Miguel Reale Junior atribuyó este martes su renuncia al Ministerio de Justicia de Brasil a la falta de respaldo político y gubernamental para seguir su lucha contra el crimen organizado.
La salida del ministro fue precipitada por la anulación, sólo cuatro días después de aprobarse, de la intervención federal del oriental estado de Espíritu Santo para combatir la corrupción, violaciones de los derechos humanos y la supuesta vinculación del gobierno local con el narcotráfico y escuadrones de la muerte.
Reale Junior, que dimitió el lunes, fue el octavo ministro de Justicia en los siete años y medio de gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Las turbulencias en esa cartera se debieron a problemas político-partidarios y a conflictos con otras autoridades sobre cuestiones de seguridad pública.
La intervención en Espíritu Santo había sido aprobada el jueves de la semana pasada por el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, vinculado al Ministerio de Justicia, en respuesta a un pedido del Colegio de Abogados de Brasil.
Pero el Procurador General, Geraldo Brindeiro, quien debería someter la decisión a la Suprema Corte de Justicia, rechazó el pedido tras consultar el lunes con Cardoso, en un cambio de actitud de ambos al respecto.
No es viable intervenir un estado a menos de seis meses del fin del mandato del gobernador y, además, una medida de ese tipo podría afectar el proceso electoral de octubre, justificó Brindeiro.
Reale Junior declaró que no podría permanecer en el cargo por sentirse absolutamente desacreditado, ya que la decisión de detener el proceso de intervención federal en Espíritu Santo fue divulgada antes de que fuera consultado e informado por Cardoso y Brindeiro.
El Ministerio de Justicia es responsable de la represión, con ayuda de la Policía Federal, de los crímenes que sobrepasan las fronteras de los estados, como el narcotráfico, el contrabando y los delitos tributarios.
La intervención en Espíritu Santo incluía la suspensión en sus funciones del gobierno de José Ignacio Ferreira y del presidente de la Asamblea Legislativa estadual, José Carlos Gratz, sospechoso de ser el jefe del narcotráfico local y acusado en 14 procesos judiciales relacionados con el crimen organizado.
El gobierno estadual debía ser asumido luego por un interventor nombrado por Cardoso y la Policía Federal sería llamada a encabezar la actividad represiva.
En Brasil, los gobiernos estaduales se encargan de la seguridad pública, a través de sus policías militar y civil. Pero en Espíritu Santo hay fuertes indicios de que los organismos estatales, incluso ambos cuerpos policiales, están bajo influencia del crimen organizado, según el Colegio de Abogados.
En el pedido de intervención presentado el 21 de mayo ante el Ministerio de Justicia se señalaron esos indicios y las pruebas de violaciones de los derechos humanos, en especial por la acción de la llamada Escudería Le Coq, un escuadrón de la muerte local.
Vitoria, la capital de Espíritu Santo ubicada a 500 kilómetros al norte de Río de Janeiro, era la ciudad más violenta de Brasil por lo menos hasta 1996, según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En ese año se registraban en Vitoria 169,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, incluyendo homicidios, accidentes de tránsito y suicidios. Entre jóvenes de 15 a 24 años, esa mortalidad alcanzó 220,7 por 100.000 pobladores, agregó el documento de la Unesco.
El narcotráfico y los homicidios perpetrados por escuadrones de la muerte estimulados o constituidos por policías están entre las principales causas de la violencia. Una comisión parlamentaria de investigación estadual encontró muchas relaciones entre el poder público y el crimen organizado.
Los intentos de contener la criminalidad en Espíritu Santo fracasaron siempre, debido a que la estructura criminal y corrupta se extendió a varios sectores de la esfera pública local, sostuvo la organización no gubernamental Centro de Justicia Global.
La intervención federal es indispensable porque las autoridades locales no están en condiciones de enfrentar la situación, incluso porque muchas son cómplices, señaló esa organización en una nota en que lamenta la renuncia de Reale Junior.
Las cuestiones políticas, alegadas por el Procurador General de la República para rechazar la intervención, no pueden sobreponerse a la preservación de la vida, destacó el Centro de Justicia Global, tras precisar que muchas personas están amenazadas de muerte en el estado.
Las muertes y las violaciones de los derechos humanos que ocurran de aquí en más serán responsabilidad directa del gobierno de Cardoso, concluyó la nota del Centro. (FIN/IPS/mo/dm/ip hd/02
