga a los funcionarios de inteligencia amplias facultades para detener personas en forma arbitraria.
Así mismo, reclamaron que aquellos miembros del servicio de inteligencia acusados de tortura sean despojados de su inmunidad de hecho y llevados a juicio. (FIN/IPS/tra-en/cm/ss/mlm/hd/02
