El presidente electo de Colombia Alvaro Uribe inició este lunes una visita a Francia y España, dos países en que busca respaldo explícito para su plan de combate frontal contra la guerrilla que, según asegura, implementará sin atropellar los derechos humanos.
Tras reunise con el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Francis Mer, con el presidente del Senado, Christian Poncelet, y con legisladores de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, Uribe se entrevistará este martes con el presidente Jacques Chirac, y con representantes de organizaciones no gubernamentales.
Uribe, que asumirá el gobierno el 7 de agosto, viajará el miércoles a España para reunirse con el presidente del gobierno José María Aznar, con el ex mandatario Felipe González y con otros dirigentes del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Uribe pedirá a la UE (Unión Europea) y en particular al gobierno de Francia que rechacen con más contundencia la ola de secuestros perpetrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras organizaciones ilegales, dijo la embajadora colombiana en Francia, Marta Ramírez.
El secuestro es un delito que debe merecer todo el rechazo de Europa, dijo Ramírez, futura ministra de Defensa del gabinete del presidente electo el 26 de mayo con 53 por ciento de los votos.
Uribe tiene el reto de convencer a los gobiernos de los países que visita y a las organizaciones de derechos humanos que en su mandato no habrá guerra total y que se respetarán los derechos humanos, dijo a IPS el profesor de Ciencias Políticas de la estatal Universidad Nacional, Luis Valencia.
Pese a que Uribe afirmó que su gobierno buscará negociar la paz con la guerrilla de izquierda y los paramilitares de derecha a través de una mediación internacional, los europeos albergan interrogantes que deberá contestar durante su visita, explicó Valencia.
La UE opina que la única salida para el conflicto armado colombiano es la negociación política, aunque los gobiernos de los 15 países del bloque tienen diferentes matices sobre la cuestión, advirtieron analistas.
El bloque europeo colocó el mes pasado a las FARC, la principal organización insurgente de Colombia, en la lista de grupos terroristas.
Según el historiador Eduardo Posada, aunque la UE apoyó el fracasado proceso de paz del actual presidente Andrés Pastrana con una postura que parecía aceptar simples disyuntivas entre diálogo y guerra, en España, donde la (organización ilegal) ETA recibe un trato policial, la perspectiva puede ser distinta.
En opinión de Posada, analista del diario colombiano El Tiempo, el gobierno de Gran Bretaña, que negocia con el rebelde Ejército Republicano Irlandés, comprende la idea de Uribe de que sin Estado fuerte no hay paz posible.
Otros observadores señalan que las organizaciones europeas de derechos humanos están preocupadas porque Uribe prometió en su campaña electoral crear una red de un millón de civiles informantes y otorgar a las Fuerzas Armadas facultades policiales.
Muchas organizaciones independientes cuestionan la idea de armar a civiles en la situación de deterioro de los derechos humanos que vive el país, donde cada día mueren 20 personas por el conflicto armado, de las cuales sólo cinco son combatientes.
La primera visita de Uribe a Francia coincide con el momento triunfal del nuevo gobierno derechista de Chirac, que triunfó en las elecciones legislativas del 16 de junio, muy receptivo a la propuesta del colombiano de reforzar la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento del Estado.
Françoise Rivasserau, portavoz de la cancillería de Francia, dijo el viernes que París está decidido a reforzar la cooperación con Colombia en la lucha contra el terrorismo.
Uribe podrá contar con el apoyo francés en las acciones que se propone emprender para garantizar la seguridad de los ciudadanos, fortalecer el Estado de derecho y asegurar el respeto de los derechos humanos, sostuvo la cancillería.
Un aspecto de esas acciones que puede despertar resistencia en algunos países de la UE es el de las negociaciones con los paramilitares de derecha, a los que se acusa de 70 por ciento de las casi 300 masacres cometidas por año en Colombia. (FIN/IPS/yf/dcl/ip
