El proyecto de reforma de su política agraria que la Unión Europea (UE) comenzará a discutir la semana próxima causó incertidumbre entre los países exportadores de productos agrícolas.
Funcionarios de países agrícolas encontraron dificultades para descifrar el mensaje de la UE respecto de las negociaciones del Acuerdo de Agricultura en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esas naciones también esperaban un empeño mayor de la UE para la eliminación del proteccionismo comercial.
El nuevo programa agrícola implica el abandono del pago de subsidios de acuerdo con los niveles de producción, para asumir una política de financiamiento concentrada en la calidad de los alimentos, el bienestar de los animales y el ambiente.
El cambio de filosofía de la ayuda de la UE a sus agricultores fue recibido con interés por negociadores de los países que se oponen a las subvenciones agrícolas.
Aunque el monto de las subvenciones no se altera, hay una reorientación y tenemos que reconocer que, de alguna manera, significa un cambio en la concepción de la política agraria común (PAC), opinó el jefe de negociadores de Uruguay, Carlos Pérez del Castillo.
Sin embargo, en una evaluación global del proyecto, el representante uruguayo ante la OMC en Ginebra dijo que le gustaría ver una reforma más ambiciosa, mucho más a fondo, que la que acaban de hacer.
La UE tampoco asume compromisos para la eliminación progresiva de las subvenciones a las exportaciones, la forma de mayor distorsión de apoyo a la agricultura, observó, por su parte, el ministro de Comercio de Australia, Mark Vaile.
El proyecto ignora las peticiones del Grupo de Cairns de reducciones substanciales del monto del apoyo a los agricultores europeos, insistió Vaile, que coordina las actividades de ese bloque de 18 países exportadores agrícolas que se oponen a las subvenciones estatales.
El documento aprobado esta semana por la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, pretende modificar un régimen de subvenciones que cada año drena las arcas comunitarias en unos 40.000 millones de dólares.
La erogación, que consume alrededor de la mitad del presupuesto del bloque de los 15, no sólo enoja a los contribuyentes europeos sino que también se gana la repulsa de los productores de los países en desarrollo.
Los países de la UE figuran a la cabeza de las naciones industriales que ejercen el proteccionismo agrícola.
A Uruguay, uno de los países de vocación exportadora agrícola, la PAC le genera grandes molestias y preocupaciones. Es un ejemplo de las distorsiones e injusticias que persisten en el comercio internacional agrícola, comentó Pérez del Castillo.
El proyecto europeo propone una reducción de la ayuda directa a los agricultores en forma progresiva durante siete años, a razón de tres por ciento anual, hasta llegar a 20 por ciento en total.
Pero esos pagos directos no desaparecerían de la agricultura, objetó Pérez del Castillo, pues se los pretende reorientar hacia lo que ellos llaman desarrollo rural.
El dato de 20 por ciento de reducción de ayuda directa despierta sospechas en negociadores de los países agrícolas, pues temen que la UE pretenda vincular ese porcentaje con la negociación de agricultura delineada por la conferencia ministerial de la OMC de noviembre en Doha, la capital de Qatar.
En la declaración final de Doha, los países de la UE, como todos los 144 miembros de la OMC, quedaron comprometidos a realizar reducciones substanciales en apoyos internos a los agricultores.
Pérez del Castillo se preguntó si los europeos van a llegar a la mesa de negociaciones con esa reducción de 20 por ciento como techo o como piso de las discusiones.
El representante de Uruguay dijo que los objetivos de su país y de los demás exportadores agrícolas son muy superiores a ese 20 por ciento en materia de reducción de apoyo internos.
En los acuerdos de la Ronda Uruguay (realizada entre 1986 y 1994 y que dio nacimiento a la OMC), que ahora se pretenden profundizar con la Ronda de Doha, la UE había asumido compromisos mayores respecto a reducciones de apoyo interno al aceptar un recorte de 20 por ciento, pero en apenas seis años.
Los países del Sur también observan con prevención la cuestión del desarrollo rural mencionada en el proyecto agrícola europeo y sus asuntos asociados a la calidad de alimentos, bienestar animal y ambiente.
En esas cuestiones, por ejemplo en el trato a los animales y en la forma de sacrificarlos, entra en juego el componente de etiquetado, que obliga a describir esos procedimientos en el rótulo adosado al producto con datos de su contenido y otras indicaciones legales.
Pérez del Castillo advirtió que, si esos criterios sobre desarrollo rural adquieren vigencia en la legislación agrícola nacional, los países europeos pueden exigir los mismos requisitos a las importaciones de otras naciones.
El desarrollo rural de los europeos puede redundar en disposiciones que conspiren contra el desarrollo rural nuestro, con exigencias superiores a lo razonable reflexionó el funcionario uruguayo. (FIN/IPS/pc/dm/if/02
