COLOMBIA: Un país abonado para la droga

Los cultivos ilícitos de coca se ampliaron de 37.000 a 163.000 hectáreas en la última década en Colombia, abonados por la ausencia del Estado en vastas zonas, la corrupción y la falta de una cultura común, según expertos.

El gubernamental Programa Plante señaló que ”el área cultivada de coca creció a una tasa de 18 por ciento anual”, pasando de 5.000 hectáreas en 1980 a 145.000 en 2001.

Se estima que este año los plantíos ilegales superen las 163.000 hectáreas, pese a que las fumigaciones de la policía antinarcóticos se mantienen a un ritmo anual de 60.000 hectáreas.

Hay que preguntarse ”por qué la producción (de cocaína y heroína) está concentrada en Colombia y Afganistán” y por qué muchos países que podrían cultivar coca y adormidera no lo hacen, dijo a IPS Francisco Thoumi, participante del seminario ”Política de desarrollo alternativo en Colombia y sus perspectivas”.

El encuentro se llevó a cabo el 26 y 27 de junio, convocado por el Programa Plante.

Las primeras ”pistas” son ”la débil institucionalidad de un Estado en crisis”, y ”una historia de mestizaje diferente y más rápido que en el resto de América”, sostuvo Thoumi, profesor del Centro de América Latina y el Caribe de la estadounidense Universidad Internacional de Florida.

Cuando los colonizadores españoles llegaron a lo que hoy es Colombia los indígenas eran suficientemente fuertes como para ser explotados, pero demasiado débiles para sobrevivir como comunidades, explicó el investigador.

Para Thoumi, ”no es cierto” que la rentabilidad del narcotráfico sea un factor determinante del fenómeno de la droga en Colombia, pues la geografía económica de los estupefacientes difiere del área de los bienes legales.

”Generalmente se afirma que la droga se produce porque es rentable, cuando hay muchos otros productos menos rentables que también se producen”, comentó.

En Colombia ”no hay sentido de nación”, hay más lealtad a los partidos políticos ”que se han repartido el botín” que al país, y la rápida urbanización experimentadas desde los años 50 ”acabó con los pocos controles sobre el comportamiento individual”.

Colombia es un país de individualismo, lo que ”resulta muy conducente a la producción de drogas”, una actividad que todos sabemos ”básicamente dañina, pero eso a mí no me importa porque es un problema del otro”, ejemplificó el experto.

La debilidad del control social ha hecho de Colombia el único país del mundo ”donde el secuestro representa algo así como 0,5 por ciento del ingreso nacional”, afirmó.

”El punto de todo esto es que las drogas son síntomas de problemas sociales muy fuertes y que la solución está en alterar la estructura”, concluyó Thoumi.

En igual sentido se manifestó el investigador sobre el narcotráfico, Ricardo Vargas, consultor de la organización no gubernamental Acción Andina.

Vargas criticó el Plan Colombia, que el gobierno implementó contra el narcotráfico, pues responde al interés del gobierno de Estados Unidos y no a las necesidades de los campesinos que cultivan coca y adormidera.

”El país no tiene agenda propia sobre el narcotráfico”, porque obedece ”a políticas y estrategias de afuera”, sostuvo Vargas, quien cuestionó junto a Thoumi los graves efectos ambientales de la fumigación aérea.

El producto químico glifosato —que se utiliza como agente madurador de la planta de coca en proporciones de 3 litros por hectárea— es aplicado en la fumigación aérea de la policía antinarcóticos a razón de 13,5 litros por hectárea, afirmó Vargas.

Las estadísticas muestran el fracaso de los criterios predominantes en Washington sobre la eficacia del combate al narcotráfico, basados en ”el número de hectáreas erradicadas”, sostuvo.

El gobierno colombiano manejó la lucha contra las drogas con parámetros propagandísticos que no atienden la realidad. Se propuso ”cambiar en un año las condiciones de dependencia de regiones que hace 20 años son monoproductoras de coca”, subrayó.

Tampoco es realista el subsidio de seguridad alimentaria que se entrega a los campesinos que acuerden la erradicación de la coca en sus parcelas, equivalente a 1.100 dólares, cuando en 1998 el precio del kilo de pasta básica de cocaína ascendía a 1.300 dólares.

Los pactos de erradicación no se basan en un proyecto para las comunidades, sino ”bajo la presión del terror” que despiertan las fumigaciones, alegó.

Aproximandante 200.000 familias de 250 municipios, complementan sus ingresos o dependen de los cultivos ilícitos, según cifras oficiales.

Entre 1997 y 2001 el Programa Plante —que actúa en 96 municipios de 10 de los 32 departamentos colombianos— distribuyó 1,2 millones de dólares en proyectos agrícolas e infraestructura para desarrollo rural.

Setenta por ciento de la inversión se destinó a proyectos productivos y 16 por ciento a infraestructura, dejando sin resolver la cuestión esencial de la institucionalidad en las zonas de cultivo de coca, donde también actúan movimientos insurgentes.

Los expertos señalaron como uno de los ”grandes errores” de la política contra las drogas, el no reconocimiento del escenario de guerra, y la identificación de narcotráfico con cultivos ilícitos.

”Combatiendo los cultivos ilícitos no se combate el narcotráfico”, puntualizó Vargas.

El problema no son los cultivos ilícitos, sino el retorno de capitales a través del lavado de dinero, el contrabando, la compra de tierras y la conformación de ejércitos privados al servicio de los que impulsaron la guerra sucia en el país.

La guerra ”nos privatizó y ese es el efecto más nefasto, porque el Estado perdió control, el monopolio de la fuerza, adicional al que ya había perdido con la expansión de la guerrilla”, dijo Vargas a IPS.

Las conclusiones de los expertos coinciden con el análisis de Sebastián Jansasoy, del pueblo aborigen COFAN, radicado en el departamento del Putumayo.

”Creo que en la amazonia hay cultivos ilícitos por falta de otras oportunidades”, sostuvo Jansasoy a IPS.

”Se necesita que vengan propuestas de base, para sacar el flagelo de la región. Si la coca desaparece, la paz va a florecer”, añadió Jansasoy, quien lideró en su comunidad acuerdos de erradicación manual para sustituir cultivos ilegales por los de alimentarios y bosque de plantas medicinales. (FIN/IPS/mig/dc/ip dv/02

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