La industria editorial de Perú clama por una ley que considere a los libros bienes esenciales y los exonere de impuestos, pero choca con el afán recaudador del gobierno, mientras los peruanos leen cada vez menos.
El debate surgió cuando el Poder Ejecutivo se negó a promulgar la ley del libro, aprobada en junio por el Congreso legislativo, que exonera de impuestos a la industria editorial.
Los libros son productos muy costosos en Perú, circunstancia que explica, en parte, el escaso hábito de lectura de los ciudadanos, que leen en promedio un libro por año y por persona.
La nación sudamericana carece de mecanismos de promoción de la industria editorial peruana, una de las pocas de América Latina que no goza de una ley del libro.
La ley resistida por el gobierno contó sin embargo con respaldo de buena parte de la bancada oficialista, de toda la opositora y de funcionarios del Ministerio de Educación, como el viceministro Juan Abugattas, quien aseveró que la reducción de los costos es indispensable para promover la lectura.
No basta enseñar a leer, porque quienes no tienen el hábito de la lectura se vuelven analfabetos funcionales. Y, para promover la lectura, el libro debe ser accesible a todos y en nuestro país es muy caro y está gravado como si fuera un artículo de lujo, dijo Abugattas en mayo, cuando los parlamentarios debatían el proyecto.
El Ministerio de Educación es fanático a favor de la ley del libro, el bajo nivel de lectura en nuestro país es una catástrofe nacional, agregó.
La crítica situación de la industria del libro llevó a la quiebra a 44 editoriales en 1992. Fue entonces cuando la Cámara de la Industria del Libro se declaró en emergencia y comenzó a promover una ley que estableciera un tratamiento tributario especial para el sector.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) la cuestión ni siquiera se discutió. Muchos pensaron que la iniciativa tendría mejor suerte con la asunción del actual presidente Alejandro Toledo, en el poder desde julio del año pasado.
El júbilo ganó a editores, libreros, escritores y profesores universitarios en junio, cuando el parlamento aprobó la norma.
Pero la alegría duró poco, pues el entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, se opuso a la promulgación y logró convencer al presidente Toledo.
La crisis fiscal no permite conceder ninguna exoneración tributaria y otorgarla a la industria editorial sería dar mal ejemplo a los demás sectores empresariales, que pedirían el mismo trato excepcional , arguyó Kuczynski.
Los editores sostienen que están en desventaja no solo por la estrechez del mercado local sino porque afrontan la competencia de las editoriales de los demás países latinoamericanos, que gozan de diversos beneficios.
La ley objetada por el gobierno pondría al país en igualdad de condiciones respecto de la región, donde la producción y comercio de libros es objeto de una serie de preferencias arancelarias, tributarias y administrativas.
Unicamente Perú y El Salvador recargan sobre la industria y el comercio editorial todos los impuestos posibles, apuntó el periodista y escritor José Gabriel Chueca.
Argentina, Brasil y Uruguay no imponen aranceles a los libros, y Bolivia no los aplica a los libros procedentes del resto de los países andinos.
En México, el presidente Vicente Fox anunció estímulos fiscales para los editores, en compensación al cobro de un impuesto en vigor desde mayo.
Colombia exonera de impuestos a la exportación e importación de libros e insumos editoriales, medida que contribuyó al rápido crecimiento de su industria.
La exoneración es vital para una industria que no puede competir con la producción extranjera y que se encuentra agónica por la agresiva expansión de la piratería editorial, que, dada su condición ilegal y clandestina, no paga ningún tributo, señaló el escritor Abelardo Sánchez León.
El proyecto volvió a las comisiones de Cultura y de Economía del Congreso, donde presionan escritores e intelectuales.
Una comisión integrada por los escritores Brunilda Koffler, Abelardo Sánchez León y Germán Coronado, de la Asociación por una Ley del Libro para Perú, el librero Carlos Benavides y el editor Carlos Paredes se entrevistaron con el Toledo a principios de julio.
En el encuentro se propuso al mandatario la creación de un cuerpo tripartito, con representantes de los ministerios de Economía y de Educación y del sector editorial.
Toledo prometió encargar al ministro de Educación, Nicolás Lynch —uno de los gobernantes que simpatiza con la causa de los editores—, el estudio de medidas para incentivar la producción y demanda de libros, pero eludió el asunto de la exoneración tributaria.
La cuestión sigue pendiente, aunque sin prioridad ante graves asuntos políticos y económicos que atraen la atención de los legisladores. Y los libros duermen en los estantes. (FIN/IPS/al/dcl/cr/02
