Más de 20.000 mujeres procedentes de todos los rincones de Colombia se congregaron el jueves en la capital para manifestarse contra la guerra y proclamar su decisión de abrir espacios para una solución política del conflicto.
La manifestación, realizada con antorchas y cánticos, fue precedida por un encuentro nacional indígena comenzado el martes, que expresó firme rechazo a la violencia y el desplazamiento interno, dos azotes que afectan con mayor rigor a las mujeres.
El encuentro fue apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer y otros organismos internacionales y agencias de cooperación, entre ellos Suiza-Colombia, Brigadas Internacionales de Paz y la sueca Asdi.
También lo respaldaron la Alcaldía Mayor de Bogotá y gobiernos locales del noroccidental departamento de Antioquia, los centrales de Cundinamarca y Risaralda, y el septentrional de Atlántico.
De octubre de 2000 a marzo de 2001, participantes en el conflicto ejecutaron en forma extrajudicial a 153 mujeres, otras 11 resultaron víctimas de asesinatos políticos, y 18 más fueron víctimas de desaparición forzada.
Esos datos fueron divulgados en un informe de la mesa de trabajo Mujer y conflicto armado en Colombia, que también registra un preocupante aumento de la desaparición forzada de mujeres, con un caso cada 10 días.
En el periodo estudiado, agentes del Estado fueron responsables directos de las muertes de seis mujeres, y de las de 85 más por omisión o tolerancia con grupos paramilitares de derecha, según los autores del informe, que atribuye responsabilidad de 13 muertes a guerrilleros izquierdistas.
Contra esa situación se movilizaron esta semana mujeres profesionales, obreras, campesinas, indígenas, de orígen étnico africano, desplazadas, trabajadoras en su hogar, legisladoras y desempleadas.
No parimos hijos para la guerra, Ni un peso, ni un hombre, ni una mujer para la guerra, Negociación política ya, Paz en la casa y en el país, Desmilitarización de la vida civil, del campo y la ciudad, fueron consignas de las manifestantes en un trayecto de 20 cuadras por la céntrica Avenida 7, del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar.
En esa plaza están las sedes del Congreso, del Poder Judicial, de la Alcaldía Mayor y del Arzobispado católico.
Convocaron a la movilización unas 300 organizaciones de base de mujeres, agrupadas en cinco de carácter nacional: Ruta Pacífica de las Mujeres (RPM), Organización Femenina Popular (OFP), Iniciativas de Mujeres de Colombia por la Paz, Mesa Nacional de Concertación, y Red Nacional de Mujeres.
El empobrecimiento al que estamos sometidas es uno de los efectos más agudos del conflicto colombiano sobre las mujeres, dijo a IPS Yolanda Becerra, coordinadora de OFP.
En el país hay 2,8 millones de personas desempleadas, que son 18 por ciento de la población económicamente activa según datos oficiales, pero la desagregación por género indica 17,2 por ciento de desempleo masculino, y 23,3 por ciento femenino.
Becerra llegó desde la central zona del Magdalena Medio, cuyo control se disputan grupos armados derechistas e izquierdistas.
El mensaje de las manifestantes al presidente electo Alvaro Uribe, quien asumirá el 7 de agosto, es que no estamos por salidas armadas ni modelos totalitarios, sino por un país democrático y una salida política, señaló la activista.
A los actores armados les decimos que no nos representan ni pueden hablar por los intereses de las mujeres. Estamos cansadas de la guerra y no queremos parir hijos para el combate, afirmó.
Uribe propuso formar una red de un millón de informantes que apoyen las fuerzas de seguridad, y las participantes en la movilización respondieron con la consigna Pertenecemos al millón de amigos de la vida, no de la guerra.
Las mujeres, sus organizaciones y agencias de cooperación internacional expresaron su compromiso de propiciar espacios democráticos de concertación, para avanzar hacia una salida política del conflicto armado, y protestaron contra las políticas guerreristas que ha planteado Uribe, dijo a IPS Pilar Córdoba, de RPM.
La movilización fue acordada en enero y su fecha se modificó en varias oportunidades, hasta que fue convocada para esta semana, considerada propicia para un balance del gobierno saliente de Andrés Pastrana y su fracasado proceso de paz, explicó Córdoba.
RPM surgió en 1995 como respuesta organizada a la violencia en la norteña zona del Urabá, y en la actualidad reúne a 150 organizaciones locales de mujeres, de ocho de los 32 departamentos colombianos.
La participación de las mujeres indígenas en la política es muy dura, entre otras razones porque el Estado no nos reconoce nuestra intencionalidad política y el país es muy machista, dijo a IPS Teofila Roa, de la etnia pijao, militante de Alianza Social Indígena y elegida diputada para la legislatura que comenzó el 20 de julio.
Alianza Social Indígena propone un modelo distinto al neoliberal y al capitalista salvaje, indicó Roa, quien llegó del central departamento del Tolima para participar en el Congreso Nacional de Mujeres Indígenas realizado antes de la marcha.
Es necesario tener en cuenta la diversidad cultural, los modelos económico-ambientales y la autonomía local sobre los planes de desarrollo, afirmó.
Desde 1995, algunas mujeres indígenas empezamos a abrir puertas para que otras de comunidades étnicas se apropien de sus espacios, agregó la legisladora.
Alejandrina Pastor Gil, de la etnia uiwa, asentada en la norteña Sierra Nevada de Santa Marta, dijo a IPS que la situación en su zona es difícil, pues hay muchos líderes y acaldes amenazados y desplazados.
El Estado no puede mantener presencia efectiva en la región, y todos se sienten atemorizados por guerrilleros y paramilitares, aseguró.
Nos matan los maridos y los hijos, y sólo nos queda llorar, señaló.
Lo cultural y espiritual se está abandonando, en sitios sagrados para los indígenas como El Cerrejón, rico en yacimientos de carbón a cielo abierto, sostuvo Pastor, quien huyó de su parcela indígena para refugiarse en el casco urbano del municipio de San Juan del César. (FIN/IPS/yf-hr/mp/ip/02
